Clara Jusidman
La proliferación de campos de entrenamiento y exterminio son una muestra del nivel de violencia al que ha llegado el país con gobiernos que desprecian sus obligaciones en materia de derechos humanos.
En México estamos inmersos en un grave problema de violencia que se va extendiendo por todo el cuerpo social. No es fácil confrontarlo, se reproduce y no es un asunto pronta resolución. Retornar a condiciones de convivencia pacífica respeto a la vida e integración social representa un asunto complejo que cada vez se aleja más en el horizonte.
Las omisiones, la destrucción de capacidades y la centralización de los tres poderes del Estado Federal, así como de los gobiernos locales, contribuyen a agravarlo.
La corrupción, la impunidad, la connivencia con el crimen organizado, así como la ausencia de un proyecto económico que debió brindar oportunidades de estudio y trabajo en condiciones dignas a los millones de jóvenes que nacieron en tiempos del llamado bono demográfico (entre 1972 a 2030), son causas estructurales de los niveles y variedad de la violencia que la sociedad mexicana está experimentando.
Millones de jóvenes nacidos desde 1980 que no tienen esperanza ni cuentan con un proyecto de vida porque se los hemos arrebatado al no haber desarrollado como sociedad una alternativa al que prevaleció hasta esa década y que consistía en la promesa de que al estudiar se conseguiría un trabajo digno, con protección de seguridad social, lo que permitiría crear y sostener una familia y contar con una pensión en la vejez.
Cuando empezó la destrucción y la disminución de la calidad de los servicios públicos sociales como la educación, la salud, las viviendas dignas, la seguridad social, entre otros, ese proyecto se terminó. La decisión de entrar al mercado global reduciendo los salarios reales de los trabajadores y su participación en el ingreso nacional impulsaron su destrucción. El trabajo, principal medio de acceso a ingresos de al menos 7 de cada 10 familias, fue depreciado.
Adicionalmente, desde mi experiencia hay dos aspectos que, en las familias, las escuelas y la comunidad son centrales para reproducir la violencia cuando se desarrollan las habilidades para la vida en los niños, niñas y adolescentes. Una es la forma en que se enseña a resolver conflictos y otra las firmas de ejercicio del poder.
Si los conflictos se resuelven con golpes, aislamiento, encierro, silencio se inculcan conductas violentas. Si en cambio, se escucha, se dialoga, se establecen límites claros y razonables y se conocen las consecuencias que se tendrán al violarlos, se aprende a convivir y a respetar los derechos de los demás.
Las formas como se ejerce el poder en esos tres ámbitos forman también habilidades para la vida. En sistemas patriarcales lo que se enseña es que las mujeres no tienen valor, no cuentan con derechos y son sujetas a las reglas impuestas por los varones. En cambio, en familias donde se hace un ejercicio democrático del poder, todos los integrantes del grupo tienen valor, derechos y obligaciones. Se fomenta el diálogo, la escucha, la colaboración, el respeto y la solidaridad, entre otros valores.
La proliferación de campos de entrenamiento y exterminio son una muestra del nivel de violenciaal que ha llegado el país con gobiernos que desprecian sus obligaciones en materia de derechos humanos y de una sociedad profundamente desigual, poco participativa, desinformada, ensimismada y poco exigente.