Claudia Valdés
En México, los artículos 6° y 7° de la Constitución imponen al Estado la obligación de garantizar el derecho a la información pública y la libertad de expresión. El artículo 134 impone que la publicidad oficial sea imparcial, objetiva y no usada con fines políticos, especialmente para favorecer o sancionar medios.
Un marco legal con grietas
A pesar del fuerte sustento constitucional, la Ley General de Comunicación Social (2018) no ha logrado frenar la discrecionalidad gubernamental. La publicidad oficial sigue concentrándose en grandes medios, mientras los alternativos —comunitarios, independientes o indígenas— siguen marginados por falta de financiamiento público, sin acceso real a pauta oficial y obligados a sobrevivir con donaciones o recursos propios.
Desmantelamiento de órganos autónomos
El panorama se agrava aún más con la paulatina desaparición o debilitamiento de órganos autónomos clave durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y, en continuidad, Claudia Sheinbaum.
- En marzo de 2025, el Congreso aprobó la eliminación del INAI, cuyas funciones pasaron a la recién creada Transparencia para el Pueblo, adscrita a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, eliminando así su autonomía.
- Además, se desmantelaron —o comenzaron a hacerlo— órganos como el IFT, la COFECE, la COFETEL y el CONEVAL, centralizando el poder regulatorio en dependencias del Ejecutivo.
La estrategia ha sido clara: concentrar las decisiones en el Poder Ejecutivo y debilitar a los órganos que limitan su poder o exigen rendición de cuentas. En el caso del INAI, el órgano encargado de garantizar el acceso a la información pública, la falta de nombramientos para completar el pleno lo ha dejado prácticamente inoperante en varios periodos recientes.
Este desmantelamiento amenaza de forma directa el derecho a la información y la vigilancia ciudadana sobre el uso de los recursos públicos.
Impacto real
- El cierre del INAI dejó sin institucionalidad al mecanismo más efectivo de acceso a la información pública —fue clave en casos como la Estafa Maestra y la investigación de las fosas de San Fernando.
- Más de 730 trabajadores quedaron en incertidumbre laboral; algunos fueron liquidados, otros reasignados a la nueva Secretaría.
- El nuevo modelo entrega al Ejecutivo facultades para negar información sobre “proyectos prioritarios” o “seguridad nacional”, lo que podría ampliarse sin contrapesos efectivos.
¿Y los medios alternativos?
Fuera de los grandes medios, los alternativos carecen de acceso a publicidad oficial y fondos públicos. Sin un órgano verdaderamente autónomo ni regulaciones claras, su capacidad de llegar a audiencias y competir en equidad está prácticamente anulada.
¿Qué se necesita?
Para rescatar el derecho a la información y fortalecer la pluralidad mediática se requiere:
- Reforma de la Ley de Comunicación Social con criterios técnicos, órganos independientes y sanciones reales.
- Fondos públicos transparentes y concursables para medios comunitarios e independientes.
- Regulación específica para publicidad digital, actualmente fuera de todo control.
- Reconstitución de órganos autónomos, especialmente cualquiera que garantice acceso a la información y revisión fiscal/autónoma.
Conclusión
El reconocimiento constitucional del derecho a la información está en riesgo. Lejos de materializarse, la concentración mediática y el debilitamiento de instituciones de transparencia consolidan un esquema cada vez más centralizado y menos plural. La desaparición del INAI simboliza este giro: deja una gran interrogante sobre el futuro de la transparencia y la voz ciudadana.