¿Quién las para?
Las protestas de miles de mujeres por el incremento de la violencia y los feminicidios alcanzan niveles de mayor crueldad, sacuden el país y simultáneamente muestran las torpezas gubernamentales, se desdibuja el nivel del compromiso y la eficacia del nuevo régimen hacia más de la mitad de su población: las mujeres.
¿Se escuchan y se atienden con el grado de importancia y seriedad que significan las protestas de las mujeres? ¿Vive México una emergencia nacional por la violencia de género? ¿La violencia de género puede asumirse como un problema estructural? ¿Pueden las muertes de niñas y adolescentes asesinadas mirarse como problemas aislados? ¿Cómo enfrentar el desafío que viene representando la violencia contra las mujeres? ¿Puede una sociedad aceptar que un sector sea víctima de la violencia sin emprender acciones decididas para la erradicación de esa violencia? ¿Puede la violencia contra las mujeres no encontrar dique ni tipificación en los territorios de la justicia? ¿Han sido prioritarios para el Estado y los gobiernos los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y adultas mayores?
Las demandas de las mujeres están en la mesa de los congresos, en las asambleas, en los espacios de las secretarias de Estado, en los gobiernos estatales, las fiscalías, municipios, sindicatos y despachos privados. Destaca el acoso sexual, la desigualdad de géneros en lo político y social, inequidad salarial y de oportunidades.
¿Qué entendemos por feminicidio a la luz de nuestras leyes, especialmente en el Código Penal Federal y lo establecido en el artículo 325 que establece que lo comete quien priva de la vida a una mujer por razones de género y se precisan una serie de condiciones: existencia de signos de violencia sexual, aparición de lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes; historia de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar; la existencia de una relación sentimental, afectiva o de confianza entre la víctima y el victimario; amenazas; acoso o lesiones relacionadas con el hecho delictuoso; incomunicación de la víctima y la exhibición de su cuerpo en un lugar público.
Ante el horror de ver cuerpos femeninos desnudos que han sido desollados, decapitados, mutilados, maniatados, sexualmente vejados, torturados, y mostrados por la prensa o en la reserva de los archivos policiacos. ¿ Qué puede dialogar una sociedad con ella misma, cómo puede hacer frente a sus retos, en dónde empiezan los quebrantos sociales y termina la violación de los derechos humanos con toda su gravedad.?
Ante los hechos violentos se concluye por los distintos grupos feministas de larga data o de nueva aparición el que la violencia de género es un problema estructural que se patentiza con su incremento y exhibe distintas expresiones que van desde el discurso anodino hasta el desollamiento, esto es dejar sin piel a un cuerpo, como también al cuerpo del sistema social y político que se dice en transformación, mostrando las distintas faces de una cultura machista que no revoluciona sino que involuciona con su cara autoritaria.
La equidad de género no se ha traducido en políticas públicas a favor de las mujeres, sino por el contrario, incluso ha significado la reducción de programas públicos y asignaciones presupuestales con su reflejo en la reducción de guarderías, estancias infantiles, escuelas de tiempo completo que no sólo representaron las conquistas de la lucha de género sino las necesidades de las mujeres al irse incorporando al sector laboral.
Las edades de las mujeres que son asesinadas no ofrecen distinciones en rango de tiempo o clase, lo mismo son niñas que adolescentes, o en el esplendor de la edad o en la madurez que en la tercera edad. La crueldad o mejor dicho la bestialidad con la que son asesinadas, incluso dan muestra de señales de tortura, traslucen la descomposición de una sociedad enferma, pero también el perfil de una autoridad no preparada para asumir los desafíos con eficacia lo mismo en el orden del poder federal que municipal.
Miles de mujeres vienen alzando la voz, incluso gritan, protestan, reclaman, toman la calle, pintan monumentos, rompen cristales, causan destrozos al paso o al trote de la marcha incendian, porque van incendiadas por miles de chispas acumuladas en flamas en un cumulo de años de agresiones.
No hay espacio límite para asesinar a una mujer, para torturarla. No lo imponen ni las universidades ni las calles ni los transportes ni los hogares ni el ámbito de trabajo ni la oscuridad o la luz. Escalofriantes son los datos revelados por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que fueron difundidos en enero de 2020 y que señalan que de enero a diciembre de 2019 se registraron 976 presuntos delitos de feminicidio, un promedio de dos y más por día.
El otro dato va sobre las cifras criminales que arrojan las entidades federativas que presentan más delitos relacionados con los feminicidios como es Veracruz con 157, Estado de México con 122, CDMX con 68, Nuevo León con 67 y Puebla con 58. Los datos nos muestran que la violencia contra las mujeres no decrece, sino que aumenta y que con mayor bestialidad resultan asesinadas en una suerte de venganza o resentimiento en la ruta del desarrollo educativo y laboral con las que muchas se han comprometido.
No podemos permitir que la delincuencia cobre su mayor expresión, su vértice en la violencia que se ejerce sobre niñas, adolescentes y mujeres de mediana edad, no puede imperar una visión vertical y machista sobre una situación de criminalidad que viven las mujeres y que tienen la semilla en el autoritarismo que corre desde lo familiar hasta el poder público.
No hay sector social que no haya manifestado su preocupación ante la inseguridad en la percepción que tiene la población que es de 72.9% ocurrido en diciembre de 2019, tras encontrarse este dato 71.3% en septiembre de 2019. Cabe anotar que la percepción de inseguridad fue mayor en las mujeres, con 77.2% del total; mientras que para los hombres fue de 67.8%, según declaro Juan Pablo Castañón, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Animal Político, elaborado por el periodista Daniel Moreno en su dinámica de Internet que se destaca por su tratamiento del tema sobre inseguridad como también de los feminicidios, nos comparte un registro de datos como los siguientes: que en los últimos cuatro años y medio, uno de cada cinco asesinatos de mujeres en México se tipificaron de inicio como posible feminicidio, debido a que los protocolos de la Corte y del Consejo Nacional de Seguridad deben ser indagados con la hipótesis de violencia de género.
Si la década pasada puede ser violenta para las mujeres, la década del 2020 se inaugura con una violencia mayor que también tiene entre sus víctimas a las niñas. En un reportaje publicado por el diario El País sostiene que el informe presentado por la Secretaría de Seguridad Pública reconoce un aumento de las víctimas de cinco delitos prioritarios. En ese desfile de cifras los feminicidios transitan de 912 en 2018 a 1,006 en 2019 y al respecto de los secuestros de 1,559 en 2018 a 1,614.
Y los registros de los feminicidios van al alza también en un informe publicado por El Financiero que registró que se incrementaron al 111%, y su evolución histórica ha registrado un crecimiento constante. Conforme a los datos proporcionados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), informó que los municipios con más feminicidios en el país son Ciudad Juárez, Chihuahua; Culiacán, Sinaloa, seguidos por Monterrey, Nuevo León; Acapulco, Guerrero; y Ecatepec, Estado de México.
Entre los datos se apunta que durante 2015 la tasa de feminicidio fue de 0.7 por cada 100 mil mujeres, cifra equivalente a 411 casos totales. Y durante 2018, la tasa alcanzó 1.48 feminicidios, cantidad equivalentes a 891 casos, para 2019 le cifra continuó al alza. En declaraciones de la senadora Josefina Vázquez Mota presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, reconoce que en México hay una epidemia de feminicidios, de desapariciones y que, lo que se suma al desamparo de niñas y adolescentes, lo que influye que los crímenes contra menores crezcan día a día.
La senadora y excandidata a la gubernatura del Estado de México sostuvo que conforme a los datos de México Evalúa, el incremento del feminicidio infantil en México es de 96% solamente durante el periodo que comprende del 2015 al 2019, además de que cada día son asesinadas 10 mujeres en el país. Destacó que en 2019, 98 niñas fueron asesinadas por la sola razón de ser mujeres.
Lo cierto es que la lucha contra la violencia y los feminicidios se traduce en un despliegue ciudadano en varios frentes y de forma muy especial en el terreno de las reformas y de las leyes, en este sentido, tiene singular importancia que en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, levantaron un muro de reclamos de zapatillas rojas y modificaron un dictamen que reforma el Código Penal Federal para aumentar, de 60 a 65 años, la pena máxima de prisión para quien cometa el delito de feminicidio, y establecer la mínima en 45 años, en lugar de 40.
Imborrable en el ambiente las declaraciones presidenciales que se emitieron en la conferencia matutina culpando al liberalismo de los feminicidios. Al tiempo que se encontraba a una niña secuestra, asesinada y violada. Con 415 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, los legisladores modificaron el artículo 25 del Código Penal Federal estableciendo un nuevo límite máximo para la pena de prisión y con ello poder incrementar en cinco años la pena para el delito de feminicidio.