Elio Villaseñor
“La información recopilada mediante la vigilancia digital se ha utilizado para dirigir ataques contra disidentes […] Las prácticas de vigilancia pueden tener un impacto muy real en los derechos humanos de las personas, incluyendo el derecho a la privacidad, a la libertad de expresión, de reunión, a la vida familiar y a la salud.”
— Flavia Pansieri, ex Subcomisionada de Derechos Humanos de la ONU
El Congreso ha aprobado tres leyes en nombre de reforzar la seguridad nacional: la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley del Sistema de Seguridad Pública y la Ley General de Población (con CURP biométrica). Lejos de protegernos, estas reformas habilitan una vigilancia estatal masiva y sin garantías.
Riesgos que enfrentamos
Telecomunicaciones: otorga acceso a llamadas, mensajes y geolocalización sin orden judicial en casos de “seguridad”, un esquema que Artículo 19 califica como “vigilancia masiva intrusiva, desproporcionada e incompatible con los derechos ciudadano.” (diario mx+12 )
- CURP biométrica: establece un registro obligatorio de huellas y rostro, conectados a bases bancarias, telefónicas y vehiculares, lo que “abre la puerta a la vigilancia indiscriminada”.
- Seguridad pública: faculta el acceso directo a bases de datos privadas sin supervisión judicial adecuada, según advierten colectivos y medios. El País.com
El gobierno defiende que cualquier intervención requerirá orden judicial. Pepe Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, lo afirma categórico, aunque las imprecisiones en las causales de “urgencia” o “seguridad nacional” mantienen la preocupación. (El País.com)
Poder concentrado, ciudadanía en riesgo
Estas leyes concentran en el Estado:
- Control de comunicaciones personales
- Intervención sin contrapesos reales
- Bases biométricas centralizadas y vulnerables
Con ello se violan derechos fundamentales: presunción de inocencia, privacidad, libertad de expresión y derecho a la protesta.
Como dijo Bruce Schneider (experto en seguridad informática y criptografía)
“La privacidad nos protege de los abusos por parte de quienes ostentan el poder, incluso si no estamos haciendo nada mal mientras somos vigilados.”
¿Quién vigila al vigilante?
No podemos delegar poderes ilimitados al Estado sin controles efectivos. La tecnología no puede convertirse en una herramienta de represión.
El rol ciudadano como baluarte
Es urgente que la sociedad se organice para ejercer vigilancia cívica: formar redes locales de monitoreo, denunciar abusos y exigir transparencia y rendición de cuentas. Solo así garantizaremos que estas leyes nos protejan —y no nos controlen—.
Porque un Estado sin límites es un Estado opresor.
Y la democracia sólo se sostiene con una ciudadanía activa, consciente y vigilante.