Claudia Valdés
El quinto proceso federal del milenio para relevar al Titular del Poder Ejecutivo Federal y los 628 escaños del Congreso de la Unión, además al tiempo las elecciones para elegir nueve gubernaturas, 32 congresos estatales y un numeroso grupo de municipalidades y ayuntamientos, definirá el destino político nacional.
Entre juicios y prejuicios transcurre un proceso electoral caracterizado por un fortalecido y dominante presidencialismo y un liderazgo alimentado por los beneficios de programas sociales que se traducen en miles de millones de pesos y en una cancha dispareja.
El proceso invita a la reflexión, a la luz de la legitimidad del poder de una democracia constitucional y el delicado balance de los contrapesos, al que se amenaza con “no moverles ni una coma”.
Entre las particularidades de los comicios, destacan cerca de 50 exhortos presidenciales desde la conferencia mañanera.
La interrogante que pesa contra la la falta de nombramientos de dos magistrados de cinco del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y contra la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, elegida mediante tómbola. Recordemos que Guadalupe Taddei Zavala se convirtió en la primera mujer consejera presidenta INE tras un largo proceso de discusión en la Cámara de Diputados que desembocó en su elección por sorteo, al no llegar alcanzarse un acuerdo entre las dos terceras partes del Pleno.
Sin cartas territoriales es imposible que el ciudadano de a pie asuma que vivimos en la normalidad, de territorios dominados por el crimen organizado.
Los feminicidios, como los asesinatos, se han convertido en el numeral de la cuenta de los días y las búsquedas de los desaparecidos por madres desesperadas.
En las caras de la ciudadanía se expresan los registros de las políticas de seguridad, educación salud, transporte, agua y lo que se asume como resultado de gestión de derechos humanos y sociales.
En los terrenos de la política, pesa la nueva contabilidad de la deuda y la falta de representación de los partidos políticos, que han sido cooptados por grupos de interés.
A 30 años de la alternancia, las instituciones autónomas se desmoronan sin instancias articuladas y secuestradas en teléfonos celulares y oficinas fantasmas.