Clara Jusidman
En el hallazgo en Teuchitlán del rancho de adiestramiento y exterminio, por las madres buscadoras de Jalisco se muestra con claridad el grado de deshumanización y de ruptura de los límites a la violencia y a los abusos de los Estados que habíamos venido construyendo desde 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Es un espacio donde miles de personas, especialmente jóvenes, fueron engañadas y obligadas a integrarse al servicio del Cartel Jalisco Nueva Generación y donde además, se asesinaba e incinerada para desaparecer todo rastro de aquellos que no servían o se negaban a ser usado como arma humana.
Caso emblemático de una cadena de mentiras e irresponsabilidades de los gobiernos frente a la violencia criminal que ha generado cientos de miles de víctimas desparecidas o asesinadas en todo el territorio nacional y cuyas familias han decidido emprender la búsqueda de esposos, hijas, hijos, hermanos, o padres formando grupos organizados para el efecto, ante la indolencia y complicidad de las autoridades.
Es ejemplo del nivel de pérdida del sentido de los sagrado de la vida y de la dignidad humana que padecen no sólo los criminales directos, sino también autoridades locales y federales, fuerzas armadas, policías, medios de comunicación y ciudadanía. Centros de adiestramiento de las bandas criminales se han encontrado en varios estados, así como formas abusivas de reclutamiento de las y los jóvenes que buscan con desesperación un empleo y un sentido de vida.
Creo que debemos entender que la crueldad y la desensibilización que existe, proviene de prácticas de entrenamiento de las fuerzas armadas para que los soldados no sientan al matar, destazar o incinerar a una persona. Viene desde las Boinas Verdes de E.U. entrenando kaibiles en Guatemala y soldados en Colombia, así como en varias partes de América Latina para enfrentar a las guerrillas. Soldados de élite, que se han convertido en capos de las mafias o en parte de sus guardias personales y de sus ejércitos de sicarios.
Esto sumado a la facilidad que tienen para la obtención de armamento de alta tecnología por la cantidad de dinero que ganan, la necedad de la población y del gobierno de Estados Unidos al negarse a restringir la venta libre de armas, así como a miembros corruptos del ejército mexicano que se las venden y de los fabricantes de armamento en todo el mundo.
Otro aspecto que destaca de la denuncia de las madres buscadoras de Jalisco sobre la existencia de ese campo es la falta de empatía, de solidaridad y comprensión de la tragedia que viven cientos de miles de personas que no encuentran a sus desparecidos y que no pueden cerrar sus lutos.
Desde la presidente que nos habla del humanismo mexicano y de la protección de los derechos humanos que se práctica en su gobierno pero que jamás se ha reunido con las víctimas, ni piensa hacerlo, o que opta por quejarse del uso político del hallazgo o por echarle la culpa a los gobiernos locales; los medios de comunicación y redes sociales que ayudan a dispersar la noticia de que no hay tal hallazgo de crematorios y de campo de exterminio y contribuyen a desprestigiar a los grupos de búsqueda frente a la población, hasta una Fiscalía Federal que no es independiente, ha encubierto fallas graves de funcionarios y servidores públicos y ha fallado reiteradamente en realizar su trabajo de procuración de justicia, causa central de la gran impunidad que prevalece en el país.
Pasados unos días y obligados por la mafia que controla la comunicación en este país, estaremos volteando hacia otro lado, como es, según ellos, la gran respuesta que la presidente le estado dando al gran bravucón de Trump.