A lo largo del sexenio que está por terminar, el poder judicial federal detuvo diversos intentos de la administración para alterar el estado de derecho en México y sus equilibrios de poder.
Destacaron, entre otras, las decisiones para proteger la institucionalidad y funcionamiento del INE y del INAI. Estos dos asuntos son relevantes porque representan el intento más básico de autoritarismo: debilitar al árbitro electoral y mantener la opacidad en detrimento de la transparencia en el uso de recursos públicos.
Ese deseo autoritario se extendió, inclusive, con controversiales nombramientos dentro del propio tribunal supremo, con la exhibición pública de las controversias alrededor del título profesional de la ministra Esquivel y las excentricidades y arrogancia del ministro Zaldívar, temas que confrontaron a la propia Corte y sus ministros, donde quedó claro que Ortiz, Esquivel y Zaldívar están al servicio del presidente.
Con todo, el máximo tribunal sostuvo -casi con alfileres- la interpretación jurídica constitucional para que el frágil estado de derecho mexicano continuara su funcionamiento en términos integrales y consistentes con el espíritu de su norma suprema. Es decir, en palabras básicas: no cedió ante los intentos del poder ejecutivo de debilitar organismos constitucionales autónomos y dar paso a un mayor autoritarismo del ejecutivo, empeñado en hacer de México una Cuba, una Venezuela o una Nicaragua.
En vista de que el encono y la confrontación han sido el distintivo (exitoso para ganar la elección presidencial pasada) de la estrategia política de la actual administración, se mantendrán los ataques del poder ejecutivo a los otros poderes y organismos autónomos para someterlos o controlarlos. Una de esas estrategias de ataque es tratar de reformar al poder judicial para destruir sus fundamentos técnicos y volverlo un cómplice que no cuestione las políticas públicas del ejecutivo.
Utilizando la figura de Noroña como vocero, el presidente ha propuesto la idea de una nueva constitución general de la república, como parte de la agenda del proyecto político de su partido, anticipando que, con el uso del presupuesto destinado a programas sociales para ganar votos en 2024, su candidata ganará las elecciones presidenciales.
Dentro de los cambios que quieren implementar en esa constitución, se incluye un mecanismo de elección de jueces, a través de voto popular. Esto es un despropósito para el carácter técnico y especializado del poder judicial, ya federal ya local, donde los jueces no únicamente se forman por años y mantienen una educación continua y exámenes de oposición para acceder a esas magistraturas, sino que también están sujetos a acciones disciplinarias a través del Consejo de la Judicatura. Es decir, los jueces llegan a serlo por examen de oposición y a través de una carrera judicial, sujetos a escrutinio y disciplina del Consejo de la Judicatura.
Para contar con un estado de derecho que medianamente se sostiene, tropezando con frecuencia en los baches del estado fallido, es indispensable mantener el funcionamiento del poder judicial en sus términos actuales. De hecho, el poder judicial debe fortalecerse y no debilitarse, ya que su capacidad técnica es la única garantía para evitar los engaños y las promesas falsas que en campaña hacen los funcionarios electos por voto popular.
Si acaso, es necesario un cambio en la formación de los abogados, por ejemplo, en la forma de titulación. En México, impartir la carrera de abogacía es “barato” para las universidades, ya que no requiere mayor infraestructura que salones y butacas. Los insumos son libros y leyes, a diferencia de carreras que requieren laboratorios, equipo tecnológico, actividades de campo, etcétera.
Reforma al poder judicial. ¿En qué consiste?
Esta característica de la carrera de derecho ha hecho que diversas universidades “impartan” la carrera de abogacía indiscriminadamente y con muy baja calidad. En muchas, ni siquiera se requiere una tesis para titularse, ya que a veces, terminan plagiadas.
Tal vez podríamos mejorar la calidad de los abogados durante su formación a nivel licenciatura, requiriendo que, previo a su titulación, presenten un examen nacional general de conocimientos técnico-jurídicos y un examen de ética y responsabilidad profesional, tal como se hace en los Estados Unidos. Sin embargo, una medida así de sólida y profesional sería impopular y, por lo tanto, jamás podría ser propuesta por legisladores del partido en el poder, ya que lo que se sigue buscando son votos y no cambios que en realidad beneficien al país.