Elio Villaseñor
Pongámonos en el escenario de que Donald Trump haga pública una lista de figuras públicas mexicanas presuntamente vinculadas con el narcotráfico.
Esta lista incluiría nombres de funcionarios a quienes podrían imponerse sanciones financieras y restricciones de viaje, según reportó recientemente el periodista Tim Golden.
¿Qué impacto tendría una medida de este tipo en el gobierno mexicano y, particularmente, en el partido Morena?
Es previsible que desde el oficialismo se desestime el informe, argumentando una falta de pruebas sólidas y denunciando una intromisión extranjera en asuntos internos.
Lo más probable es que se cierren filas, se movilice toda la maquinaria de comunicación oficial para desacreditar la información, y se acuse a Trump de utilizar la lucha contra el narcotráfico con fines políticos y económicos .
Algunas voces podrían incluso plantear la suspensión de la cooperación bilateral en temas clave como la migración o la seguridad, lo cual colocaría a México en una posición delicada.
Se abre entonces un dilema: si no se responde con contundencia, se corre el riesgo de ceder la narrativa y el control del tema a Trump; pero si se opta por la confrontación, podría agravarse la ya tensa relación entre ambos países.
Lo preocupante es que, hasta ahora, el gobierno mexicano no parece estar desarrollando una estrategia clara ante el posible impacto de esta medida.
Más bien, da la impresión de que se está esperando a ver si la lista se publica o no, para entonces decidir cómo reaccionar.
Esta falta de previsión podría salir muy cara, tanto en términos políticos como en la imagen internacional de México y su estabilidad interna.
Frente a este posible escenario, urge abrir el debate público, prever escenarios y diseñar respuestas institucionales.
No podemos permitir que una decisión tomada desde Washington nos tome por sorpresa y termine afectando nuestra gobernabilidad.
Por eso, antes de que se publique una lista desde el extranjero, sería preferible que la Fiscalía General de la República avance en las investigaciones correspondientes.
Si existen casos de funcionarios mexicanos con vínculos criminales, deben ser conocidos y procesados por nuestras propias instituciones.
Es momento de asumir la responsabilidad y fortalecer nuestros mecanismos de justicia.
Solo así podremos responder con legitimidad y dignidad, y evitar que sean actores externos quienes definan por nosotros lo que no hemos querido o podido hacer.