Mesa de redacción
Existen dos formas de analizar los cambios en las estructuras políticas y jurídicas de México. El análisis a través del discurso de las palabras y el análisis a través del discurso de los hechos.
En las palabras, cada postulado tiene su carga ideológica y su carga de mercadotecnia política. La oposición que tan amargamente se queja de la pérdida de autonomía en decisiones técnicas por la extinción de ciertos organismos autónomos acusa la decisión del presidente López Obrador como un intento de destruir contrapesos y concentrar más poder en sus manos, aunque sea a través de interpósita persona en el edificio virreinal conocido como “palacio nacional” y que, paradójicamente, es la residencia presidencial de una república (aunque hoy sea una república a medias).
Por su parte, el oficialismo justifica esta decisión destructiva argumentando el ahorro de dinero y la disminución de la corrupción y el nepotismo.
El asunto de fondo es que ambas posturas tienen algo de razón.
Para todos los que hemos vivido en México y padecido la interacción con sus autoridades administrativas o judiciales, sabemos que mucho de lo que se hace es una simulación. La vox populi nos obsequia refranes de la vida para el mexicano, tal como “yo hago que trabajo porque la empresa hace como que me paga”. Nos gusta revestir de formalidades y burocracia acciones que sabemos que en el fondo son cuestionables desde la lógica y desde la ética, casi como Hernán Cortés legitimando sus inéditas acciones con su legalismo. Nos pesa una sombra histórica que no abandonamos, aquella que nos ha convencido de que el fin justifica los medios. Eso de que “La Patria es primero”, como decía Vicente Guerrero, es evidentemente otra simulación, porque los hechos hablan por sí solos y, desde las abrumadoras acciones del grupo en el poder, se evidencia que lo que es primero, es el poder por el poder. Ese poder que nos ciega con fantasías de millonario, como viajar en helicóptero.
En México no admitimos puntos medios, porque el “ganar-ganar” es casi imposible en nuestra cultura e idiosincrasia. Para acabar pronto, en México se trata de chingar o ser chingado, y la idiosincrasia no admite medias tintas. Por eso es que no podemos ver negociaciones civilizadas ni acuerdos aceptables para los diversos sectores e intereses que constituyen el país, sino que solo podemos visualizarnos con la carga histórica que no nos hemos sacudido: hay un conquistador y un conquistado, un ganador y un perdedor (al menos en la visión mezquina de los políticos).
Así las cosas, la oposición tiene razón en que la extinción de organismos autónomos le hará mas fácil el camino a López Obrador para tomar decisiones con mayor rapidez y sin ningún obstáculo de forma, pues en el fondo, ha concentrado ya los tres poderes de la “Unión.”
No obstante, López Obrador tiene razón en que los organismos autónomos cuestan muy caro, son un nido de nepotismo y, en realidad, son parte de un cascarón formal que deriva de los compromisos de México para cumplir su tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Las prestaciones y compensaciones de los “altos mandos” de esos organismos son, sin duda, un insulto a los mexicanos y, pues, la gente se da cuenta de eso. A la postre, tenemos que reflexionar sobre la famosa “autonomía”, pues en el caso mexicano se tambalea caminando por la cuerda floja.
¿Quiénes llegan a ser titulares, directores, comisionados o “altos mandos” de esos organismos? Hablando en serio, en sexenios anteriores, de todos los profesionistas en México con capacidad técnica y educación para desempeñar esos cargos, solo se seleccionaban a aquéllos que tenían algún contacto político. Alguien que los nominara, los propusiera, los apoyara. Siempre hubo alguien que le hiciera el favor a otro y siempre hubo alguien que debía pagar ese favor. Vamos, si usted tenía todos los grados y experiencia necesaria para desempeñar un puesto de alto calibre en esos organismos, pero no tenía contactos o amistades que lo impulsaran, la verdad es que no tenía posibilidad alguna de ganar. Así de fácil. No ha habido en México una apertura transparente para la selección de funcionarios que ocuparan los cargos en esos organismos y, la pérdida de esos espacios de privilegio es lo que tiene tan lastimada a la oposición. Les están quitando el último espacio de privilegio que les quedaba.
Tampoco podemos hacernos ilusiones con la restructura que ha ordenado López Obrador porque la transición de funcionarios y la adscripción de funciones a nivel centralizado en la administración no va a resolver el problema de fondo. Los nuevos funcionarios centrales le deberán a alguien el favor de su designación como los antiguos funcionarios de los organismos autónomos se lo debían a alguien más. Es posible que se ahorre dinero en estructuras, sin duda, pero ese ahorro, comparado con las necesidades de ingresos del país, será marginal en el mejor de los casos.
La opción tal vez era fortalecer la educación superior, fomentar la colegiación de profesiones y sanciones por falta de capacidad técnica o carácter moral para ser profesionista (como se hace en los Estados Unidos) a los malos funcionarios y mejorar el proceso de enseñanza para materias técnicas que son el objeto de esos organismos autónomos. También debió haberse fortalecido al poder judicial, que era el único que por definición debía de ser independiente.
La estrategia de fortalecer la capacidad técnica responde a la necesidad de contar con profesionistas con mayor credibilidad, independientemente de su ideología política. Es decir, con mejor educación tendríamos mejores posibilidades de tener funcionarios capaces independientemente de sus relaciones personales y padrinazgos.
Destruir no era la opción. La opción era profesionalizar. En el sexenio de Vicente Fox, se dieron los primeros pasos de esa profesionalización con la creación del servicio civil de carrera para funcionarios públicos. Desafortunadamente, una idea tan lógica y extraordinaria, no encontró eco en sexenios posteriores (del PAN y el PRI), porque los políticos de todos los partidos querían tener el hueso de los altos mandos para el intercambio de favores. Por eso es que no les convenía formar cuadros profesionalizados. De hecho, si desde Fox se hubiera continuado fortaleciendo el servicio civil de carrera en la función pública y los ascensos a todos los niveles en los sexenios posteriores, daría exactamente igual si las funciones de los “organismos autónomos” se realizaran desde un nivel central, porque tendríamos cuadros de personal con más experiencia, educación y capacitación.
Lo que hoy tenemos es un Frankenstein de un Frankenstein. A veces copiamos modelos extranjeros y a veces nos ofende el orgullo el copiar esos modelos y queremos desarrollar (a medias) nuestras propias instituciones. El problema es que no sabemos respetar instituciones porque no nos enfocamos en sus funciones sino en la distribución de puestos (huesos) y en el pago anticipado de favores.
De todos los organismos extintos, creo que el único que merecía independencia y autonomía absoluta era el INAI, porque nos permitía saber en qué se usaba el dinero de todos. Eso si nos debe doler, porque ahora estaremos en una situación de opacidad que nos lleva al atraso institucional y le manda el peor mensaje a los mexicanos: es mejor operar “en lo oscurito”.
Al final, en realidad se trata de un cambio de grupos privilegiados por otros de distinta extracción. Un reacomodo de oligarquías y nada más. Y como diría nuestra querida Silvia Pinal: acompáñenme a ver esta triste historia, porque los mexicanos sumidos en el conformismo de su pensión o su beca, se olvidan que tienen capacidad para generar y para exigir más. En el pecado se lleva la penitencia.