Nancy Pérez García
En los últimos años, la conversación pública sobre migración se ha movido entre la emergencia y la polarización. Sin embargo, cada vez se escucha más que son las ciudades, y no los Estados nacionales, quienes sostienen la gobernanza migratoria cotidiana.
En un mundo atravesado por crisis superpuestas que se complejizan—climática, económica, sanitaria, de violencia, de desplazamiento forzado, entre otros más, que se suman a los problemas estructurales de los países de la región como la pobreza y la desigualdad— la movilidad humana se ha vuelto más compleja, más prolongada y más impredecible. En este contexto, gobernar la migración desde lo local ya no es una opción: se ha convertido en una responsabilidad estructural.
Hay una fuerte tendencia regional impulsada por el gobierno de los Estados Unidos, a implementar múltiples formas de externalización de las fronteras, que se ha traducido en la securitización y militarización de otras fronteras en la Región, lo que ha reducido o pausado temporalmente los flujos migratorios hacia el norte del continente.
Una proporción importante de las deportaciones realizadas por el gobierno de los Estados Unidos, se han realizado violando el debido proceso, dejando a las personas sin posibilidad de interponer recursos legales, separando familias, sin otorgar seguridad jurídica sobre sus propiedades y cuentas bancarias en Estados Unidos, realizando traslados a terceros países donde no se puede garantizar la seguridad de las personas y empleando métodos que criminalizan a las personas deportadas.
El temor a las deportaciones y la securitización fronteriza han ocasionado que muchas personas decidan establecerse en países de la ruta que inicialmente no eran su destino final, enfrentando obstáculos para su regularización migratoria y su inclusión local. Además, ha provocado la autodeportación de muchas personas y el incremento de los retornos voluntarios, aumentando los flujos migratorios inversos y entre países del sur global.
Hoy, la capacidad de un país para responder a los desplazamientos humanos depende, en gran medida, de lo que sus municipios y ciudades puedan o no puedan hacer. Y esa realidad es especialmente visible en el continente americano, donde coexisten trayectorias migratorias muy distintas entre el Sur Global y el Norte, pero con un patrón común: la creciente presión sobre los gobiernos locales, de todo el tránsito migratorio, que en otros momentos se acentuaba sólo en las fronteras.
A nivel nacional, los Estados diseñan marcos jurídicos, firman pactos internacionales y establecen metas de política pública. Pero es en las ciudades donde esas decisiones se convierten o no en albergues, escuelas, consultorios médicos, oficinas de empleo o programas de convivencia comunitaria.
Las ciudades son la primera puerta de entrada, el primer rostro institucional y el primer espacio donde se definen derechos y oportunidades. Pero también son los lugares donde se experimentan tensiones sociales, xenofobia y saturación de servicios.
Es, en realidad, una paradoja: el nivel que más responsabilidades tiene es el que menor financiamiento, competencia formal y reconocimiento político recibe.
Aunque el continente comparte un mapa de movilidad profundamente interconectado, las dinámicas locales en países del Sur y del Norte de América presentan diferencias marcadas —y, al mismo tiempo, sorprendentes similitudes.
1. En el Sur de América: gobernar desde la emergencia
Los gobiernos locales en México, Colombia, Perú, Ecuador o Brasil se enfrentan a tres grandes desafíos:
- Gestión humanitaria inmediata, porque las personas llegan sin redes de apoyo y con necesidades urgentes.
- Capacidad institucional limitada, donde municipios pequeños deben responder a crisis que los rebasan.
- Inestabilidad presupuestal, muy dependiente del ciclo político y de la cooperación internacional.
Pese a ello, se han desarrollado innovaciones notables:
- En México, municipios de la frontera norte y sur han creado centros de atención y refugios comunitarios.
- En Colombia, ciudades como Bogotá o Medellín impulsaron Centros de Integración Local para población venezolana.
- En Brasil, un programa articula gobiernos locales en un modelo de reubicación interna.
El Sur innova porque no tiene otra opción. La creatividad municipal es, muchas veces, una estrategia de supervivencia institucional.
2. En el Norte de América: integrar para sostener
Estados Unidos y Canadá enfrentan un reto distinto: administrar la llegada de personas que buscan asentarse. Sus ciudades cuentan con:
- Capacidades institucionales sólidas: oficinas especializadas, departamentos de integración, sistemas de datos.
- Presupuestos dedicados, claramente etiquetados.
- Programas formales de inclusión, como las “Welcoming Cities” en Estados Unidos o el “Municipal Nominee Program” en Canadá.
Aquí, la migración se concibe —al menos en el plano local— como una inversión de largo plazo. Aunque hay reveses políticos que presionan estas visiones y plantean virajes radicales que buscan criminalizar a la población migrante y sujeta de protección internacional.
A pesar de sus diferencias, Sur y Norte coinciden en algo fundamental: la gobernanza migratoria es más efectiva cuando es local, participativa y basada en derechos humanos. Las ciudades están demostrando que pueden cambiar narrativas, construir convivencia e impulsar inclusión, incluso en momentos de polarización. Pero para lograrlo, necesitan herramientas, financiamiento y marcos nacionales que reconozcan su papel. Lo que puede aprender el Sur y el Norte
Del Sur deberíamos aprender:
- Flexibilidad para adaptarse a distintos perfiles de movilidad.
- Capacidad de construir redes comunitarias resilientes.
- Innovación social en contextos adversos.
Del Norte deberíamos aprender:
- Planificación basada en evidencia.
- Financiación municipal sostenida.
- Enfoques que ven a las personas migrantes como sujetos de pleno derecho.
El futuro de la migración en América pasará por combinar lo mejor de ambos mundos.
La experiencia reciente de gobiernos locales como Nueva York, Ciudad de México y Bogotá ofrece una mirada poderosa sobre cómo las ciudades del continente —con realidades económicas y políticas muy distintas— están redefiniendo lo que significa gobernar la migración en tiempos de crisis sistémica global.
Nueva York: cuando la infraestructura colapsa, la gobernanza se pone a prueba. Pocas ciudades han recibido, en tan poco tiempo, tantos solicitantes de asilo. Y esa presión dejó una lección contundente: ni siquiera una ciudad con recursos extraordinarios puede sostener la respuesta sin apoyo nacional robusto, a pesar de contar con:
- redes de acogida profesionales,
- organizaciones comunitarias fuertes,
- y un compromiso histórico con la protección de derechos.
Nueva York confirma que la capacidad local necesita coordinación federal, no solo presupuesto. Pero la fragilidad del sistema de acogida e inclusión, frente al colapso en la recepción y una postura política contraria a Derechos Humanos.
Ciudad de México: innovación en medio de la saturación
La CDMX es a la vez ciudad de origen, tránsito, destino y retorno, ha construido un ecosistema de atención e inclusión, históricamente sostenido desde los albergues y organizaciones de la sociedad civil y agencias de la ONU y, que se han ido formalizando desde el gobierno local en los últimos años, que incluye:
- centros de recepción y ayuda humanitaria,
- programas educativos para niñas y niños en movilidad,
- y estrategias de inclusión laboral emergentes.
- Programas culturales
Su mayor enseñanza es que la innovación comunitaria puede sostener la dignidad incluso en contextos sumamente adversos.
Bogotá: la integración como política de ciudad
Bogotá es ejemplo regional de planificación a largo plazo.
En lugar de tratar la migración como una excepción, la incorporó en su modelo de desarrollo urbano. Sus Centros de Integración Local, sus políticas de acceso a servicios y su enfoque de convivencia intercultural muestran que la inclusión puede ser un proyecto de ciudad, no solo una respuesta humanitaria.
Sin embargo, como ejemplo debemos analizar las enseñanzas que nos deja la experiencia en estas Ciudades, en cuanto a los desafíos hacia la estabilidad, la inclusión local y la autosuficiencia de las personas en contexto de movilidad humana.
Las ciudades ya están marcando el rumbo, comparadas, estas ciudades dejan ver un patrón claro:
- Nueva York enseña la importancia de la coordinación multinivel.
- Ciudad de México demuestra el poder de la innovación local sin recursos suficientes.
- Bogotá encarna el potencial de hacer de la inclusión un motor de resiliencia urbana.
La conclusión es inequívoca: la gobernanza migratoria del siglo XXI se está construyendo desde lo local y en el plano de fragmentación en municipios y alcaldías. La lección es clara: sin fortalecer a los gobiernos locales, la arquitectura nacional se vuelve insuficiente. Los municipios cargan con la responsabilidad operativa. Y si queremos un continente capaz de enfrentar las crisis globales, debemos dejar de ver a las ciudades como ejecutoras y comenzar a tratarlas como lo que ya son hoy: arquitectas del futuro.