En la ciudad de Los Ángeles, California, del 6 al 10 de junio de 2022, se celebró la Cumbre de las Américas. Esta cumbre es un evento internacional que estuvo enfocado, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, en construir un futuro sustentable, resiliente y equitativo para los países del continente americano. También estuvieron en la agenda la migración y la construcción de democracias fuertes e inclusivas.
Para efectos de estas líneas, es relevante que la sede haya sido la ciudad de Los Ángeles, pues es una de las urbes con mayor población hispana en Estados Unidos. Fue un acto simbólico en deferencia a los países de mayor herencia hispana, –que son la mayoría del continente– y a los que EE.UU. se suma rápidamente gracias a su transformación demográfica actual, en la que la población hispana o latina incrementa sus números con rapidez.
Esta Cumbre tenía, por supuesto, objetivos políticos y diplomáticos. Dado el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, EE.UU. realiza esfuerzos diplomáticos importantes (entre los que se puede contar este evento) para fortalecer su liderazgo e influencia en Latinoamérica, ante la creciente incursión de inversiones de China –importante aliado de Rusia– en la región.
Desde EE.UU., el esfuerzo no es menor y ha tomado estrategias variopintas de colaboración. El caso mexicano, empero, es único por su complejidad social, histórica y económica.
El gobierno mexicano debe plantear su relación con EE.UU. como lo hacen el Reino Unido y Canadá. Es decir, teniendo una alianza de cooperación amplísima basada en intereses comunes como el comercio multilateral y el respeto al Estado de Derecho. Una relación sólida con EE.UU. es el pilar fundamental del desarrollo de México. En breve la razón de esta necesidad: más del 80% de las exportaciones de México tienen como destino los EE.UU. y la mayoría de los turistas internacionales que recibe México son estadunidenses. No obstante, el gobierno mexicano ha puesto posturas ideológicas cuestionables por encima de intereses objetivos y cuantificables.
La confrontación con el llamado coloso del norte siempre ha resultado negativa para México en términos reales, pero la arenga popular de confrontación con EE.UU. le ha dado dividendos políticos internos al gobierno actual, porque crea la percepción de actuación digna ante un poderoso. El gobierno actual explota los conceptos de dignidad y soberanía a la luz de la siempre presente pérdida del territorio mexicano frente a EE.UU. Bajo esa lógica fue que el presidente mexicano decidió no asistir y mandar al canciller en su lugar, erigiéndose en defensor de los gobiernos –que no de los pueblos- cubano, venezolano y nicaragüense.
Desafortunadamente, esta estrategia únicamente perjudicará a México, no solamente por la dependencia económica de México con EE.UU. sino por el número de mexicanos y descendientes de mexicanos que residen en ese país y la importante cantidad de remesas que México recibe de ellos. No debemos olvidar que si EE.UU. impone sanciones económicas a México, el efecto sería devastador en los hogares mexicanos, por ejemplo, en el caso de que se incremente la carga fiscal del envío de remesas a México, se reduciría la cantidad de dinero que efectivamente reciben las familias mexicanas que dependen de ese ingreso generado en EE.UU.
Por una razón inexplicable, el gobierno mexicano insiste en dividir la región entre hispanos y anglosajones, cuando la tendencia debería ser tratar de integrar al continente sin hacer esos distingos y buscando elementos en común de cooperación. Aunque el presidente de México quería hacer en Latinoamérica algo como la Unión Europea, este proyecto pierde de vista que las instituciones, economías y sociedades latinas no son maduras como las europeas. Tienen todavía mucho camino que recorrer para perfeccionarse.
Para EE.UU. los argumentos de México se entienden y se procesan bajo una lógica diferente. La diplomacia de EE.UU. se basa en los principios de promoción de la democracia y los derechos humanos; por tanto, desde la perspectiva de EE.UU. no se excluye a países sino a regímenes.
Bajo la misma óptica, para EE.UU. y sus socios de la Unión Europea, las sanciones económicas y diplomáticas son una medida razonable de presión internacional que busca conseguir cambios democráticos en los países que oficialmente dicen serlo. Por supuesto, estas medidas son mucho más razonables que las intervenciones militares directas que tenían lugar durante el periodo de expansión colonial europea.
Es cierto que un principio elemental del Derecho Internacional Público es la autodeterminación de los pueblos para elegir su forma de gobierno, y precisamente ese es el punto toral. El gobierno mexicano ha tomado partida por gobiernos que, para el gobierno de los EE.UU., han llegado o se han mantenido en el poder con medios distintos a las elecciones libres, directas e informadas. Han usado la fuerza del Estado para fines políticos represivos y su democracia e instituciones no tienen fundamentos creíbles. Por tanto, desde la perspectiva de EE.UU. sería un despropósito y una incoherencia incluir regímenes contrarios a los principios básicos de su diplomacia y constitucionalismo. Esto no implica que EE.UU. pueda buscar interacción con esos regímenes, pero seguramente lo hará en sus propios términos y en un foro distinto.
El problema para México es que la postura de EE.UU. está respaldada por evidencia proveniente de organismos internacionales de observación electoral, de derechos humanos, de desarrollo humano, económico, de libertades básicas, etcétera. Estos organismos nos recuerdan que existe una agenda internacional de asuntos que deben atenderse en cada país y en cada región independientemente de sus ideologías, pues son temas que constituyen el fundamento de las sociedades democráticas basadas en un verdadero Estado de Derecho y protección a los derechos humanos.
Por su parte, Latinoamérica ve los anuncios de compromisos económicos en la región como propuestas modestas, y más como una forma de contrarrestar a China, pues por varios años administraciones estadunidenses han ignorado a la región y se han concentrado en los países europeos occidentales que tienen la fuerza económica y geopolítica suficiente para constituirse en mejores socios comerciales y para contrarrestar a Rusia y a China.
El desaire público de algunos países de Latinoamérica a EE.UU. le da pretextos a sus rivales geopolíticos para argumentar que su liderazgo regional se ha debilitado. Para EE.UU. el desdén mexicano pesa, porque México representa la puerta de entrada y liderazgo en Latinoamérica. Sin embargo, dado el perfil ideológico de esta administración, la cooperación potencialmente sin límites, se circunscribirá a los asuntos más apremiantes que entre México y EE.UU. son dos, la seguridad transfronteriza en el combate al narcotráfico y la migración ilegal y, por supuesto, se tratarán en los términos que dicte EE.UU. Asimismo, es posible que EE.UU. siga expresando preocupación pública, principalmente por conducto de políticos republicanos, por diversas situaciones que ponen el Estado de Derecho mexicano en duda, como el tráfico de personas, la violencia generalizada, la devastación ambiental, el asesinato de periodistas, entre muchos otros.
Aunque se emitió la declaración de Los Ángeles como resultado de la Cumbre con puntos de responsabilidad mutua para atender el fenómeno de la migración, los cierto es que es poco probable que algo concreto se logre, ya que un problema humanitario tan grave debía haberse atendido tanto por los países expulsores como por el país receptor con anterioridad por su componente de dramático sufrimiento humano. El problema es que, sin condiciones económicas distintas, no hay incentivos políticos para lograr ese cambio.
Es dudoso que se logre una mayor colaboración en Latinoamérica porque el conflicto de Rusia y Ucrania se extiende peligrosamente en el tiempo, lo que está restando credibilidad militar a Rusia y generando los incentivos para una escalada mayor. Por tanto, aunque la Cumbre es un evento simbólico importante, el fondo para México es que, dado el manejo público de la invitación a la Cumbre y el apoyo a Cuba, Nicaragua y Venezuela, los márgenes de la cooperación se reducen y los esfuerzos de EE.UU. seguirán enfocados en asuntos más apremiantes para su propia seguridad que el desarrollo económico de Latinoamérica.