En momentos coyunturales, resulta necesario reflexionar sobre la comunicación social y su papel en una sociedad democrática, especialmente a medida que la discusión pública se intensifica en torno a la propuesta de reforma a la “Ley de Telecomunicaciones”, iniciada por la Presidenta y debatida en el Senado.
Hoy no podemos deslindarnos de los medios de comunicación como intermediarios esenciales por los cuales se transmiten una variedad de contenidos, ocupando un lugar significativo en el discurso político y las dinámicas de poder. Nuestra esfera pública a menudo carece de transparencia e imparcialidad, debido a la pasionalidad con que se maneja moldeada por intereses específicos, resultando innegable que vivimos en un espacio comunicativo colonizado. Así la historia.
Desde los primeros sistemas sociales, la comunicación ha sido fundamental. Desde coordinar actividades y distribuir roles hasta transmitir conocimientos vitales encaminados a la supervivencia del grupo, su función siempre ha sido esencial. Como expone el lingüista Raúl Echeverría: “El lenguaje surge de la interacción social, de la convivencia de unos con otros. Por lo tanto, nos constituimos como individuos desde el sistema de relaciones que mantenemos con los demás” (Echeverría, 2003). Sin embargo, el lenguaje no se trata solo de compartir historias o persuadir a través de discursos; también se trata de fortalecer lazos y construir puentes entre las personas.
El lenguaje también busca transmitir estados, sensaciones e intercambiar información, ideas y pensamientos a través de procesos que surgen de la práctica social. Esta práctica común de “lenguajear” y transmitir información da origen a la comunicación como una actividad especializada del lenguaje.
La comunicación implica gestionar e intercambiar información para mantener y fortalecer las relaciones sociales dentro de un sistema social. Émile Durkheim, en “La división del trabajo social”, argumenta que, es a través de la comunicación, que los individuos crean y sostienen una “conciencia social” —un sentimiento de unidad y pertenencia. Esta conciencia emerge de la transmisión de valores, creencias y normas compartidas, que dan vida a la sociedad.
Con la división y especialización del trabajo, y el surgimiento del Estado democrático de derecho, la comunicación social surge como una obligación estatal. Su propósito es transmitir e intercambiar información relevante para legitimar la relación entre gobernantes y gobernados, incluso sirviendo como una forma de rendición de cuentas. Es esencial para construir la opinión pública y la ciudadanía.
El Artículo 134 de la Constitución mexicana, ordena que todas las instituciones gubernamentales federales, municipales y estatales tengan un Programa de Comunicación Social. Su párrafo octavo establece las bases de la comunicación social, delineando las directrices que las entidades públicas deben seguir, incluyendo los contratos de espacios publicitarios y la rendición de cuentas. De manera similar, la Ley General de Comunicación Social reglamentaria del Artículo 134 constitucional, exige que la información pública sea objetiva, veraz, oportuna e imparcial, y que se proporcione con fines educativos, informativos, preventivos y de orientación social.
Por lo tanto, es importante que todas las instituciones públicas tengan un programa de comunicación social genuino y accesible que actúe como un puente para la unidad, el desarrollo social y la construcción de ciudadanía. La comunicación social realizada por las instituciones gubernamentales impacta directamente a la sociedad y la legitimidad de los gobernantes, influyendo en la participación ciudadana, en la toma de decisiones y en la credibilidad de la sociedad en sus gobernantes.
La comunicación social es crucial para organizar la sociedad, manteniéndola informada, organizada, conectada y en comunicación constante con sus gobernantes, es a través de ella que los ciudadanos pueden acceder a programas y proyectos gubernamentales, así como a conocer y valorar las actividades y el desempeño de los servidores públicos.
En consecuencia, la comunicación social es relevante para entender el trabajo legislativo; es fundamental para fortalecer la democracia, para la promoción y socialización de las leyes y para la construcción de confianza en nuestros legisladores. Un parlamento abierto que promueve la comunicación social logra mayor transparencia en el trabajo legislativo y bienestar social, proporciona informes sobre actividades, muestra cómo se utilizan los recursos públicos y crea espacios de diálogo entre legisladores y ciudadanos.
La comunicación social y el trabajo legislativo están intrínsecamente vinculados, formando un ciclo dinámico esencial para el funcionamiento del sistema político democrático de nuestro país, resultando vital para la existencia y continuación del Estado de derecho.
Dentro del régimen actual, tanto a nivel local como federal, la práctica de la comunicación social ha sido colonizada, impidiendo el acceso de los ciudadanos a los programas de comunicación y, en consecuencia, a la información. Esto impacta negativamente en la construcción de ciudadanía y la unidad nacional, ya que limita el acceso a diversas fuentes de información, lo que resulta en opiniones sesgadas debido a una comunicación parcial y opaca.
La información oficial del gobierno a menudo se proporciona a cuentagotas, o de plano se niega por considerarla clasificada, es limitada debido a la falta de canales de contacto oficiales en donde poder gestionarla. Esto restringe el acceso a entrevistas y a la rendición de cuentas, y, lo que es más importante, dificulta determinar si el mandato popular o los compromisos presidenciales se están cumpliendo.
La colonización de la información gubernamental es un intento de censura. Solo se comunican opiniones que sirven a los intereses de grupos de poder en el gobierno. Estos grupos también exhiben una doble moral: mientras expresan indignación por la falta de claridad en las investigaciones sobre políticos mexicanos involucrados en corrupción y narcotráfico en el extranjero, a nivel interno se indignan y excusan cuando se les cuestiona y se les solicita información sobre desapariciones forzadas, “huachicoleo” (robo de combustible) y desvío de recursos, buscando censurar a través de un discurso de doble semántica basado en un populismo penal.
La información como arma política funciona como un distractor de los temas de fondo y para evitar asumir la responsabilidad por los problemas sociales que nos aquejan actualmente creando una realidad utópica. La comunicación social de este gobierno se utiliza en una sola de sus vertientes: no para intercambiar ni para informar, sino únicamente con fines de control social. Quedando a deber a una sociedad que buscaba un cambio de verdad.