Trabajadoras
La diputada Verónica Pérez Herrera (PAN) presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo, con el fin de garantizar a las madres trabajadoras el derecho a acceder al teletrabajo de uno a tres días, cuando existan causas justificadas relacionadas con motivos escolares o de salud de sus hijas o hijos.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Se plantea adicionar la fracción VIII al artículo 170, estableciendo que esta modalidad deberá acordarse previamente con el patrón, definiendo funciones y responsabilidades específicas. La legisladora subrayó que avanzar hacia la equidad laboral implica eliminar barreras que limitan el desarrollo profesional de las mujeres, especialmente de aquellas que son madres. Destacó que, de acuerdo con el INEGI, en México 4.18 millones de mujeres están solas a cargo de sus hijas o hijos, lo que representa el 11 por ciento de las madres en el país.
Advirtió que la rigidez de los esquemas laborales tradicionales dificulta la conciliación entre el trabajo y la vida familiar, afectando la productividad, la salud emocional y la calidad de vida de las madres solteras, además de profundizar las brechas de género.
Con esta iniciativa se busca mejorar la conciliación laboral y familiar, reducir el estrés, elevar la calidad de vida y promover entornos laborales más inclusivos y equitativos.
Responsabilidad y electrónica
El diputado Gerardo Villarreal Solís (PVEM) propuso que las autoridades de los tres órdenes de gobierno se coordinen para promover el uso responsable de dispositivos electrónicos, reducir el tiempo de exposición a pantallas y fortalecer las actividades físicas y al aire libre, con el objetivo de proteger la salud de niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, plantea adicionar la fracción XIX al artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
El legislador advirtió que la exposición prolongada a pantallas provoca fatiga ocular, alteraciones visuales, problemas de sueño y mayor riesgo de miopía, además de afectar el rendimiento escolar y la salud emocional.
Retomó datos de Unicef, que señalan que niñas y niños necesitan “más contacto humano que pantalla”, ya que la interacción presencial y la actividad física fortalecen su desarrollo cognitivo, social y emocional.
La propuesta busca impulsar estrategias educativas y de sensibilización que fomenten una convivencia saludable con la tecnología y revaloricen el juego y la vida al aire libre.
Vuelve la discusión sobre los riesgos del doble remolque
Ante el elevado número de siniestros viales, el diputado José Luis Montalvo Luna (PT) presentó una iniciativa para restringir la circulación de tractocamiones de doble remolque, fortalecer la seguridad vial y priorizar la vida por encima de intereses económicos.
La propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Movilidad, plantea reformas a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, para prohibir la circulación de estos vehículos en carreteras tipo “B” o inferiores, permitiéndolos únicamente en vías tipo “ET” bajo condiciones técnicas y auditorías de seguridad vial.
Se enfocan los trabajos en establecer que la SICT no podrá otorgar permisos especiales que contravengan la NOM-012-SCT-2-2017, ni autorizar unidades con peso o dimensiones superiores a las permitidas. También se fija una vida útil máxima de 12 años para estos vehículos.
La iniciativa contempla la creación de un Registro Nacional de Accidentes con Vehículos de Carga, con el fin de fortalecer la formulación de políticas públicas en la materia.
Se propone crear Comisión
El diputado Eduardo Gaona Domínguez (MC) presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Salud y crear la Comisión de Prevención y Atención al Suicidio, como un órgano interinstitucional encargado de coordinar acciones frente a este problema de salud pública.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Salud, y plantea adicionar 14 artículos, sí como, modificar la denominación del Capítulo VII del Título Tercero, para quedar como “De la Salud Mental y Prevención al Suicidio”.
La iniciativa reconoce el derecho de toda persona con conducta suicida a recibir atención médica y psicológica inmediata, sin discriminación, y establece la obligación de las instituciones públicas y privadas de garantizar atención de emergencia.
Entre las atribuciones de la Comisión destacan la capacitación del personal, la elaboración de protocolos de atención, la coordinación interinstitucional y la creación de un registro nacional de incidencia e intentos de suicidio.
Plantean prohibir la publicación de ofertas de empleo falsas o engañosas
El diputado Armando Corona Arvizu (Morena) presentó una iniciativa para prohibir la publicación de ofertas de empleo falsas o engañosas, mediante la adición del artículo 3 Quáter a la Ley Federal del Trabajo.
La propuesta define como oferta engañosa aquella que presente discrepancias sustanciales entre lo anunciado y las condiciones reales del empleo, como salario, funciones, jornada, modalidad de trabajo o prestaciones.
El legislador advirtió que la digitalización del reclutamiento ha facilitado la proliferación de vacantes simuladas. De acuerdo con el INEGI, más del 70 por ciento de quienes buscan empleo en zonas urbanas utilizan medios digitales.
La iniciativa busca proteger a las personas buscadoras de empleo, fomentar la ética en el reclutamiento y fortalecer la confianza en el mercado laboral.
Piden impulsar centros comunitarios de prevención y atención integral a la violencia
El diputado Ernesto Sánchez Rodríguez (PAN) propuso reformar la Ley General de Víctimas para que las entidades federativas impulsen la creación de centros comunitarios de prevención y atención integral a la violencia.
Estos espacios brindarían atención psicológica, médica, social y asesoría legal, además de programas especializados para víctimas, con un enfoque de proximidad y coordinación institucional.
El legislador subrayó que, pese a los avances normativos, persiste una brecha entre la ley y la atención real que reciben las víctimas, especialmente en comunidades con escaso acceso a servicios especializados.
La iniciativa busca cerrar brechas territoriales, fortalecer el tejido social y garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de las víctimas, en apego a los principios constitucionales de derechos humanos.