Hay dos evidencias históricas incontrovertibles: todos los países avanzados en el mundo contemporáneo basaron su desarrollo en el fortalecimiento del sector manufacturero y, en todos los casos, el impulso se sustenta en una relevante y constante intervención de los gobiernos, tal como sucedió y sucede en Estados Unidos, los países europeos, Japón, China, Vietnam, Taiwán y Corea del Sur, entre otros casos de éxito.
El sector manufacturero tiene efectos multiplicadores sobre el resto de la economía, entre otras razones, porque genera empleos mejor remunerados, expande el mercado interno, ensancha la oferta de productos y servicios, detona la innovación y el desarrollo científico y tecnológico, y permite acceder a nuevos mercados internacionales.
La historia de México confirma estas dos aseveraciones: durante 40 años, de 1940 a 1980, el gobierno impulsó al sector manufacturero y se sostuvo una tasa de crecimiento promedio anual de la economía superior al 6%; a partir de la década de los ochenta, con el inicio del período neoliberal y la apuesta preponderante al libre comercio, dicha tasa se redujo a un promedio anual de 2.34% y el sector manufacturero solamente a un ritmo menor al 1%, con lo cual su peso en la economía descendió de más de 20% a principios de los ochenta a sólo 16% en 2020.
Esta disminución en el crecimiento del PIB se trasladó directamente al ingreso promedio de la población mexicana que apenas creció a una tasa anual de 0.87%; el salario mínimo real de los trabajadores mexicanos se redujo, de 7,889.12 pesos mensuales en 1981 a 2,785.34 en diciembre de 2018 (en pesos de 2019) es decir, perdió casi dos terceras partes de su poder de compra en menos de cuatro décadas.
Mantener la actual apuesta por la apertura comercial y los compromisos adquiridos con los tratados comerciales, sin una política industrial, nos condena a depender de productos intensivos en mano de obra y la explotación de nuestros recursos naturales, con los mismos (o peores) resultados que los obtenidos en el período neoliberal ya reseñados en los párrafos previos.
Una política industrial integral es indispensable e insustituible para promover la transformación y modernización de la estructura productiva nacional y modificar la inserción de México en la actual división internacional del trabajo que el país asumió pasivamente en el periodo neoliberal, como consecuencia de privilegiar la operación de los mercados, junto con el desmantelamiento de las funciones centrales del Estado, lo cual arrojó resultados perversos sobre el bienestar. Es tiempo de trascender el neoliberalismo y retomar el control para construir nuestro propio destino.
Una de las lecciones de la crisis pandémica es la necesidad de recuperar, desde la perspectiva del Estado nacional, las tareas estratégicas que le permitan desempeñar su papel como rector, coordinador e impulsor del proceso de transformación productiva que debe ser ejecutado conjuntamente con las empresas y los trabajadores.
Una Estrategia Integral de Desarrollo Industrial establecería compromisos del gobierno, las empresas, los trabajadores, los centros de investigación y educativos y el sector financiero mediante una deliberación democrática e incluyente para determinar: criterios claros para la jerarquización de sectores, procesos, tipos de empresas, cadenas de valor y regiones; objetivos, metas e indicadores; plazos de implementación de las políticas públicas; y acuerdos para el seguimiento, evaluación y, en su caso, revisión y actualización.
El desarrollo industrial requiere pensar y actuar con perspectivas de largo plazo, pero partir de políticas que atiendan la urgencia de la coyuntura; la estrategia debe mostrar resultados inmediatos para que sea políticamente sostenible. Por lo mismo, es urgente establecer criterios mínimos, que hagan compatibles las políticas de reactivación económica y sus resultados, con la política integral.
Como política de Estado, de principio, debe considerar a todas las instituciones del Estado mexicano e incluir todos los instrumentos de política pública disponibles; será la deliberación de los actores, apoyados en investigaciones y análisis, la que defina qué instituciones se integran y qué políticas públicas se incluyen en la estrategia de desarrollo industrial.
La pandemia del COVID-19 agravó y evidenció las carencias, errores y limitaciones del modelo económico establecido durante el período neoliberal que privilegió al comercio y la libertad de los mercados; los programas y proyectos implementados por el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador buscan mejorar las condiciones de vida de los sectores sociales desfavorecidos y mitigar la crisis heredada y recrudecida por la actual situación, pero no logran detonar la transformación de las estructuras económicas que demanda el cambio de la vida nacional.
El país atraviesa por una coyuntura)crítica histórica que debe aprovecharse para transitar a un nueva realidad, más próspera, justa e igualitaria. El gobierno debe liderar el diseño e implementación de una Estrategia Integral de Desarrollo Industrial, para acelerar un crecimiento económico sostenido y respetuoso del medio ambiente y convertirlo en mayor bienestar para todas las familias mexicanas.
