Elio Villaseñor
“La injusticia, en cualquier parte,
es una amenaza a la justicia en todas partes.”
— Martin Luther King Jr.
Vivimos en una sociedad profundamente afectada por la extorsión. Este delito, vinculado al crimen organizado y en ocasiones tolerado o facilitado por funcionarios coludidos, se ha extendido como una sombra que alcanza desde pequeños negocios hasta productores agrícolas.
La extorsión también controla la distribución y venta de diversos productos en muchas regiones del país.
Las víctimas, en su mayoría, tienen miedo de denunciar. Según datos oficiales, alrededor del 97% de los casos de extorsión no son reportados.
El temor no solo proviene de posibles represalias por parte de grupos criminales, sino también de una profunda desconfianza hacia las autoridades: policías, ministerios públicos y jueces que, en muchos casos, no investigan o incluso están implicados.
La sociedad, poco a poco, ha comenzado a normalizar esta situación. En muchas regiones se ha aceptado el pago de extorsiones como un “costo adicional para poder hacer negocios”.
Esta resignación es grave, porque convierte a la extorsión en un componente cotidiano de la economía informal.
Datos de Coparmex revelan que, en 2023, el crimen organizado recaudó cerca de 1,300 millones de pesos en extorsiones solo a negocios formales.
Por su parte, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reportó que el “cobro de piso” puede representar hasta el 20% de los ingresos de un pequeño comercio.
En algunos casos extremos, se registran pérdidas mensuales de hasta 50 mil pesos.
Este fenómeno impacta directamente en los precios de productos básicos.
Por ejemplo, en zonas de la Tierra Caliente de Michoacán, el precio del limón se disparó de 13 pesos a más de 50 pesos por kilo, debido al control del crimen sobre la producción y comercialización.
Lo mismo ocurre con otros productos como la tortilla.
Todo esto sucede a la vista de todos, y el problema continúa extendiéndose.
Una de las principales causas es la incapacidad institucional: muchas autoridades encargadas de combatir el crimen carecen de personal suficiente, de tecnología adecuada, y de unidades especializadas para atender casos de extorsión, especialmente en zonas rurales y marginadas.
¿Qué se puede hacer?
Lo que se necesita es fortalecer la capacidad operativa e institucional del Estado.
Algunas medidas urgentes son:
- Fortalecer las instituciones judiciales y policiales, dotándolas de personal capacitado y recursos suficientes.
- Aumentar la inteligencia e infiltración en grupos delictivos, con operaciones específicas contra quienes cometen extorsión.
- Proteger de forma efectiva a las víctimas y testigos, brindándoles mecanismos de denuncia seguros y acompañamiento legal.
La extorsión ha rebasado al gobierno en muchos territorios. Si no se toman acciones concretas y urgentes, la situación continuará deteriorándose, afectando la economía, la seguridad y el tejido social del país.
El gobierno no puede seguir postergando su deber principal: garantizar la seguridad de los ciudadanos.
No se trata solo de cifras o estrategias; se trata de proteger la vida y el sustento de comerciantes, empresarios y trabajadores que cada día enfrentan el acoso del crimen organizado.
Actuar con decisión y capacidad institucional es, hoy más que nunca, una necesidad impostergable.