Elio Villaseñor
“El verdadero poder es el servicio. Hay que servir con
humildad y amor, y no ser servidos con orgullo y vanidad”
— Papa Francisco
Creer que el gobierno puede diseñar e implementar políticas públicas de manera unilateral, sin abrir espacios de diálogo con los actores sociales y civiles, limita gravemente la efectividad de cualquier solución. Sin una coordinación real con quienes enfrentan día a día la crisis, las acciones gubernamentales pierden impacto y profundidad.
Un ejemplo claro es la reciente declaración de la presidenta Claudia, quien ha colocado la búsqueda de personas desaparecidas como una “prioridad nacional” y ha delineado una serie de medidas al respecto:
- Fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda.
- Reformas a las leyes General de Población y General en Materia de Desaparición Forzada para la creación de una base única de información forense.
- Creación de una Plataforma Nacional de Identificación Humana.
- Homologación de penas y procedimientos para equiparar la desaparición con el delito de secuestro.
- Publicación mensual de datos sobre carpetas de investigación abiertas relacionadas con desapariciones.
- Reforzamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Si bien estas medidas buscan estructurar una respuesta institucional, nacen con una limitación evidente: la exclusión de los colectivos de familiares y organizaciones civiles que han trabajado durante años en la identificación, búsqueda y visibilización de esta crisis.
Este enfoque revela que el Estado sigue viendo la desaparición de personas como un problema técnico-administrativo, y no como una crisis humanitaria y de derechos humanos.
Organizaciones como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), la Red de Buscadoras México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC) y la Red Lupa, entre muchas otras, han desarrollado metodologías, recopilado información y formulado propuestas basadas en la experiencia y la realidad del país. Excluirlas de la estrategia nacional no solo es una omisión grave, sino una oportunidad desperdiciada para construir soluciones más eficaces y humanas.
Detrás de esta visión centralizada del poder persiste una cultura política arraigada: quienes rodean al gobierno, en lugar de cuestionar y enriquecer las decisiones, a menudo se limitan a la complacencia y la adulación, desactivando la exigencia de verdad y justicia.
Esta dinámica refuerza una relación vertical entre gobernantes y ciudadanos, donde las decisiones se imponen desde arriba sin aprovechar la inteligencia colectiva de la sociedad. La falta de diálogo y escucha activa con familias y colectivos no solo es un síntoma de desinterés, sino una muestra de la falta de voluntad política para enfrentar la crisis de desapariciones con la seriedad que exige.
Si realmente queremos respuestas efectivas, es urgente cambiar esta mentalidad.
Las políticas públicas en materia de desapariciones no pueden diseñarse desde la distancia, sino desde el diálogo y la colaboración con quienes han estado al frente de esta lucha. Son las familias, los colectivos y las organizaciones de la sociedad civil quienes han construido, con su compromiso, esfuerzo y conocimiento empírico y emocional, las rutas más efectivas para la búsqueda y la exigencia de justicia.
Sin embargo, este saber sigue siendo minimizado por el gobierno, relegando a estos actores a un papel secundario cuando, en realidad, deberían estar en el centro del diseño e implementación de cualquier política sobre desapariciones.
Transformar las buenas intenciones en acciones concretas de coordinación y colaboración es el único camino para obtener resultados efectivos y detener la tragedia de los desaparecidos.
Esto requiere adoptar enfoques de justicia restaurativa, colocando a las familias en el centro del proceso. No se trata solo de encontrar a los desaparecidos, sino de reconstruir el tejido social, reconocer el dolor de las víctimas y garantizar la no repetición.
Solo así podremos avanzar hacia una sociedad que realmente ponga la vida y la dignidad humana en el centro de sus políticas públicas.