Estamos viviendo una tragedia en el mundo y en nuestro país cuyas dimensiones, efectos y duración son una gran incógnita. A estas alturas, a 20 meses de las primeras noticias sobre el virus SARS-COV2, no hay persona que no haya sufrido la muerte o contagio de algún familiar, amigo, compañero de trabajo o de escuela.
La magnitud de los daños varía de acuerdo a los niveles de riqueza de los países y de las personas, de las capacidades estatales en materia de salud existentes, de la disposición de las personas para aplicarse las vacunas y, de manera muy importante, de las decisiones aplicadas por los distintos gobiernos para enfrentar la crisis sanitaria y económica.
Cabe preguntarnos si quienes están a cargo de las altas decisiones de gobierno, están cumpliendo con sus obligaciones de proteger, respetar, promover y garantizar nuestros derechos humanos y en este caso, nuestro derecho fundamental a la vida y a la integridad física.
Preguntarnos si esos funcionarios, más allá de los números y las estadísticas, están conscientes de la magnitud del daño y la tragedia sanitaria, económica, social y emocional que estamos viviendo; si visitan y registran el dolor y la muerte que se vive en los hospitales o los cientos de cadáveres que estos entregan a sus deudos, ”emplayados” en bolsas de plástico, para que pasen a las filas a fin de ser incinerados, sin la posibilidad de ver si realmente esos cuerpos pertenecen a sus seres queridos de los cuales además, no pudieron despedirse.
Si se percatan de lo que está viviendo el personal de salud que atiende a los enfermos sin las protecciones debidas, sin equipos e insumos suficientes, ni condiciones dignas de trabajo, a riesgo de sus propias vidas y con un profundo agotamiento físico y emocional.
O si conocen del sufrimiento de familias que han perdido sus trabajos, sus ingresos, su patrimonio o han sido desalojadas de sus viviendas y han tenido que refugiarse en las viviendas de otros o pernoctan en las calles, pasan hambre y mayores riesgos de contagio.
El 11 de agosto pasado el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo presentó una propuesta denominada Renovar políticas para un nuevo curso de desarrollo en México en donde destaca la importancia de definir de manera intencionada estrategias, políticas y programas, así como establecer prioridades frente a la emergencia sanitaria, social y económica que nos agobia y no parece tener fin. Es un llamado para la acción corresponsable y urgente a fin de evitar que sea la inercia la que prevalezca como criterio para enfrentar el futuro, bajo la creencia de que todo se va a arreglar y vamos a volver, en algún momento, a las situaciones de normalidad prepandémica.
Dentro de sus propuestas de acción urgentes incluye acelerar el paso a un sistema de salud universal, enfrentar de forma prioritaria la emergencia social y atender las necesidades de empleo con apoyo y rescate a las empresas, sobre todo las pymes, en los sectores y regiones más dañadas por la crisis.
El lunes 23 de agosto México recibió 12 mil millones de dólares de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional es decir aproximadamente 240 mil millones de pesos. Si pudiera encontrarse la manera de utilizarlos para enfrentar la crisis sanitaria y económica, representaría un equivalente del 35% del gasto presupuestado para la Función Salud en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) que es de 664 mil 660 millones de pesos, que sólo representa el 2.7% del Producto Interno Bruto y el 10.6% del presupuesto total y es menor al presupuestado efectivamente para 2020.
Si esos derechos de giro pudieran transformarse en recursos presupuestales, podrían destinarse a superar los obstáculos logísticos y acelerar la vacunación, dotar al personal de salud de dispositivos de protección suficientes y de calidad y de insumos y equipos para atender a los pacientes, así como llevar a cabo una urgente y necesaria recuperación y adecuación de las escuelas para reducir los riesgos de contagio de la población escolar, de sus maestros y de sus familias.
Urge una estrategia del gobierno y del Congreso que asuma y enfrente la tragedia que estamos viviendo.