Clara Jusidman
Mesa 2.- La agenda pendiente de la democracia mexicana
La democracia que no fue
8 de septiembre 2022 Palacio de Minería
En la segunda mitad del siglo XX varios luchamos por diversas vías y con costos diferenciados, por instaurar una democracia que nos permitiera avanzar hacia la justicia social para reducir la desigualdad y la pobreza y crear un Estado Social y Democrática de Derecho.
Sin embargo, la avaricia, la violación a la dignidad de los seres humanos, la estupidez y la destrucción de nuestros bienes naturales, de capacidades estatales y del sentido de comunidad, han marcado en nuestro país los últimos 40 años del ejercicio del poder.
Desde mi óptica en ese período ha habido tres momentos donde alcanzamos un límite de malestar político, social y económico e intentamos impulsar una vía pacífica y civilizada de cambios de rumbo que finalmente, no llegaron a concretarse. Tres momentos donde el hartazgo social causado por los abusos de poder, los niveles de corrupción y de impunidad, el autoritarismo, la injusticia y el fallido modelo económico exigían un cambio en la estructura política para terminar con los privilegios y abusos de las élites y avanzar hacia una justicia social que beneficiara a las mayorías.
En las tres oportunidades hicimos una apuesta por la democracia, con miras a que todas y todos pudiéramos dialogar, alcanzar consensos y aportar sobre el necesario cambio de régimen político y de estrategia económica, para que nuestros derechos humanos se hicieran efectivos y recuperáramos el sentido de colectividad.
El primero de esos momentos fue 1988 cuando pusimos las esperanzas en que la corriente democrática del PRI, posteriormente transformada en un partido político de izquierda, lograra llevar a la presidencia al Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. El espectacular fraude cometido mediante una institucionalidad electoral y pública totalmente dominadas por el PRI y sus socios corporativos, así como de los poderosos medios de comunicación, nos llevó por un rumbo totalmente contrario al que muchos deseábamos: se privilegió la economía de mercado, se redujo la presencia del Estado en la economía, se abatió la disponibilidad y calidad de los servicios públicos para la población y se abrió sin restricción alguna, la economía a la globalización con un espectacular sacrificio de la planta industrial que tanto nos había costado.
Desapareció la política industrial que desde los años 40 fue el motor de la economía. Se privilegiaron los tratados y la política comercial. No sólo se deterioró el salario social, sino que se mantuvo y profundizo una política salarial de despojo a las familias trabajadoras con el objetivo de competir con mano de obra barata en el mercado mundial. Esta política tuvo un efecto muy nocivo en la construcción y desarrollo de la infancia y juventud de las últimas cuatro décadas.
Lo único positivo del periodo 1988 al 2000 fue la profundización de los cambios a la legislación y a la institucionalidad electoral iniciados desde 1977. El gobierno comprendió que ya no podían estirar más la liga en el manejo de las elecciones. Se creó el IFE “ciudadano” y un padrón electoral renovado.
Pero la caldera social continuó calentándose ante el fraude del 88 y por el curso tomado por la política económica y social del país.
La sociedad nacional volvió a colocar sus esperanzas de cambio de rumbo en las elecciones del 2000. Se generó un amplio movimiento democrático de la sociedad civil, antecedido por varios importantes movimientos sociales y compartido por los partidos de oposición y que recibe además, un gran impulso con el levantamiento zapatista de 1994.
En las elecciones del año 2000 finalmente se logra la salida del PRI del Gobierno federal. Entra el primer gobierno del PAN en elecciones organizadas por un IFE conducido por un consejo ciudadano-académico autónomo.
Nuevamente las esperanzas de avanzar en una democracia donde se escucharan y respondiera a las preocupaciones y las voces de la población en todo el territorio nacional y se introdujera una necesaria reforma de Estado que transformara la institucionalidad heredada de 70 años de gobiernos del PRI y 20 años de funcionarios neoliberales, se vieron frustradas. Se mantuvieron las instituciones, los marcos legales y la política económica que respondían a los intereses de las élites. Se eligió el camino de la tolerancia y la negociación con el PRI. La estructura del Estado pasó a beneficiar a las élites conservadoras elegidas ¨democráticamente¨ para dirigir la nación. Políticos y empresarios sin experiencia colonizaron la administración pública.
Se mantuvo y profundizó la política económica pro mercado, la contención salarial, la precarización de las condiciones laborales, la política social limitada a sobrellevar la pobreza, la colusión con los dueños de los medios de comunicación y los liderazgos sindicales corruptos.
Se abrieron nuevas oportunidades de negocios para las élites empresariales como fue el mercado de los consumidores pobres con los programas de transferencias monetarias y el mayor debilitamiento de los servicios sociales públicos, la subrogación de servicios de salud, el acceso a grandes y valiosas extensiones de tierras y recursos mediante la compra de “derechos ejidales”, la adquisición de suelo urbano a precios ridículos y los desarrollos de vivienda social que crearon al ogro inmobiliario, las concesiones mineras y de agua, así como los casinos.
La violencia criminal se extendió en el territorio nacional, se ampliaron los delitos como el secuestro, el despojo, el robo de autos y en carreteras, la producción y tráfico de estupefacientes, los asesinatos y desapariciones, la colusión de autoridades con el crimen organizado. Se declaró la guerra contra el narco. Nuevas identidades surgieron en el país como víctimas de las violencias: los huérfanos, la personas con discapacidades por armas de fuego, personas adictas a drogas duras, mujeres y familias víctimas que perdieron a alguno de sus integrantes, personas despojadas y desplazadas, jóvenes sicarios y halcones sometidos al poder de los capos, migrantes desaparecidos.
Lo poco positivo que pudiera rescatarse de esa etapa fue la incorporación del discurso de Derechos Humanos en la esfera pública, la creación de algunos organismos autónomos para fortalecer los contrapesos al poder y cámaras legislativas con mayor pluralidad. La articulación con la economía resultó beneficiosa para ciertas actividades y regiones.
En las elecciones presidenciales de 2006 y 2012 las élites volvieron a colocar a sus candidatos con estrategias concebidas desde influyentes medios de comunicación y controlando el resultado de las elecciones.
El retorno del PRI en 2012 profundizó la tragedia nacional. Los problemas se agudizaron, el crimen organizado empezó a desarrollar gobiernos paralelos y a penetrar las actividades económicas como la producción y exportación de aguacate, la extorsión y el pago de piso. El extractivismo de recursos naturales por empresas coludidas con bandas del crimen organizado sometió a comunidades enteras, las despojó, contaminó sus recursos y las obligó a desplazarse. El tráfico de personas surgió como un gran negocio con migrantes, infancia y mujeres. Crecieron los feminicidios.
Las políticas sociales y económicas que privilegian al mercado y favorecen la concentración de la riqueza, se prolongaron por dieciocho años. La inseguridad y desigualdad, así como la percepción de las mismas, se agudizó. La corrupción y los abusos del gobierno peñista se hicieron evidentes e incontenibles.
Así llegamos a la elección de 2018 con un malestar social renovado y potenciado por la violencia, la corrupción y la impunidad. Pensamos que en esta tercera ocasión si tendríamos un gobierno que avanzaría en la reconstrucción de los servicios públicos de salud, educación, vivienda, acceso al agua y a energías limpias para reducir las brechas de desigualdad y enfrentar la pobreza; que respetaría y promovería los derechos de las poblaciones sujetas a discriminación como las mujeres, la infancia, los jóvenes, las personas con discapacidad; que revertiría el despojo a los pueblos originarios de sus tierras y recursos y respetaría su cultura y procesos colectivos; que combatiría con efectividad la corrupción y la impunidad; enfrentaría y controlaría al crimen organizado y la delincuencia; daría fin a la política de contención salarial y precarización laboral; protegería nuestras riquezas naturales y revertiría las concesiones extractivistas; respetaría a la libertad de expresión; apoyaría el acceso a la justicia y a la verdad de los cientos de miles de víctimas, impulsaría una política migratoria decente y digna y avanzaría en la construcción de una Estado Social y Democrático de Derecho.
En fin, que finalmente llegaba al poder un gobierno que escucharía a la población, atendería sus preocupaciones y avanzaría en una democracia participativa donde todas y todos tuviéramos vías para contribuir a un nuevo pacto social y a un proyectos distinto de país, aspecto que ha preocupado al Ingeniero desde hace varios años.
La mayoría de esas expectativas no han sido cumplidas. Por el contrario, nos enfrentamos a una concentración del poder en la figura presidencial, a una polarización promovida desde la presidencia, que confronta un día sí y otro también, la libertad de expresión; destruye capacidades estatales, científicas y tecnológicas valiosas y costosas; soslaya el despojo de tierras y recursos naturales de las poblaciones originarias; permite la apropiación privada de los recursos públicos y maneja los programas y la institucionalidad estatal para cautivar y mantener clientelas políticas.
Al mismo tiempo, las conductas discriminatorias de las élites urbanas y su incapacidad y desinterés por entender las preocupaciones de la mayoría de la población profundizan el malestar y la desigualdad social.
En un panorama como el descrito uno podría concluir que “la democracia nunca nos alcanzó” y la posibilidad de lograrlo se aleja cada vez más.
Finalizo con algunas razones de ello:
1. Amplios sectores de la población ya no creen que la democracia mejorará sus condiciones de vida, ni abatirá la inseguridad.
2. Las juventudes afectadas por nuestro fracaso social y la cultura individualista, muestran poco interés en la política, en las elecciones, en la participación y en la construcción colectiva de un proyecto de país.
3. Las herramientas de la democracia representativa como los partidos políticos, las elecciones y el congreso o bien están desprestigiadas o se miran como inútiles.
4. Las y los políticos profesionales se preocupan más por su permanencia en el poder y por el acceso a recursos públicos que por el bienestar de la población. Se mueven en un mercado donde se compran y venden votos, saltan de un partido a otro, aceptan posiciones para las que no cuentan con preparación alguna, cuando son legisladores se mantienen muy lejos de las poblaciones que representan, optan por obedecer a quien les garantiza permanencia en posiciones de poder.
5. Las benditas redes sociales, la utilización maliciosa de la inteligencia artificial, la posverdad y las fake-news propalan mentiras, alimentan el conflicto y la polarización, manipulan a las personas, alientan el consumismo y el individualismo, generan personajes que influyen a miles de seguidores. El voto informado, libre y secreto se ha ido al cajón de los recuerdos.
6. Las organizaciones de la sociedad civil son cada vez más combatidas por regímenes autoritarios y populistas en todo el mundo.
7. El miedo es actualmente una emoción dominante por el aumento de la inseguridad y la violencia, la interminable pandemia, la incertidumbre económica, el ejercicio abusivo del poder, la fragilidad de las fuentes de ingreso, la inflación, el poder de las empresas globales y los conflictos en el mundo. No es una emoción propicia para la construcción de democracia. Esto requiere de tiempos, disposición al diálogo, aceptación del conflicto y cesión de privilegios.
En fin, llevo muchos años luchando por la participación, la organización y el respeto a los derechos de la población, por la construcción de ciudadanía y de comunidad y creo que lo que estamos viviendo tiene dos cursos de salida: a partir del aprovechamiento de los avances tecnológicos llevarnos a nuevas y más amplias posibilidades de participación ciudadana y de construcción y control del poder político, o bien conducirnos a una mayor concentración del poder y al agravamiento de nuestro deterioro social.
Ingeniero Cárdenas, es una pena que usted no hubiese llegado a la presidencia de la República de 1988. Seguramente hubiera cambiado el rumbo del país hacia un régimen con mayor justicia social, mayor participación y mayor presencia y responsabilidad del Estado. No sabremos si hubiera usted podido enfrentar las tendencias económicas dominantes en Occidente, ni someter a las estructuras de poder político, económico y mediático de la época. Yo estoy cierta que hubiera usted hecho todo lo que estuviera a su alcance.