A cuatro años de distancia quizá sea pertinente hacer un balance preliminar de algunas políticas y decisiones relevantes del gobierno federal. El propósito es intentar entrever sus principales efectos sobre el bienestar de los mexicanos. Abordaré sucintamente los siguientes tópicos que considero importantes por su impacto a corto y largo plazo: entramado legal e institucional; informalidad; salarios; salud, entre otros. El común denominador que tienen todos estos factores es la subversión del estado de cosas del país (status quo). Por ello creo decisivo trazar las principales líneas de esos cambios y sus posibles consecuencias.
Mi hipótesis es que no sin razón, el presidente desconfía de las leyes e instituciones que rigen a México. Ya son clásicas dos de sus frases: “Al diablo con sus instituciones” y “No me salgan con que la ley es la ley”. Es sabido que en buena medida el tramado institucional y legal responde a los intereses de las élites, y en particular de la oligarquía plutocrática. El fenómeno es universal, no privativo de México. Por ello hay un enorme descontento y desafecto con la democracia. En este contexto, la respuesta de la gente ha sido elegir como gobernantes a hombres carismáticos, cuyo propósito ha sido concentrar el poder.
En nuestro caso, y a sabiendas de los vaivenes de la política de un sexenio a otro, el presidente ha otorgado al ejército sus obras emblemáticas. Con esa medida pretende evitar su privatización o que las dejen morir de inanición. Así supone que serán salvaguardadas de leyes que pueden ser cambiadas por mayorías obsecuentes en el Congreso o vendidas y arruinadas por otro jefe del Ejecutivo. A eso ha llevado la desconfianza presidencial en las instituciones y las leyes. Lo adecuado habría sido un nuevo diseño institucional y favorecer la participación ciudadana en decisiones de interés colectivo. Al asignarlas al ejército, de facto se privatizan: serán manejadas de acuerdo con los intereses de la corporación militar y no del interés público o de la nación.
Buena parte del esfuerzo presidencial ha sido debilitar a las instituciones y los contrapesos del poder. Tales son los casos de la misma Constitución, que, si no puede modificarla, cambia las leyes secundarias sin importar que violen a la ley superior; la Suprema Corte de Justicia mediante la destitución de un ministro (por cierto, corrupto) y la cooptación mediante nombramiento de ministros o la intimidación; la misma suerte le espera al INE y a otros órganos autónomos, como la CNDH, por mencionar dos casos emblemáticos. La ley fundamental y las leyes secundarias, así como de estas estructuras institucionales requieren cambios sustanciales para fortalecerlas. Su destrucción o desmantelamiento van a lastimar a quien dice proteger: a los pobres.
Le ley se ideó para evitar la arbitrariedad y establecer un mínimo de condiciones para que el más fuerte, poderoso o rico no aplaste a los menos pudientes. Igualmente es la guía y el soporte que hace posible la convivencia pacífica. De esta manera, el riesgo de destruir las leyes y las instituciones puede desembocar en una crisis política y violencia. Ciertamente las leyes y las instituciones tienen muchos sesgos, pero lo que se requiere es una ingeniería constitucional e institucional para que respondan al interés general, sin menoscabo de las minorías. El fin es evitar la concentración del poder y la riqueza en pocas manos. Ganan los poderosos si se devastan leyes e instituciones en vez de mejorarlas.
La devastación institucional, ya de por sí preocupante por los riesgos de violencia y anarquía que corre nuestro país y agravada por el dominio territorial de bandas delincuenciales en zonas muy amplias del territorio nacional, también se extiende al ámbito económico. Cabe decir primero que el presidente ha impulsado cosas trascendentales en el salario mínimo y el outsourcing o subcontratación de trabajadores por terceros que los despojan de derechos y en los hechos son una especie de esclavos modernos que precariza el trabajo. En cuanto al salario mínimo, su incremento ha sido espectacular. ¿Quién en su sano juicio estaría en desacuerdo en estos cambios tan nobles y notables?
No obstante, pongamos en perspectiva los cambios. Una vieja ley establece que cuando una variable se mueve las otras también se alteran. En efecto, la mejoría del salario –aunque sin parangón es aún insuficiente para adquirir la canasta básica– tiene algunos aspectos que vale la pena valorar para poner en su justa dimensión sus beneficios. Como es sabido, en México la mayoría de los establecimientos empresariales son micronegocios y pequeñas empresas. Un salario mínimo mayor representa una onerosa carga para su supervivencia, en particular para las empresas formales pues suben pagos al IMSS, bonificaciones como prima vacacional, aguinaldo y reparto de utilidades.
Estos factores obligan a muchas empresas a refugiarse en la informalidad, en donde todos pierden: los emprendedores, trabajadores y consumidores. Para que decisiones como el aumento al salario mínimo no induzcan las PyMES a la economía clandestina es menester acompañarlas con una batería de políticas públicas, tales como un eficaz sistema de salud universal que no implique un gasto insostenible, así como estímulos fiscales. El caso es que cuando se mueve una pieza sin atender a todo el entramado económico termina haciéndose daño en lugar de beneficiar a los más pobres que perciben un salario mínimo.
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Si el gobierno se proponía fortalecer lo público sobre lo privado, los indicios apuntan a que está ocurriendo lo contrario. Quizá donde se puede observar con mayor nitidez cómo se fortalecen los mercados privados y muchas veces mercados negros, es el sector salud. La mayor debilidad del sistema público sanitario, de por sí en condiciones críticas, a consecuencia de los cambios realizados por el gobierno federal han sido el fortalecimiento de los consultorios privados, primordialmente los de los adyacentes a las farmacias. Y la escasez de medicamentos que se padece ha favorecido el contrabando, la falsificación y venta de productos caducos. Florecen la informalidad y los mercados negros cuando falta planeación, previsión y se introducen cambios parciales.
En suma, el debilitamiento de las leyes y de las instituciones, así como políticas públicas realizadas con buenas intenciones, pero sin una visión integral, están socavando sustancialmente la viabilidad del país. A este complejo panorama se suma la transición presidencial, la posible recesión de la economía de Estados Unidos, nuestro motor económico tanto por las exportaciones y los flujos de remesas y divisas por turismo. Y ni hablar de la violencia creciente. Se avecinan tiempos nublados.