Un torrente de encontradas opiniones fue registrado en la prensa escritas, electrónica y digital como signos de los tiempos que acompañaron el rudo debate que libraron senadores y senadoras, con motivo de la ampliación del plazo para que el Ejército y la Marina puedan participar en tareas de seguridad pública.
En la cotidianidad se reflejó en el debate la amenaza de dejar sin el resguardo y protección del Ejército en las calles. Pendiente la falta de formación de policías locales y municipales, motivos en los cuales se incluyen hasta los presupuestales. De una serie de razones dio cuenta la oposición y la no oposición en la construcción de una mayoría calificada que avale la reforma constitucional que se requiere con 87 votos a favor y 40 en contra de un quórum de 127.
Entre las lecciones legislativas se transparentan a la ciudadanía una víspera de tensiones que fue la aprobación del Dictamen, cuyo origen en la Cámara de Diputados transitaba a una reforma constitucional que requiere de la aprobación de las dos terceras partes de los senadores presentes en la sesión, lo que significa la asistencia de los 128 legisladores, y el recurso de 86 votos a favor, por lo que no pueden presentar ausencias.
Por cerca de cuatro días el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, acompañado de sus subsecretarios estiraban y apretaban las negociaciones con los dirigentes de los grupos parlamentarios. En la intermediación parlamentaria el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, integrando el grupo los senadores Eduardo Ramírez (Morena), Clemente Castañeda (MC), Miguel Mancera (PR), desplegando estrategias, tácticas, argucias todas las herramientas parlamentarias y políticas.
Se dieron propuestas, contrapropuestas, resistencias, argumentos, datos, cifras y reconsideraciones e incluso sonaron amenazas públicas y atajos presidenciales, no sin darle intensidad y color a la discusión que atrajo el interés público por sus resultados, también causó preocupación por el proceso de militarización del país.
Los legisladores dieron cuentas del contexto como el: incremento de la violencia, fallida estrategia de combate a la inseguridad, feminicidios, asesinatos de periodistas, trata de personas, tomando el pulso económico y jurídico, social y político sin faltar las coordenadas mundiales y brillaron en el debate Claudia Ruiz Massieu, Germán Martínez, Eduardo Martínez y Miguel Mancera.
En el Senado de la República el debate y la información es un asunto fundamental para la agenda pública, ligada a los temas del ciudadano común como es la seguridad pública. Si bien se trata de una legislación compleja, no por su complejidad no se acompañe de explicaciones sobre cómo se legisló, ni cómo se construyen las normas que todos debemos acatar pero además nos aportan soluciones a nuestra segura y compleja convivencia ni la política ni la actividad legislativa y jurídica debe quedarse entre las cúspides.
Y en el reloj legislativa también como resultado una controversia constitucional anunciada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Presentación de la propuesta
Con el quórum de Ley, se dio el registro de senadoras y senadores para los posicionamientos de los grupos parlamentarios o para su pronunciamiento individual. Correspondió al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Eduardo Ramírez presentar el Dictamen que sometió a discusión la reforma del artículo quinto transitorio que dio origen a la creación de la Guardia Nacional y el acompañamiento de las Fuerzas Armadas.
Volvió a la narrativa de una historia de tres años atrás que dio origen a cuatro leyes y la recepción de un Dictamen por parte de diputados que tiene como objetivo ampliar el plazo de cinco a nueve años a fin de que las Fuerzas Armadas acompañen a la seguridad pública interior del país capacitando a la policía local y estatal.
En su intervención el senador reconoció los méritos del Ejército y de las Fuerzas Armadas. Descartó que se avance por un proceso de militarización y sí por una propuesta complicada, consultada con académicos, especialistas, y con el concurso de las fuerzas políticas.
Correspondió al Sen. Rafael Espino de la Peña de la Comisión de Estudios Legislativos subir a tribuna, para explicar la propuesta consistente en la ampliación de cinco a nueve años el plazo en el cual el Ejecutivo federal puede disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades y presencia territorial. Se precisa para el desempeño de la misma, un enfoque de respeto a los derechos humanos, a los derechos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. También se dispone de la integración de una comisión de diputados y senadores, con la responsabilidad de vigilar “el cumplimiento de lo dispuesto en el proyecto y obliga al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a rendir un informe anual”.
La propuesta tiene el objetivo de auxiliar en tareas de seguridad pública, de manera regulada, fiscalizada, extraordinaria, subordinada y complementaria, “conforme a lo establecido por las Cortes Internacionales y lo acordaron por el conjunto y consenso de todas las fuerzas políticas en marzo del 2019”. Se agrega al compromiso “Intervención militar mínima con garantías al ciudadano, interpretación jurisdiccional especial, restrictiva, excepción y vinculada, como se determinó en el caso Radilla Pacheco, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Las razones
Para el senador Rafael Espino de la Peña (MC), se resume una historia de tres décadas de “malos diagnósticos, políticas erráticas, estrategias fallidas, falta de método, seguidos de números negativos, cambios de rumbo, corrupción ausencia de consensos políticos; crisis de funcionalidad y mala coordinación institucional entre los Poderes de la Unión”. Advirtió que se vive en materia de seguridad en un Estado de excepción de facto con 30% del territorio nacional, bajo la influencia delictiva del crimen organizado.
En las rutas de los números destacan en los fundamentos a favor de la propuesta de la integración de la Guardia Nacional, 118 mil elementos, 80% provenientes de las Fuerzas Armadas, con “prestaciones económicas, certidumbre y estabilidad laboral que se les dispensan a sus miembros y que contrastan con las que no tienen los policías civiles, estatales o municipales, con acceso a créditos, vivienda, servicio médico decoroso y expectativa de una pensión de retiro decente”.
Planteó el senador como objetivos rechazar la polarización y disponerse a una actuación científicamente con métodos, planeación, metas concretas y el diseño de la ruta para alcanzarlas; evaluar en forma transparente y exigiendo la constitucional rendición de cuentas”. Exhortó a la SCJN a resolver “en el ámbito de su competencia constitucional, por su importancia y trascendencia del asunto para la vida nacional, los cuestionamientos de constitucionalidad sobre las reformas legales en seguimiento a la estrategia de seguridad pública del gobierno”.
Recordó que existen controversias “constitucionales desde 2020 por el estado de Michoacán, los municipios de Colima y de Pabellón de Arteaga en Aguascalientes, en la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat contra el acuerdo presidencial del 8 de mayo del 2020, que dispone las características de las tareas de las Fuerzas Armadas en seguridad pública”. Agregó otras controversias más “como el que planteó la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la Ley de Guardia Nacional desde mayo de 2019, y de la cual ya existe un proyecto del ministro Javier Laynez Potisek, que está pendiente de debatirse”.
Desahogo de votos particulares
Desde tribuna el Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez (MC), sostuvo que parte del reconocimiento de su lucha por mantener la seguridad pública en manos civiles como mandata la Constitución. Dijo que la propuesta que se discute contraviene los principios que defienden. Señaló que tanto Fox, Calderón, Peña y ahora López Obrador equivocaron la estrategia, por lo que MC propone se mantenga un mando civil. Alertó que “el texto de la propuesta fijó una temporalidad limitada al accionar de las Fuerza Armadas en tareas de seguridad pública, en tanto de que el objetivo primordial siempre fue que auxiliaran de forma extraordinaria, mientras ocurre la profesionalización y el esfuerzo de las policías civiles se consolidaba”. Castañón Ramírez dijo que las modificaciones propuestas alejan los incentivos propuestos para el fortalecimiento de las policías y en tanto que incrementan la temporalidad de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, explicando que “se pretende regular sobre acciones futuras de otros gobiernos, no corrige la estrategia planteada y, en su lugar, engañan, vulneran la realidad, mienten y violentan la promesa de guardar y hacer guardar la Constitución”. Agregó que se “pretenda quitar el carácter extraordinario de la participación de las Fuerza Armadas en tareas de seguridad pública”. Afirmó que no están en contra de la Fuerzas Armadas y pidió a los legisladores de MC congruencia y valor.
Partido Movimiento Nacional de Regeneración (Morena)
Desde tribuna el Sen. Faustino López Vargas (QEPD), advirtió sobre diversos intereses que convergen en la desinformación existente, y se traduce en el incremento de la gravedad. Dijo que está en análisis la ampliación de 2024 al 2028, la extensión de la temporalidad de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y que las diferencias se presentan en el enfoque de respeto a los derechos humanos, priorizando los de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Destacó logros de las Fuerzas Armadas como son las estrategias para fortalecer las aduanas, la ejecución del plan de migración en las fronteras norte y sur, la vigilancia del espacio aéreo nacional, el combate al robo de hidrocarburos. Además de establecer estructuras, planes, estrategias para la ciberdefensa y la ciberseguridad.
Partido Revolucionario Institucional (PRI)
Claudia Ruíz Massieu Salinas cuestionó que quienes quieran vivir en paz, requiere de terminar con la violencia, la inseguridad y la impunidad, además de policías civiles capacitados, profesionalizados, bien pagados, reconocidos por la sociedad, de Fuerzas Armadas que mantengan su prestigio y aprecio social, que tengan claras las funciones y marco jurídico, dar fin a humillaciones y vejaciones por criminales, deben contar con un dictamen que resuelva el problema porque el que presentan no trata para nada de esos objetivos.
Expresó que el Dictamen busca cumplir con un capricho presidencial que busca “demostrar que se puede intentar doblar a la oposición en perjuicio de las instituciones democráticas, poniendo en riesgo nuestros derechos humanos, a la ciudadanía, a las Fuerzas Armadas que merecen y tienen todo nuestro respeto”. Manifestó que con este Dictamen se muestran “vulnerables y vulneradas en ese aprecio social, en su integridad física inclusive y en su espíritu de cuerpo”. Denunció que quienes están a favor del Dictamen han sembrado muchos falsos debates como el que supone que de ser rechazado el Dictamen de que la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas se retirarán del territorio y de su despliegue territorial. Sostuvo que ese debate es falso puesto que la Guardia Nacional es un cuerpo que crearon “por unanimidad y con tareas y despliegue en todo el territorio nacional, independientemente de si se prorroga o no la posibilidad de que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública”.
Destacó que las “Fuerzas Armadas también seguirán ayudando a las policías civiles de aquí hasta 2024, como señala la Constitución”. Precisó que, si no se prorrogara, el Titular del Ejecutivo mantiene la facultad de “poder utilizar a la Fuerza Armada permanente en auxilio de las policías civiles hasta en una situación extraordinaria y justificada”. Pidió dejar de mentir pues el problema no es tratar de estar a favor o en contra de las Fuerzas Armadas sino de fortalecer a la Guardia Nacional como un cuerpo civil. Documentó que la Guardia Civil se compone por elementos de la Policía Federal, la Naval y la Militar, seguido capacitar civiles como policía civil, sin embargo, esto no ha sucedido, por el contrario, se ha acentuado su perfil militar y sólo se ha formado la policía civil durante tres años.
Ruíz Massieu Salinas cuestionó la razón por la que aprobaron una Minuta que transfiere a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa y no han elevado la voz de denuncia. Calificó de fallida a la estrategia, señaló la falta de voluntad de conformar una Guardia Nacional como cuerpo civil. Calificó la estrategia de seguridad de fallida y denunció el incremento de homicidios, feminicidios, extorsión, secuestro y robo. En sustanciosa intervención desplegó una serie de argumentos y datos en la que sustentó su voto en contra del Dictamen.
Partido Acción Nacional (PAN)
La Sen. Kenia López Rabadán al justificar su voto particular expuso que el Dictamen no representa solución al problema de la violencia y denunció que se registran 36 mil desaparecidos, incremento de violaciones de derechos humanos; 130 mil muertos en cuatro años de gobierno de López Obrador. Sostuvo que el Dictamen es una aberración y contraria a la Constitución y que se le da más peso al quinto transitorio. Lo calificó como un capricho presidencial. Sostuvo que preocupa en términos democráticos porque su origen es la extorsión, la amenaza a los opositores, la traición a los electores, a las familias. Cuestionó el hecho de quien se opusieron por años a la militarización hoy la favorecen. Afirmó que la estrategia de seguridad no funcionó el que la violación de los derechos humanos es permanente. Denunció que mueren 94 personas al día, 11 son mujeres, 58 mujeres violadas, 35 comerciantes extorsionados y acusó al gobierno de hundir al país.
Movimiento Ciudadano (MC)
Juan Zepeda Hernández manifestó que se trata de un falso debate, de un asunto que la mayoría oficialista les refriega y que no les preocupa la seguridad. Se refirió a la propuesta de militarización que hace la mayoría oficialista. Negó que sea la única vía para reducir la delincuencia y compartió su experiencia como presidente municipal de Nezahualcóyotl, dónde le fue propuesto por Eruviel Ávila Villegas como gobernador y Miguel Osorio Chong como secretario de Gobernación, el mando único, mismo que rechazó para tomar la responsabilidad de la seguridad. Propuso un mando coordinado de los tres órdenes de gobierno. Dijo que nunca se negó a escuchar estrategias y le faltó voluntad política para dar resultados. Zepeda aseguró que hay otra ruta y también experiencia y la voluntad política que no tiene el gobierno federal ni los 22 estados que gobiernan.
Partido Acción Nacional (PAN)
El Sen. Damián Zepeda Vidales sostuvo que el debate que se está dando sobre la militarización es el más importante que se ha dado en el Senado de la República. Dijo que la seguridad ha sido militarizada, pero se busca militarizarla más. Aseguró que México está ensangrentado y que la estrategia de combate a la violencia no funciona. Advirtió que se discute la militarización porque el gobierno ha hecho uso político de la justicia, en la Cámara de Diputados por la vía de los votos. Denunció que es de sobra conocido de que harían un ataque frontal contra el diputado y dirigente del PRI, lo que fue acompañado de audios y que se definió como cauce un pacto de impunidad o si no hay culpabilidad se trata de un acto de impunidad. Entrado a fondo del tema, expresó que la Guardia Nacional está formada por 113 mil elementos, 100 mil de las Fuerzas Armadas; además y que “hay otros 100 mil elementos a cargo de la seguridad pública y hoy tenemos más de 120 mil homicidios dolosos en este país”.
Sostuvo que no pretenden que las Fuerzas Armadas no ayuden y que la Guardia Nacional se vaya, para reconocer que la oposición tuvo la altura de miras para impulsarla. Denunció que el Gobierno federal ha arrodillado a la Guardia Nacional ante el crimen organizado dejando a la sociedad abandonada. Alertó de que la oficialidad no tiene los votos para haber establecida la Guardia Nacional y se pronunció por formar un cuerpo fuerte de seguridad, afirmando que la Guardia Nacional no ha hecho nada y tampoco las Fuerzas Armadas. Negó que se diera un cheque en blanco al presidente que ha dicho que busca militarizar al país y sigamos la ruta del fracaso en materia de seguridad. Comentó que la Policía Federal que ha sido tan agredida tenía 30 mil elementos y presentó el doble de detenciones, denunció que en el pasado sexenio se daban 21 mil millones de pesos a la policía local y hoy se les destina 8 mil millones y negó estar a favor de la militarizar el país.
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)
El Sen. Ricardo Monreal Ávila expuso los siguientes planeamientos: el quinto transitorio significa el plazo del 24 de marzo de 2024 al 2028, el tiempo del plazo para que la Fuerzas realicen labores de seguridad pública en el país; 27 años de las Fuerzas Armadas prestando auxilió a la población; el espectro superior de las Fuerzas Armadas fue siempre “garantías constitucionales y base constitucional para actuar”; con el quinto transitorio en discusión le otorgamos a las Fuerzas Armadas su garante constitucional. Dijo que no se habla de leyes ordinarias sino de un transitorio. Sostuvo que nadie en su sano juicio puede pensar que en 18 meses que concluye el plazo exista un cuerpo policiaco del nivel del Ejército y las Fuerzas Armadas. Indicó que tras 28 meses tienen que regresar al cuartel. Cuestionó la razón por la cual involucrar a la militarización, ¿creen ustedes, con seriedad, que lo vamos a hacer en marzo del 2024? Donde la polarización, la crispación y el ambiente de desencuentro será real. Yo no creo que la elección vaya a ser un día de campo para nadie, yo creo que va a ser una elección competida.
“Por esa razón, ese es el tema de la oportunidad y de la previsibilidad, porque es una reforma previsible, que prevé lo que viene. Nosotros tenemos la obligación de prever acontecimientos futuros de realización incierta, esa es nuestra obligación constitucional y aunque algunos no quisieran tocarlo, díganme ustedes ¿qué va a suceder si la Corte, que está recibiendo los recursos de acciones de inconstitucionalidad sobre cuatro leyes que se aprobaron la semana pasada, resuelve en uno u otro sentido? ¿Qué pasaría si la Corte resuelve declarar inconstitucionales algunos artículos o todos de las cuatro leyes ordinarias que se aprobaron en materia de Guardia Nacional?
En una jornada legislativa que está llamada a ser histórica anticipan en la discusión: Julen Rementería del Puerto, Xóchitl Gálvez Ruiz, Sasil de León Villard, Jorge Carlos Ramírez Marín, Emilio Álvarez Icaza Longoria, Antonio García Conejo, Senadora Antares Guadalupe Vázquez, Alejandro González Yáñez, Rogelio Israel Zamora, Clemente Castañeda Hoeflich, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, Dante Delgado Rannauro, Beatriz Paredes Rangel.