Esta afirmación nos conduce al problema de la legitimidad.
La legitimidad democrática no se conquista una sola vez en las urnas. Una elección libre y conforme a las reglas otorga legitimidad de origen y sentido, pero el ejercicio del poder exige también legalidad, responsabilidad, eficacia, transparencia, información y respeto a los derechos de toda la sociedad.
Una vez concluido el proceso electoral, con frecuencia se diluye la responsabilidad compartida. Quienes llegan al gobierno pueden interpretar el triunfo como una autorización suficiente para actuar, mientras que los ciudadanos consideran que su participación terminó al emitir el voto. Así se produce entonces una doble pérdida: los representantes pueden alejarse de quienes les otorgaron el mandato y la ciudadanía puede abandonar la vigilancia de su cumplimiento.
La legitimidad necesita algo más que el reconocimiento de un resultado electoral. Requiere conocimiento, información, gestión, intercambio, etc., un diálogo circular y permanente entre gobernantes y gobernados.
Un intercambio en el que la ciudadanía participa, cuestiona, gestiona, vigila y exige, mientras las autoridades escuchan, explican sus decisiones, rinden cuentas y corrigen el rumbo cuando resulta necesario.
Ese diálogo legitima la acción política porque mantiene viva la relación entre la voluntad ciudadana y el ejercicio responsable del poder.
Desde esta perspectiva, la erosión de las instituciones democráticas adquiere una dimensión particularmente preocupante.
Cuando se debilitan los organismos encargados de garantizar derechos, organizar elecciones y establecer contrapesos frente al poder, también pueden deteriorar los canales de comunicación y confianza entre la ciudadanía y sus representantes.
La extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales como organismo autónomo y las controversias que enfrenta la conducción del INE corresponden a procesos institucionales distintos. Sin embargo, ambos obligan a reflexionar sobre el valor de la autonomía, la transparencia y los mecanismos de vigilancia del poder.
México ha destinado durante décadas recursos públicos considerables a construir instituciones electorales, formar profesionales, desarrollar tecnología y garantizar procedimientos confiables.
Esa inversión no debe evaluarse solamente por su costo económico. Su valor reside también en los derechos que protege, la certidumbre que produce y la confianza que permite construir.
Debilitar ese patrimonio puede comprometer mucho más que los recursos presupuestales invertidos. Puede erosionar la legitimidad de los procesos democráticos y afectar la confianza acumulada durante generaciones.
Por ello, las controversias que rodean al Instituto Nacional Electoral deben examinarse con responsabilidad y rigor. Los señalamientos sobre su administración, la salida de personal especializado, los posibles conflictos de interés y las tensiones entre sus autoridades requieren información verificable, investigaciones imparciales y rendición de cuentas.
La crítica institucional no debe confundirse con la descalificación sin pruebas. Tampoco puede utilizarse la defensa de la autonomía como argumento para evitar el escrutinio público.
Una institución democrática necesita independencia frente a los intereses partidistas, pero también mecanismos eficaces de control, transparencia y responsabilidad.
Lo que está en juego no es solamente el prestigio de sus dirigentes. Es la confianza de los ciudadanos en las reglas, en el árbitro electoral y en la legitimidad de los resultados.
Porque la gobernabilidad democrática no significa ausencia de conflictos, sino capacidad para resolverlos mediante instituciones confiables, respeto a la pluralidad y reconocimiento de los límites del poder.
Llegamos así a una reflexión que merece ocupar un lugar central en nuestra discusión pública: la democracia tiene un fundamento humano que no podemos olvidar.
El INE no es solamente una estructura jurídica o administrativa. Es una comunidad de profesionales y ciudadanos que durante décadas ha contribuido a construir la confianza electoral.
Sus cuadros especializados aportan conocimiento, experiencia y continuidad. Los ciudadanos que participan como funcionarios de casilla y en otras tareas electorales dan vida al principio de que la democracia pertenece a la sociedad.
Son ellos quienes dan cuerpo y cimientos a la institución.
México ha llegado a una etapa de su desarrollo democrático en la que no basta con preguntarnos cómo preservar las instituciones. Necesitamos reflexionar sobre cómo fortalecer a las personas que las hacen funcionar, cómo formar ciudadanos conscientes de sus responsabilidades y cómo exigir a los partidos políticos dirigentes preparados para ejercer el poder.
La democracia necesita instituciones autónomas, profesionales competentes, partidos responsables, ciudadanos participativos y autoridades que comprendan el alcance del mandato recibido.
Pero, sobre todo, necesita recuperar la conciencia de que el poder político tiene una finalidad superior: servir a la sociedad, proteger sus derechos y construir condiciones de bienestar, justicia y libertad.
Defender la democracia no significa conservar intacto todo lo que existe. Significa reconocer lo que hemos construido, corregir sus deficiencias y fortalecer las condiciones que hacen posible nuestra convivencia desde las diferencias.
Defender la democracia significa también cuidar a quienes la hacen posible.
Porque la democracia no es una conquista terminada ni un derecho que pueda darse por garantizado para siempre. Es una responsabilidad colectiva que exige información, participación, vigilancia, diálogo y compromiso permanente.
La democracia, como derecho, se construye y se reconstruye todos los días.
Hay suficientes elementos para advertirnos que el empoderamoento de la propaganda impide el diálogo social, y ahonda los riesgos de los más caros valores como la justicia, la paz, el acuerdo y el interés común.