Clara Jusidman
Datos recientemente publicados por Latinbarómetro obtenidos en el último trimestre de 2020 encuentran para México la caída en 10 puntos del apoyo de la población a la democracia donde pasó de 48 puntos a sólo 38%, entre 2016 y 2017. Ese indicador tuvo una recuperación de 5 puntos en 2020. Es decir, 43% aún cree en la democracia.
Ahora bien, el nivel más alto alcanzado por ese apoyo en México se observó en 2002, segundo año del Gobierno de Fox, donde llegó a 63 puntos. Lamentablemente, en 18 años de gobiernos de alternancia política, perdimos 20 puntos en la población que apoya a la democracia. De 63 pasamos sólo a 43. México nunca llegó a tener niveles como Costa Rica y Uruguay donde alcanzó al 80% de su población en algún momento.
Dos datos adicionales preocupantes: en nuestro país a 26% de la población le da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático y 22% opina que un gobierno autoritario puede ser preferible.
Recientemente un funcionario de alto nivel que participó en gobiernos anteriores, se preguntaba ¿qué hicimos mal para alejar a la población del apoyo a la democracia? Es una pregunta pertinente para aquellos que desde finales del siglo pasado, emprendimos una lucha contra del presidencialismo y la permanencia del PRI en el gobierno.
Si bien avanzamos en materia de democracia representativa, al crearse un instituto autónomo encargado de organizar las elecciones, actualizar los marcos legales y hacer que la ciudadanía tuviera confianza para ejercer su voto, no logramos que ese cambio político se reflejara en el bienestar de las personas.
Al cambio político, no siguió un cambio en la política económica. Hasta la fecha, muchos de los postulados del neoliberalismo siguen vigentes: baja tasa de impuestos, austeridad y reducción del aparato institucional del gobierno, equilibrio en las finanzas públicas, reducida tasa de inversión pública, entre otros aspectos.
También fallamos en promover y lograr una Reforma del Estado que modificara los marcos legales y la organización de los poderes heredados de los gobiernos priistas, de manera que hubiera mayores contrapesos al poder presidencial o se transitara a un régimen parlamentario. El gobierno de Fox se negó a poner en práctica un proyecto de Reforma que fue conducido por Porfirio Muñoz Ledo con la participación de más de 200 personas. Se perdió una oportunidad irrepetible.
Asimismo, continuó el deterioro de las capacidades del Estado con asignaciones presupuestales insuficientes para la educación, la salud, la vivienda, los servicios de agua y energía, la urbanización, la seguridad y el acceso a la justicia, acompañado de la privatización y subrogación de muchos de esos servicios como parte del modelo neoliberal.
En lugar, de poner énfasis en ampliar a todo el territorio nacional la disponibilidad y el acceso a servicios públicos de calidad, no se dio mantenimiento ni creció lo necesario la infraestructura social. Asimismo, las retribuciones, las formas de contratación y el reconocimiento al personal ocupado en esos servicios se fueron precarizando; maestras, policías, enfermeras, médicos adscritos a los servicios públicos, experimentaron una caída en sus niveles de vida. Trabajar en el servicio público se volvió un estigma.
Este deterioro intencionado de las capacidades del Estado para proveer servicios públicos de calidad y suficientes se hizo evidente con la pandemia actual: instalaciones de salud insuficientes, mal distribuidas en el país, sin equipos, medicamentos e insumos y con un personal sistémicamente mal tratado y desalentado; maestros sin los equipos y los conocimientos necesarios para impartir clases por las plataformas digitales, millones de estudiantes sin poder acceder a ese tipo de clases y un mayor deterioro físico de las escuelas.
La transición política hacia una democracia representativa, no fue acompañada por un fortalecimiento en la prestación de los servicios públicos sociales necesarios para avanzar en el bienestar de la población.
La pobreza y la desigualdad continuaron profundizándose. Los programas de ayudas monetarias iniciados a finales del siglo pasado, no son suficientes para paliar las causas estructurales de esos dos lastres.
Si a todo ello agregamos la política de contención del salario mínimo legal sostenida por más de 40 años y su efecto en las estructuras y organización de las familias para proveer servicios de cuidado suficientes, podemos ir respondiendo por qué más de la mitad de la población en México no apoya la democracia.
La recuperación del papel del Estado en la provisión de servicios públicos sociales y en la promoción de un desarrollo económico sustentable, equitativo e incluyente está en el centro de la construcción de un nuevo paradigma para el futuro en el mundo.