Sin ruido y espectáculo, pero con relevante trascendencia se aprobó por unanimidad en el Senado de la República la Ley de Educación Superior. Se conjugaron las voluntades de los distintos grupos parlamentarios, de universidades y actores educativos, sindicales y académicos con fines superiores y democráticos, además de un enfoque integral de los derechos humanos de los mexicanos.
Atrapados en la pandemia pocos sectores se detuvieron en el proceso y significado de una reforma estructural en materia de educación superior, en el umbral de una era en la que la educación y el conocimiento se reafirman como la vía del desarrollo de las personas y las naciones, la mayoría de la población se encuentra confinada y el sector estudiantil disperso o diezmado por la deserción.
En el cruce de los acontecimientos contribuyen a ilustrar la reforma, las revelaciones de los resultados de la Encuesta Nacional de Inserción Laboral de los Egresados de la Educación Media Superior 2019, publicados por el INEGI y realizada junto con la Secretaría de Educación Pública (SEP), mostrando que de 2.9 millones de jóvenes que concluyeron la Educación Media Superior, únicamente un millón reportó estar cursando el nivel superior.
El pulso del INEGI también revela que los jóvenes que obtuvieron su primera experiencia laboral al concluir sus estudios fue el 68.2% y se desempeñaron en el sector terciario, que al 54.3% no le solicitaron algún nivel de estudios, 39.7% tenían una jornada laboral de 35 a 48 horas semanales y el 53% obtuvieron un ingreso mensual con un monto de más de 3 mil pesos.
El panorama
Tras un largo proceso de meses de estudio, consulta, investigación, análisis y debate privó entre los partidos el interés nacional de formar profesionistas con compromiso social, identificados como contribuyentes al desarrollo social, cultural, científico, tecnológico, humanístico, productivo y económico del país, como registra el dictamen.
Ahora corresponde a los ciudadanos, a estudiantes, investigadores, académicos, docentes, autoridades conocer la ley, seguir el proceso y observar que se cumplan los derechos al acceso de una educación superior gratuita y de calidad, en permanente desarrollo y cumplimiento de su misión.
La lectura del documento educativo es una travesía por distintas propuestas que van dibujando una historia de aportaciones plurales con definiciones precisas de lo que significa hoy día la educación superior. Las propuestas desembocan en una red de caminos de conocimiento nutrida por un eje: el Sistema Nacional de Educación Superior integrado por un conjunto de subsistemas universitarios, tecnológicos, escuelas normales y la formación de docentes para garantizar una oferta educativa de respuesta a las necesidades nacionales, estatales, regionales y locales.
Se saben los legisladores transitando por indicadores como el que los jóvenes de 18 a 20 años no continuaron con su educación superior por la falta de recursos económicos, que según INEGI representa un 32.0%, el 19.9% no continuaron en la institución debido a que no aprobaron el examen y el 10% no manifestaron interés por continuar estudiando.
Se toma el pulso educativo que nos muestra que un millón de los estudiantes reportó estar cursando el nivel superior, de estos sólo 1.3 millones decidió continuar estudios de nivel superior mientras que 603 mil optaron por seguir estudiando y concluirlos. Desde una óptica de género el 66.9% de los hombres intentó continuar sus estudios a nivel superior, y en cuanto a las mujeres el porcentaje fue 70.2%.
La ruta
En el Proyecto de Reforma el enfoque de la educación superior es relevante puesto que reconoce que repercute en el desarrollo económico, político, social y cultural del país. Lo importante del dictamen también es la posición de que la educación se asume como un derecho humano que desdobla su naturaleza como derecho económico, cultural social y político, ubicándose como el centro de la plena realización, concluyendo con la cristalización de “todos los derechos humanos”.
El enfoque del derecho a la educación superior se caracteriza por la visión integral y dinámica que cruza toda la ruta de la educación que tiene como principio la básica y como cumbre el derecho a la educación superior y la del postgrado, y sólo el limite que pueda presentar el estudiante con sus vocaciones y capacidades. La educación se mira por los senadores como fruto del desarrollo al ritmo de la libertad y la cristalización de todos los derechos, como el medio que le permite a los jóvenes y a los adultos, a las mujeres y a los niños la vía para liberarse del yugo de la ignorancia, de su condición de marginación económica y social.
A la mirada legislativa y de las organizaciones de universidades, la educación es decisiva y libertaria para las mujeres, pero también de protección de los menores contra la explotación laboral, por lo que la posición ante la educación implica a favor de la promoción de los derechos humanos, y como instrumento de la democracia, también se mira como herramienta de la sustentabilidad ambiental y control del crecimiento demográfico.
En el proceso legislativo resaltó la importancia de la gratuidad de la educación y su financiamiento como derecho, el tema fue de preocupación para todas las fuerzas políticas, pues el financiamiento es siempre el dique para la gratuidad, la calidad y la cobertura. Se coincide entre los legisladores y especialistas que los recursos que demanda la educación superior para su gratuidad y cómo derecho es un tema de suma trascendencia que apuntó si bien a un fondo que consolide la educación superior de forma permanente también mira hacia el apoyo de un sistema de becas y otras fuentes de financiamiento.
Definiciones
Se definen los objetivos de la Ley: establecer las bases para dar cumplimiento a la obligación del Estado de garantizar el derecho a la educación; contribuir al desarrollo social, cultural, científico, tecnológico, humanístico, a través de las personas con capacidad creativa, innovadora, emprendedora con alto compromiso social que ponga al servicios de la nación; distribución de la función educativa del tipo de educación superior necesaria en entidades federativas y municipios; establecer coordinación, promoción, vinculación, participación social, evaluación y mejora continúa de la educación superior en el país, orientación de criterios para el desarrollo de políticas públicas en la materia con visión de Estado; establecer criterios para el financiamiento correspondiente al servicio público; regular la participación de los sectores públicos, social y privado.
Metas
En el detalle se garantiza la autonomía universitaria en términos constitucionales, se dispone que la modificación de las leyes orgánicas de las universidades queden a cargo de los congresos de los estados que deberán someterlos a consideración de los órganos de los gobiernos de las propias instituciones de educación superior; se asegura el reconocimiento de la educación superior como bien público y derecho que coadyuva al bienestar; obligatoriedad a la educación superior y garantía de acceso; es prioridad de la comunidad estudiantil cuyos intereses y necesidades se reafirman como el centro del Sistema Nacional de Educación Superior; se brindan garantías a la libertad de cátedra, investigación, libre examen y discusión de ideas; vinculación de la educación superior con las necesidades del sector social, productivo, económico, fomentar el desarrollo de la ciencia, la tecnología, innovación y fortalecimiento de las instituciones docentes, el federalismo educativo; promover establecimiento de destinos específicos para la canalización de recursos asignados a las instituciones de educación superior.
Establecimiento de un Registro Nacional de Opciones para la Educación Superior para difundir entre la población información de los espacios disponibles en las instituciones de Educación Superior como también los requisitos para el ingreso; promoción de programas de titulación; creación de instancias preventivas de la violencia sexual y de género, fortalecimiento de la gratuidad y diseño de presupuestos para cumplir con la obligatoriedad y gratuidad, a la ampliación de la cobertura y crecimiento, establecimiento de un sistema de evaluación y acreditación de instituciones en la materia; regular la concurrencia de la federación y las entidades federativas en el financiamiento; garantizar la fiscalización de los recursos públicos de parte de la Auditoria Superior de la Federación; garantizar un sistema de becas; regular la participación de los sectores público, social y privado en la educación superior; promover el derecho a recibir una educación superior de calidad.
Considera el dictamen que el derecho a la educación implicar remover obstáculos para el desarrollo de las personas, puesto que la realización de los derechos no depende únicamente de la instauración de un orden jurídico sino de las conquistas de orden social, para que impere la distribución de bienes, mismos que pueden lograrse de forma progresiva. Destaca el documento que para el análisis de la norma se escucharon las voces de los actores del sector educativo, además se realizaron, foros, eventos, parlamentos abiertos del orden virtual y se aseguro que la ley cumple con los estándares internacionales que rigen la educación superior.
Estudio especializado
En la valoración de la iniciativa resalta la preocupación de los senadores y diputados, académicos y funcionarios y especialista por el tema presupuestario, por tal motivo el Proyecto de Ley se acompañó por un estudio pormenorizado a cargo del Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CESOP) de la Cámara de Diputados. El estudio define dos objetivos de la iniciativa a cumplir: el mandato del artículo tercero de la Constitución garante de la cobertura de la educación superior y por ello propone la regulación de los diferentes tipos de educación en sus diversos subsistemas, niveles, modalidades y opciones garantizando la autonomía de las instituciones.
Se deriva del análisis de la Ley en términos de sus necesidades de financiamiento que las garantías para la accesibilidad y gratuidad no podrá ser menor de 8% del Producto Interno Bruto (PIB), e indican que de este monto tiene exclusivamente como gasto destino a la educación superior, educación científica y humanística y la gradualidad que acompaña a la ampliación de la cobertura, el uso de nuevas tecnologías como son las plataformas digitales, cobertura en educación y la incorporación de las 100 universidades para el Bienestar Benito Juárez, la creación de tres nuevas universidades tecnológicas, un Politécnico, el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México Rosario Castellanos y la creación de la Primera Universidad en Salud.
El CESOP presentó un acucioso e interesante documento resaltando una serie de recomendaciones para lograr una efectiva capacidad de gestión y administración horizontal flexible a fin de la racionalización de recursos humanos, financieros y se precisen las universidades interculturales. Un enfoque interesante se reserva a las fuentes de financiamiento que deben ser diversificadas y un reconocimiento de las contribuciones de las instituciones particulares y el reconocimiento a la excelencia. Se pronuncian por generar una mayor vinculación ya que las universidades juegan un papel activo entre el sector social y el empresarial, respecto al servicio que prestan al sector público o privado que prestan las instituciones de educación superior.
Aspiraciones
La idea de la Ley de Educación Superior es impulsar un avance de cobertura y calidad, de la consolidación de la identidad con la comunidad y el país, reconociendo que la educación es un bien común, un derecho que el Estado debe de garantizar, financiar y promover inclusiva con una visión universal pero también local y regional, mediante apoyos financieros para su ampliación respondiendo a las necesidades de la población con cobertura de calidad y teniendo en la mira el fortalecimiento económico y su reconocimiento como un derecho humano como lo establece la UNESCO.
Se trazan una serie de consideraciones como: garantizar la autonomía universitaria en términos constitucionales, reconociendo que se trata de un derecho que contribuye al bienestar y el desarrollo integral de las personas; Es la visión de una educación de permanencia y de fácil acceso; priorizando a la población estudiantil, garantizado la libertad de cátedra, la vinculación de la educación superior con las necesidades de los sectores sociales, fomentando el desarrollo de la ciencia, la tecnología innovación. Se integran al objetiva la idea de instalaciones para la docencia dignas por lo que se propone el fortalecimiento a las instituciones docentes. También es una meta fortalecer el federalismo educativo, prever esquemas de formación, capacitación, superación y profesionalización, y simultáneamente promover programas para la titulación.
Resulta interesante observar la preocupación de los senadores y diputados por establecer instancias de prevención de la violencia sexual y de género, la necesidad de establecer un sistema de evaluación y acreditación de instituciones, la regulación de la concurrencia de la federación y las entidades federativas en el financiamiento y garantizar fiscalización de recursos públicos destinados a la educación superior por la Auditoria Superior de la Federación, como parte del financiamiento garantizar un sistema de becas, regular la participación de los sectores públicos, reforzando medidas para proteger el derecho a recibir educación de calidad.
Se destaca el interés sobre las fuentes de financiamiento sobresaliendo la tendencia a la diversificación de las fuentes de financiamiento, como el reconocimiento de la contribución de las instituciones particulares, a la excelencia y a favor de la mejora continua de la educación. Se incluye entre los amplios objetivos la importancia de la vinculación de las universidades con el sector social y empresarial como coadyuvante al desarrollo tecnológico, y la participación en la entrega de becas.