El problema, de nuevo, es que no le damos tiempo a ningún programa o institución de madurar de forma transexenal.
Debe llamarnos la atención que mientras otros países que se encuentran dentro de las 20 economías más grandes del mundo, debaten asuntos como la regulación de la inteligencia artificial, la conectividad universal, la exploración espacial, la planeación demográfica responsable, la medicina genómica, la restauración de ecosistemas terrestres y oceánicos, la nanotecnología, la transición energética a energías limpias, las reformas a los sistemas de pensiones y la migración calificada para el sostenimiento a largo plazo de las propias pensiones, en México no hemos resuelto problemas que nos han azotado por generaciones y que son temas que, al no superarse, se traducen en que nuestro país no puede proporcionarle a sus habitantes las condiciones mínimas de vida para el desarrollo humano integral.
Para el Congreso mexicano, parece ser que el cambio de las leyes implica un cambio automático en la realidad. Por ejemplo, los organismos constitucionales autónomos existen para fortalecer la división de poderes y la gobernabilidad en aspectos que requieren una regulación técnica. No podemos ignorar su utilidad ni podemos borrarlos de un plumazo. El éxito de la política pública no ocurre por magia. Ocurre con trabajo, ensayo, error, persistencia, capacidad técnica, capacitación y continuidad.
Cuando nos limitamos a la división de poderes tradicional, en ejecutivo, legislativo y judicial, nos hemos encontrado con la desventaja política del intercambio de favores y votos para lograr resultados específicos. Necesitamos organismos constitucionales autónomos para que sirvan de contrapesos técnicos a la política.
Estamos detenidos en nuestra evolución parlamentaria, política y de sentido común al observar la dinámica de las sesiones legislativas.
No tenemos discusión inteligente y de altura.
No tenemos técnica parlamentaria para analizar las leyes y debatirlas de acuerdo con sus méritos constitucionales y necesidades sociales.
No tenemos estudios patrocinados por el Congreso y publicados de forma transparente para que nos hagan saber cuáles son las verdaderas razones para modificar la constitución o la legislación secundaria.
Pero si tenemos una propensión muy alta a la violencia física y verbal. ¿Por qué pensamos que sólo con modificar leyes vamos a cambiar al país en vez de fortalecer y mejorar las instituciones existentes, dándoles tiempo y espacio para madurar?
Ante el embate contra los organismos constitucionales autónomos, el poder judicial ha sido el último bastión de protección al estado de derecho, en contra de una tendencia política de dominación institucional y de voces disidentes.
La reforma del estado, incluyendo la energética de 2014, lograda con el pacto por México, negociada por Enrique Peña Nieto, no vivió más de cuatro años al llegar la administración de 2018 al poder. El Seguro Popular terminó su vida para dar paso al Insabi y ahora el Insabi está por desaparecer para ser absorbido por alguna otra institución, tal vez el IMSS.
El INAI está en la cuerda floja, a pesar de que su existencia garantiza que los ciudadanos conozcamos la información de entidades gubernamentales a fondo. El INAI es necesario porque antes de su existencia y durante la hegemonía del PRI, las instituciones del Estado no funcionaban enteramente con apego a sus atribuciones por materia, sino que se acomodaban al deseo político del presidente en turno y servían de vehículo operador para obtener recursos o manejar programas o sectores de la población con efectos electorales, sin ninguna consecuencia ni responsabilidad.
Necesitamos al INAI, al INE, a la Cofece y a un Poder Judicial robusto, capaz e independiente, y necesitamos que se les deje trabajar, porque son perfectibles y porque deben evolucionar. Nos urge mayor presupuesto para las universidades públicas y hacer énfasis en la formación ética y cívica de los estudiantes durante toda su formación académica. Ligado con esto, necesitamos fortalecer al Poder Judicial y a los organismos constitucionales autónomos. Es la única forma de que funcionen los sistemas de pesos y contrapesos a las tentaciones del poder que establece la Constitución de la República.
A nadie le beneficia que se ejerza un poder absoluto, pero a todos nos beneficia una mejor educación general e instituciones con capacidad técnica e independencia jurídica y política, para tratar de que México transite el camino a las mejores prácticas de gobierno y no que regresemos a los tiempos del absolutismo valemadrista. Es responsabilidad del Estado educar a la gente para que entienda que merecemos un país mejor y que somos capaces de tenerlo. Solo hay que dejar atrás la mezquindad y la arrogancia. Así, la pregunta es, ¿dará acaso el Congreso el primer paso en la buena fe para legislar sobre lo que importa con responsabilidad? o ¿será el Poder Judicial el que tenga que contener los embates al orden jurídico y al estado de derecho?
Después de observar la conducta de los legisladores en la sesión del Senado del 27 de abril de 2023, queda claro que tenemos que reportar dos muertes más de tantas que hay en México, la muerte de la buena fe y la muerte de la buena voluntad. ¿Dónde está nuestra dignidad como ciudadanos?