Mesa de redacción
Se anota sobre la agenda política del país la necesidad de reformar al poder judicial, más específicamente a la Suprema Corte, con el objetivo de cambiar la forma de nombramiento de los ministros.
Para el presidente es esencial que los ministros se nombren por voto popular, ya que el presidente es un gran operador político y tiene –junto con el partido político Morena– capital de esa naturaleza que le alcanza para administrar elecciones transfiriendo su popularidad personal a sus candidatos.
Para el estado de derecho, la elección de ministros tiene que mantenerse como está actualmente, si acaso algo debe fortalecerse al momento de ratificarlos es la experiencia laboral, formación jurídica especializada y, sobre todo, perfiles imparciales para que sea efectiva la autonomía entre poderes.
Sin embargo, para que el estado de derecho mejore en México, no podemos depender únicamente de la Suprema Corte, ya que los asuntos de justicia ordinaria no los decide ese órgano jurisdiccional. ¿Entonces, qué debe reformarse?
Lo que debe reformarse es la formación académica de los abogados. Abundan las universidades de baja calidad con ¨reconocimiento de validez oficial de estudios¨ porque se privilegia la forma sobre el fondo, los criterios cuantitativos sobre los cualitativos y, la carrera de derecho, se vuelve una simulación en la que se forman muchos profesionistas mediocres y poco éticos.
La carrera de derecho es víctima de esta simulación porque para su impartición solo se requiere un espacio físico y libros. No se requiere infraestructura especializada como sí se requiere para medicina, biología, química, etcétera.
Esta relativa simpleza en la infraestructura necesaria para impartir la carrera de derecho ha traído consigo que oportunistas de la educación y autoridades educativas impartan y autoricen respectivamente planes de estudio e instituciones educativas que no cumplen con los filtros académicos y éticos para que el alumnado reciba educación jurídica y ética de calidad.
Ante las diferencias y rezagos sociales existentes en México, el estado quiso democratizar de forma masiva el acceso a la educación superior, pero la masificación del acceso a instituciones superiores no cumplió con características necesarias de calidad porque lo que se buscó fue la rapidez y el negocio y no la dignidad, el decoro y la profundidad de estudio y pericia técnica en el ejercicio de la profesión. Los litigios son una versión refinada de pleitos de barrio.
Por ejemplo, cada vez son menos los requisitos para titularse, sin tesis profesional, sin examen profesional, sin examen general de conocimientos –como en los Estados Unidos- sin tesina, por promedio meritorio, etcétera.
Esta falta de calidad y de control en el acceso del alumnado ha derivado en vergonzosas y deplorables situaciones que han perjudicado a la abogacía en México, como el escandaloso episodio de los supuestos plagios de la Ministra Esquivel o las tristes notas de prensa en las que abundan la corrupción y los fraudes que tienen que ver con autoridades judiciales y practicantes privados por igual.
Las victimas inequívocas de la falta de ética y capacidad técnica son los justiciables, la gente de a pie, pues. Quienes padecen entre leguleyos y oscuridad de abogados patronos y autoridades. Y es que definitivamente se necesita un filtro de mayor profundidad y vocación académica y ética para ser abogado.
Por ejemplo, ¿por qué razón no tenemos en México un examen nacional de responsabilidad profesional como requisito previo a la titulación como se hace en los Estados Unidos? La razón es política, por la flojera para estudiar y que, ciertamente, muchos alumnos no lo pasarían. Sería una decisión impopular que costaría votos.
Esos alumnos se vuelven miembros de la administración pública, el poder legislativo, el judicial o practicantes privados que constituyen un daño para el sistema político y jurídico del país. De ahí viene la corrupción, porque la gente no tiene forma de responsabilizar a los abogados del sistema. El prestigio de la ¨toga¨ ha quedado cuestionado. Para muestra quedan las actuaciones de las ministras Loretta Ortiz y Yasmin Esquivel.