La renuncia de Ariel Henry es un hecho político complicado que responde a la realidad económica, política y social de Haití. Sin embargo, el mecanismo de presión, el deterioro institucional y la falla en el sistema democrático son lecciones que deben analizarse y comprenderse, sobre todo en América Latina y particularmente en México.
Latinoamérica transita lentamente hacia una etapa de maduración de sus instituciones políticas democráticas. No es poco común escuchar en las noticias que la inestabilidad política, jurídica y las luchas ideológicas de facciones desestabilicen las instituciones por la falta de madurez política y educación cívica, como factores subyacentes a las tentaciones del poder. Lo que ocurre ahora en Haití, es una noticia más del subcontinente americano (Latinoamérica), que continuamente es materia de hechos en los que la violencia social y política son el reflejo de la inestabilidad y la pobreza prevalentes.
Para no ir muy lejos, es preciso enfocarnos en los hechos. Henry renuncio por presión de grupos armados que doblegaron a las instituciones del estado. La justificación para ejercer esa presión fue que Henry no había convocado elecciones y pretendía quedarse más tiempo en el poder.
De estos hechos violentos y de esta presión política, ¿qué puede aprender México?
Primero. Aquellos que buscan sostenerse en el poder a costa del sistema democrático, ya sea atacando a las instituciones para manipular los resultados, o poniendo alfiles o sucesores a modo para seguir mandando detrás de la silla presidencial, generan división y tensión social, a la vez que sospechas de cuáles serán las futuras acciones del gobernante para mantenerse en el poder a toda costa.
Segundo. Al no combatir al crimen organizado, el estado le dio oportunidad de crecer al punto que la premisa constitucional de aula universitaria en la que se dice que: “nadie es más fuerte que el estado”, ha quedado superada. Hoy sabemos que, en México, el crimen organizado controla amplios sectores económicos y su influencia política es profunda. Con los recientes asesinatos de candidatos a puestos de elección popular y periodistas, es muy posible que el crimen organizado pueda imponer más candidatos, funcionarios o bien, deshacerse de aquellos con los que no puedan negociar. Ya que los homicidios quedan impunes y empoderan las medidas violentas que les dan a los criminales los resultados que desean sin oposición de la justicia.
Tercero. No debe menospreciarse el descontento social. En la política latinoamericana, se privilegia la lealtad sobre la capacidad profesional porque al ser las instituciones tan débiles y la corrupción tan prevalente, los gobernantes buscan allegarse de quienes no los “traicionen” o no descubran los actos corruptos ni los denuncien públicamente. Esta incapacidad y falta de talento derivan en torpeza en la ejecución de políticas públicas o de plano en la falta de ellas. En el caso mexicano, la torpeza en la administración de instituciones sanitarias quedó patente con la desastrosa gestión del hoy escondido López Gatell durante la pandemia. Otro ejemplo es la fallida reconstrucción del tejido social, ya que la violencia en las calles y la corrupción de instituciones públicas son la muestra más clara de que el estado mexicano no puede garantizar las condiciones mínimas de vida ordenada y civilizada. Si el dinero de los impuestos no se percibe en servicios públicos, el descontento social puede crecer más y, dada la debilidad institucional, no sería poco probable que surgieran más movimientos insurreccionistas o de autogobierno, como las autodefensas aun latentes en el estado de Morelia y que, desde la fallida gestión de Alfredo Castillo durante la administración de Peña Nieto, no se ha podido resolver el problema.
En México se siguen combinando y creciendo estos factores entretejidos para potencialmente resultar en violencia política para las próximas elecciones y un resultado imprevisible. Por un lado, la prevalencia del músculo del crimen organizado en la sociedad mexicana, por otro, la distracción y uso del ejército para tareas civiles, la incompetencia en la protección de ámbitos básicos para la ciudadanía y el ataque sistemático a las instituciones democráticas o independientes solo pueden traer un punto de quiebre institucional y social. Ojalá nuestros políticos comprendan que la incompetencia, el deseo de mantener dividida a la sociedad mexicana y la falta de estado de derecho, solo resultarán en mayor volatilidad y peligro para todos, ya que con hueso o sin hueso, todos estaremos expuestos al peligro, la mediocridad y la corrupción.