Beto Bolaños
Ayer, al lado de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, una gran lona azul oscuro resguardaba a unas sesenta personas que intentan sobrevivir a la intemperie. Muchos son adultos mayores, mujeres y niños. Son algunos de los campesinos mixtecos de Buenavista, agencia municipal de Santiago Yosondúa, Oaxaca, que hace poco más de un mes fueron desplazados violentamente de sus hogares.
Un conflicto agrario que nadie quiere resolver
La disputa no es nueva. Desde hace décadas, Yosondúa mantiene diferencias de límites de tierra con Santa María Yolotepec. Los tribunales agrarios han emitido resoluciones que reconocen la propiedad comunal de Yosondúa sobre las tierras en conflicto, pero la ejecución de estas sentencias ha sido lenta, confusa y, sobre todo, incumplida.
El 18 de agosto de 2025, habitantes de Yolotepec invadieron la comunidad de Buenavista. Las familias huyeron en medio de amenazas y disparos. Perdieron casas, cosechas, animales y herramientas de trabajo. Desde entonces viven desplazadas, primero en refugios improvisados en la Mixteca y, ahora, algunas en el Zócalo capitalino.
Un mes de promesas y omisiones
El gobierno de Oaxaca instaló mesas de diálogo, ofreció medidas de seguridad y apoyos de emergencia. Pero nadie ha garantizado la restitución de las tierras ni el retorno seguro de las familias. Las autoridades federales observan, mientras las estatales argumentan que esperan “resoluciones” o “condiciones de seguridad”.
Mientras tanto, las y los desplazados —cansados de esperar— han venido a la capital del país a buscar la atención que en su propio estado les han negado.
La dignidad bajo la lona
Bajo esa lona azul oscuro hay miradas que mezclan resistencia y desamparo. Personas mayores que trabajaron la tierra toda su vida, madres que temen por la salud de sus hijos, campesinos que no saben si sus animales siguen vivos o si sus casas siguen en pie. No piden limosna, piden justicia: volver a su tierra, a su modo de vida, a la seguridad que el Estado mexicano les prometió.
Un llamado urgente
El desplazamiento forzado interno es una herida abierta en México. Cada día que estas familias pasan lejos de su hogar es una violación a sus derechos más básicos: a la propiedad, a la vivienda, a la alimentación, a la seguridad.
La indiferencia —o complicidad— gubernamental convierte el conflicto agrario en una sentencia de destierro. No basta con enviar víveres ni instalar mesas de diálogo. Se requiere voluntad política real para ejecutar las resoluciones agrarias, restituir las tierras y garantizar el retorno con seguridad.
La lona azul del Zócalo no debe convertirse en el símbolo de la resignación. Que sea, en cambio, la imagen que despierte a una sociedad que no puede normalizar el desplazamiento forzado.
Porque cada día de espera es un día más de injusticia.