Rodrigo Méndez
En Oaxaca, el conflicto agrario entre Santiago Yosondúa y Santa María Yolotepec se ha convertido en un ejemplo doloroso de cómo la falta de soluciones estructurales condena a comunidades enteras a la incertidumbre, el desarraigo y la violencia. La invasión ocurrida el pasado 18 de agosto en la agencia de Buenavista, Yosondúa, no solo fue un acto de violencia, sino un recordatorio de la fragilidad de la vida comunitaria cuando el Estado no logra garantizar el respeto a la propiedad y la seguridad de sus habitantes.
El ataque, protagonizado por un grupo armado procedente de Yolotepec, dejó como saldo viviendas incendiadas, mujeres y autoridades auxiliares retenidas, vehículos destruidos y más de doscientas personas desplazadas. Familias enteras huyeron en condiciones de emergencia, dejando atrás su tierra, sus casas y su historia. Hoy sobreviven gracias a la solidaridad de comunidades vecinas y a la ayuda humanitaria inicial entregada por las instituciones estatales.
Sin embargo, lo ocurrido no es un hecho aislado. Se trata de un conflicto que tiene más de 70 años de litigios sobre unas 1,600 hectáreas, y que hoy se encuentra en tribunales agrarios y bajo un amparo federal. Esta disputa legal ha servido como argumento para mantener a las familias desplazadas en un limbo: sin garantías de retorno y sin una restitución efectiva de su territorio.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) ya reconoció que se trata de un caso grave de violación a los derechos humanos. Emitió medidas cautelares que incluyen censar a las familias desplazadas, otorgar albergue, garantizar acceso a salud y educación, y mantener presencia de seguridad en la zona. El gobierno del estado, por su parte, ha desplegado patrullajes y operaciones aéreas, además de iniciar mesas de diálogo con ambas comunidades. Estas acciones, aunque importantes, son insuficientes si no desembocan en lo fundamental: la restitución y el retorno.
La justicia no puede reducirse a víveres y patrullajes. La justicia es que las familias de Yosondúa recuperen lo que les pertenece y regresen a su territorio con la certeza de que no volverán a ser desplazadas. El Estado tiene la obligación no solo de protegerlas en el presente, sino de garantizarles un futuro con dignidad. Cada día que estas familias permanecen fuera de su hogar es una afrenta a sus derechos más básicos y un recordatorio de que la impunidad agraria sigue siendo uno de los grandes pendientes en Oaxaca.
No se trata de un tema político ni de cálculos coyunturales. Se trata de mujeres, hombres, niñas, niños y personas mayores que hoy viven en refugios improvisados, cargando con el miedo y la angustia de haber perdido su hogar. El retorno seguro y la restitución de la tierra no pueden esperar a que “se enfríe” el conflicto o a que los tribunales resuelvan en tiempos indeterminados. La reparación integral requiere decisión política, voluntad jurídica y firmeza institucional.
Oaxaca no puede seguir normalizando el desplazamiento forzado como si fuera parte de su paisaje rural. La paz no se construye con acuerdos frágiles ni con promesas aplazadas. Se construye devolviendo la tierra a sus legítimos propietarios y garantizando que ninguna comunidad vuelva a vivir la tragedia de la expulsión violenta.
Hoy, la exigencia es clara: restitución de tierras y retorno seguro a las viviendas para las familias de Yosondúa. Todo lo demás es apenas contención. La justicia verdadera es la que devuelve el hogar y la esperanza.