El discurso populista ha confundido las razones y los motivos para que, en el servicio público, haya funcionarios que ganen más dinero que el presidente de la república.
Las razones deben ser, a la luz de la más elemental lógica, evidentes.
El cargo de presidente de la república es representativo y de elección popular. Esto significa que, para ser presidente, se requiere básicamente que el candidato a ese puesto obtenga más votos en elecciones libres y populares. No se requiere por ley, ninguna capacidad técnica, académica, educativa ni profesional. Solo se requiere una edad mínima de 35 años y obtener votos, por cualquier razón, ya sea simpatía personal, coincidencia ideológica o, más recientemente, resentimiento y confrontación social.
A diferencia de los cargos que requieren representatividad, como los de elección popular, existen puestos que requieren, efectivamente, educación y experiencia técnica y preparación profesional, ya que esos puestos no pueden desempeñarse favorablemente por mera simpatía o elección popular. Todos los puestos del poder judicial, requieren instrucción jurídica y título profesional avalado por la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo. Los doctores que trabajan en el sector público, no podrían desempeñar su tarea sin su conocimiento profesional, y lo mismo para los actuarios, economistas, auditores, etcétera, que colaboran en asuntos presupuestarios, de planeación, de responsabilidad tributaria, entre otros.
En virtud de lo anterior, hemos podido distinguir entre puestos de elección popular que requieren votos para su elegibilidad y puestos técnicos que requieren capacidad académica, educación profesional y experiencia. Ahora bien, ¿cómo determinar los sueldos y las compensaciones de los funcionarios públicos?
El presidente no es el director general de una empresa. En las empresas del sector privado, los sueldos se determinan con base en las condiciones de mercado. Los ejecutivos del sector privado hacen carrera en sus industrias y crece su sueldo conforme crecen su experiencia y sus logros.
Estando México inserto en una economía global, es necesario que los sueldos de altos mandos con responsabilidades técnicas guarden similitud con sueldos de puestos equiparables en el sector privado. Así, las compensaciones que reciben funcionarios que realizan tareas técnicas y profesionales de alta responsabilidad, cuyos actos deben basarse en atribuciones legales de naturaleza técnica, deben estar homologadas a las del mercado laboral privado y no a esquemas limitativos del sector público.
Los mexicanos hemos sido testigos por años del desprestigio de los poderes de la unión que son desempeñados por representantes populares. No solo por ocurrencias e ignorancia, sino por el comportamiento de peleadores de barrio que francamente hemos visto en los debates legislativos. Por esa razón, por ejemplo, para el poder judicial no se eligen sus funcionarios, ya que se requiere el conocimiento constitucional y la pericia técnica para hacer valer el estado de derecho y no el estado de la venganza privada o de fuerza contra fuerza.
Así, es imperativo entender que los puestos de representación popular cuentan, inclusive, con presupuesto para asesores técnicos, porque se sobreentiende que la representatividad no está necesariamente alineada con la capacidad técnica. Se puede llegar a ser presidente sin estudios, sin haber trabajado y sin tener experiencia real en el sector productivo. Empero, no se puede llegar a ser comisionado de COFECE, juez, ministro de la suprema corte, médico del IMSS o director de una empresa sin educación, carrera, capacidad profesional y experiencia.
México no es un cacicazgo. Es un país moderno que lucha por mejorar su situación económica constantemente. Los padres quieren que sus hijos se eduquen y no que sean leales a ideas fanáticas. Tenemos un estado de derecho y un orden constitucional, y por las razones que he expuesto, se necesita mantener un equilibrio y una capacidad real y no simulada para desempeñar trabajos en el sector público que requieren educación y preparación, y que no pueden desempeñarse por capricho. Esos trabajos deben estar bien compensados e inclusive pueden ser compensados más allá de lo que gana el presidente, porque el presidente llega a serlo por votación popular y no por experiencia profesional, capacidad técnica, instrucción académica ni calidad educativa. El limitar salarios poniendo al presidente como el máximo referente, aunque sea a nivel constitucional, destruye los incentivos para atraer talento real al sector público y abre la puerta a la lambisconería y a la lucha de lealtades sobre resultados basados en competencia y capacidad personal.