No hay escape de la Reforma Electoral en 2022 apuntan los especialistas político-electorales. Coinciden en que la reforma tiene que estar lista y aprobada para el proceso electoral federal de 2024. Hay quiénes dicen que el blanco de los cambios no va más allá de que estén en la mira dos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), uno el consejero presidente y el otro, el consejero presidente de la Comisión de Fiscalización, los dos en el centro de la polémica.
Las marcas de la austeridad y de los excesos hacen la ruta y el dilema está en su autenticidad pues los partidos y sus protagonistas son austeros sólo en el discurso y no a la hora de revisar las cuentas, ya que poco se menciona que a parte del financiamiento de los partidos políticos, los representantes de partidos políticos registrados en el INE reciben jugosos subsidios financieros.
El hecho es que el INE tendrá su prueba de fuego con la organización de la revocación de mandato en un escenario acompasado por un fuerte recorte de su presupuesto que va en contra de la organización del proceso, enfocan de nuevo el tema presupuestal en materia de elecciones federales.
Sea quienes estén o no en la mira de los cambios que se conjugan con la anunciada reforma de ley, el asunto es que la participación del Dr. Lorenzo Córdova Vianello, presidente del INE en la máxima tribuna del país a invitación de los diputados de la LXV Legislatura a presentar el presupuesto de la institución para 2022, dio señales de cuál será la ruta de la reforma electoral que ha sido centro de la discusión sobre el Instituto y que hoy tiene su gran vertiente administrativa que involucra a los salarios que reciben los consejeros electorales, los directores ejecutivos y funcionarios sin faltar el número, el perfil y los ingresos de los asesores, e igualmente los gastos de representación como viajes al extranjero y viáticos de consejeros y directores.
Si bien la crítica se enfoca al tema de lo costoso que es la organización de las elecciones y el financiamiento hacia los partidos políticos, no se discute lo que cuesta el incremento gradual de las atribuciones y de las facultades del INE que desembocan en una organización de elecciones y tareas electores más complejas que en ocasiones se califican como excesos de regulación que por cierto va vinculada a la credibilidad y legitimidad del poder político.
Si bien, la crítica resalta las altas percepciones de los consejeros electorales frente a una necesaria y auténtica austeridad republicana, corre la necesidad en paralelo de esa revisión que involucra a otros Poderes y órganos autónomos sin pasar por alto a los representantes legislativos y de los partidos que integran al CGINE.
Cabe decir que los ingresos que reciben los consejeros electorales son equivalentes a los ingresos que perciben los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), pero además se puede observar el que los consejeros tienen prohibido recibir otro ingreso como puede ser el ejercicio de la impartición de conferencias, practicas de docencia, trabajos de investigación y asesorías, a diferencia de los ingresos que tienen los representantes legislativos y de partido del INE que reciben un ingresos como cargo de legislador o funcionario de partido más la bolsa que les otorga el Instituto en el Consejo General y en la Comisión de Vigilancia del Registro Federal de Electores (RFE).
Hay que añadir sobre el tema de que no entran a la discusión crítica lo que implican los perfiles laborales que requiere el Instituto y que son altamente técnicos y especializados, de que corresponden a las diversas tareas electorales, lo que habrá que agregar para tomar en cuenta en el análisis la formación a lo largo de nuestra democracia electoral que ha sido la construcción permanente de un servicio profesional electoral de carrera que también conforma al INE y que exige de tareas especificas.
A la vista un ejercito de técnicos y especialistas en jurisprudencia electoral, garantismo e igualdad de género, derechos humanos y políticos, técnicas de fiscalización de recursos financieros, de vigilancia financiera, de capacitación, de monitoreo en propaganda radiofónica, redes digitales, encuestas y sondeos de opinión, publicidad en el espacio urbano, medios impresos, radio y televisión, especialistas en tecnologías de la información, tecnologías de datos, etc.
Si bien dominan en la escena electoral y política el nivel de las percepciones que reciben los consejeros y sus asesores del INE, se salen del radar los ingresos que reciben los representantes de los partidos políticos con presencia nacional y además los representantes legislativos de los distintos grupos parlamentarios que conforman el Congreso de la Unión y que participan con voz en el CGINE y se conoce coloquialmente como la Herradura de la Democracia.
Estos temas hacen suponer que la discusión requiere de que irá más allá de los salarios de los consejeros, apuntando también a los representantes de los partidos y legislativos que reciben una interesante cantidad de recursos económicos como subsidiaridad ya que participan vigilando los trabajos electorales en 10 comisiones permanentes con las que cuenta el INE y otras seis temporales y comités que siguen paso a paso las tareas electorales.
Y como muestra de lo anterior el documento de los lineamientos de los apoyos subsidiarios a las representaciones de los partidos políticos nacionales acreditados ante los órganos de vigilancia del INE. Los subsidios van desde la naturaleza financiera a los orientados a la supervisión y vigilancia, capacitación y asesoría desde el nivel nacional hasta el distrital.
Se contemplan apoyos materiales para cubrir toda operación administrativa y estos gastos incluyen inversión de oficinas, pago de personal, viáticos, mobiliario, computación y periféricos, telefonía celular, equipo, papelería y servicios generales que, en el caso de la Comisión de Vigilancia del RFE representó en 2021 un presupuesto total por 53 millones 939 mil 549 pesos, como subsidiariedad del INE.
¿En qué gasta el INE, quienes cobran y cuánto se invierte en una institución en la que se sustenta nuestra estabilidad política?