El nuevo Paquete Económico 2026 confirma lo que muchos anticipaban: el gobierno recurre nuevamente a los llamados impuestos saludables para reforzar la recaudación. Aumentos drásticos en refrescos y bebidas saborizadas, un mayor castigo fiscal al tabaco y nuevas cargas a productos como videojuegos o apuestas conforman un paquete que, en el discurso oficial, busca desincentivar consumos dañinos; pero en la práctica, amenaza con convertirse en un golpe directo al bolsillo de los hogares mexicanos, sobre todo de los más pobres.
El caso de los refrescos es ilustrativo: la cuota del IEPS prácticamente se duplica, pasando de 1.64 a 3.08 pesos por litro. Un incremento de casi 90 % en un producto cuyo consumo está profundamente arraigado en la dieta nacional. Lo mismo ocurre con el tabaco: la tasa ad valorem sube de 160 a 200 %, y la cuota por cigarro seguirá escalando hasta 2030. La narrativa oficial afirma que se busca reducir enfermedades crónicas, pero la evidencia internacional es clara: la demanda de estos productos es inelástica. Es decir, la gente seguirá consumiéndolos, aunque más caros, lo que convierte a estas medidas en un mecanismo de recaudación disfrazado de política de salud.
El problema central no es la existencia de impuestos correctivos —legítimos en muchos casos—, sino la ausencia de una estrategia integral. Subir impuestos no basta: se necesitan políticas públicas que acerquen alternativas saludables, subsidios para alimentos nutritivos y campañas efectivas de educación alimentaria. De lo contrario, las familias pagan más por lo mismo, sin ver mejoras reales en su salud ni en la calidad de los servicios públicos.
Además, el impacto económico no se limita al consumidor. Miles de pequeños comercios podrían resentir el desplome en ventas. Según estimaciones de la ANPEC, más de 60,000 tienditas están en riesgo de cierre, pues refrescos y cigarros suelen ser los productos de “enganche” que sostienen sus ingresos diarios. A esto se suma el incentivo para que el mercado informal —ya enorme en el caso de cigarros— crezca aún más, socavando precisamente la recaudación que Hacienda pretende asegurar.
La otra cara de la moneda es la desconfianza hacia los supuestos beneficios sociales de estos impuestos. ¿Dónde queda el dinero recaudado? No hay garantía de que se destine a hospitales, tratamientos o prevención de enfermedades crónicas. Si esos recursos terminan en el gasto corriente, el argumento de “salud pública” pierde todo sentido y el impuesto se revela como lo que realmente es: una herramienta fiscal desesperada para llenar huecos en el presupuesto.
El riesgo político tampoco es menor. En un contexto de inflación persistente y estancamiento salarial, cargar aún más a la población con impuestos regresivos puede generar un profundo malestar social. Y si además se tocan temas sensibles como el ahorro o las inversiones personales, la narrativa de un gobierno que protege el bienestar puede empezar a erosionarse con rapidez.
En síntesis, el Paquete Económico 2026 refleja más la urgencia de recaudar que una visión de desarrollo con justicia social. Se gravan productos populares con el argumento de la salud, pero sin políticas integrales que hagan posible un cambio de hábitos; se asfixia a pequeños comercios, mientras se corre el riesgo de fortalecer el mercado informal. Más que una estrategia de bienestar parece un parche recaudatorio.
Si de verdad se quiere mejorar la salud pública y fortalecer las finanzas del país, el reto no es castigar con impuestos a los consumidores de siempre, sino diseñar una política fiscal equitativa, progresiva y transparente. De lo contrario, el único resultado será el mismo de siempre: los ciudadanos pagando más, y el Estado prometiendo mucho, pero devolviendo poco.