Desde el 18 de agosto de 2025, la Mixteca de Oaxaca ha sido escenario de un nuevo capítulo de violencia en el largo conflicto agrario entre Santiago Yosondúa y Santa María Yolotepec. Ese día, las llamas consumieron viviendas en la comunidad de Buenavista y, con ellas, la tranquilidad de decenas de familias que se vieron obligadas a huir. Se habla de 75 familias desplazadas inicialmente, cifra que creció en los días siguientes hasta superar el centenar de personas obligadas a refugiarse lejos de su tierra, bajo el miedo y la incertidumbre.
Las escenas descritas por los propios habitantes son desgarradoras: casas incendiadas, disparos, retención de personas y la destrucción de la poca infraestructura con que contaban. Para los adultos mayores, este entorno de violencia y desarraigo significa un estrés permanente, una fractura en su sentido de pertenencia y un deterioro acelerado de su salud.
Frente a esta crisis, el Gobierno de Oaxaca, a través de la Secretaría de Gobierno, la Policía Estatal, la Guardia Nacional y la SEDENA, ha reforzado la presencia de seguridad y promovido mesas de diálogo. También se han entregado víveres, botiquines y apoyos humanitarios a 72 familias desplazadas, con el respaldo incluso de organismos internacionales como ACNUR. Se han realizado patrullajes terrestres y sobrevuelos aéreos en las comunidades más afectadas.
Pero, aunque necesarios, estos esfuerzos no son suficientes. La realidad es que las familias continúan lejos de sus hogares, sin las condiciones mínimas de vida digna y sin garantías de seguridad para regresar. La ayuda alimentaria y los operativos de vigilancia no sustituyen el derecho fundamental de cada persona a vivir en paz en su tierra, a cultivar su milpa, a cuidar a sus ancianos y a criar a sus hijos sin el temor a que un disparo o un incendio arrase con todo lo construido durante generaciones.
La urgencia es humanitaria: niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y familias enteras se encuentran en situación de desplazamiento forzado, algo inadmisible en pleno 2025. No basta con hablar de conciliación a largo plazo; se requiere una solución inmediata y de fondo.
El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar:
- Retorno seguro y digno para las familias desplazadas, con presencia policial y militar estable, no momentánea.
- Reparación de daños en viviendas, escuelas y servicios destruidos.
- Atención médica y psicológica a las víctimas, en especial a los adultos mayores y a los niños que cargan con el trauma de la violencia.
- Resolución jurídica definitiva que cierre de una vez por todas la incertidumbre sobre las tierras en disputa.
- Acompañamiento de organismos de derechos humanos para garantizar imparcialidad y confianza en los acuerdos.
Cada día que pasa sin una solución agrava el sufrimiento de la población y normaliza la idea de que el desplazamiento forzado es parte de la vida en Oaxaca. No podemos permitir que la historia de Yosondúa y Yolotepec sea contada solo como un pleito de linderos: es, en esencia, una crisis de derechos humanos que exige justicia, paz y dignidad para quienes hoy viven en la zozobra.
El llamado es urgente: que las autoridades estatales y federales actúen más allá de los paliativos y construyan ya las condiciones para que los desplazados puedan volver a sus hogares. Porque detrás de las hectáreas en disputa están las vidas de personas que merecen algo tan básico como vivir en paz en su tierra.
Foto: Rodrigo Méndez