Hay quienes opinan que en México se vive una efectiva división de Poderes, y queda para el Poder Judicial de la Federación (PJF), garantizar la constitucionalidad del régimen político, esto es hacer valer un Estado de Derecho, sin embargo, hay otros, que opinan que vivimos un sistema de gobierno en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que es nuestro máximo tribunal, se encuentra sometido a la voluntad del Titular del Poder Ejecutivo.
¿Qué tanto de verdad o mentira puede haber hoy en está percepción? ¿Qué tanto se filtra esta sensación de las decisiones de la Corte y agigantada por la curiosidad mediática o el juicio del deber ser a la luz de la constitucionalidad? A dos años de gobierno que se caracterizan por su afán legislativo de tener en la mira establecer un nuevo orden jurídico cobijado en la Cuarta Transformación, hay quienes esperan la constitucionalidad de ese ejercicio que ha posibilitado una mayoría en el Congreso federal.
A la Corte le falta resolver un grueso fajo de leyes promulgadas por las que se fueron estructurando los cambios por los que se extiende o acorta la distribución de poder, se alarga o se achican las facultades del régimen anunciado, se redondean los objetivos, a más de las veces en el marco de un perfil de cambio de orden político.
Hay un rasgo a destacar, una tendencia desbordante, una pretensión avasalladora que marca la tendencia a incrementar las facultades del Poder Ejecutivo. A manera de recuperar la dimensión de la idea de un poder que se llegó a definir como metaconstitucional y se categorizaría hoy como un hiperpresidencialismo naciente que, si bien empieza a recordar al PRI, hoy pretende superarlo, hay que meditar y mucho sobre las repercusiones que hoy tiene ese apetito de poder sobre nuestra tierna democracia.
Qué pasa por la cabeza de la mujer, del joven, del hombre común sometido al confinamiento, al distanciamiento social, a la soledad, a la renuncia del contacto humano, a la cercanía con la familia, sobre todo por la estreches de los afectos que hace que cuando uno se enferma, se contagian todos.
Qué deja ese necesario aislamiento de uno, de la abstención del cuidado, de enfermarse también de soledad, que hay de esa maleta de renunciar para emprender un viaje con fecha de salida, pero no de regreso en una llovizna de derechos.
Quedan sobre la mesa un sinnúmero de juicios de amparo, portafolios de controversias constitucionales y legajos de acciones de inconstitucionalidad que se van abultando en contra de las decisiones de la administración del Ejecutivo.
Cuáles son las razones, los argumentos, los motivos, los flagelos que han llevado a ciudadanos y ciudadanas al despacho de un abogado y al camino a un tribunal pavimentando, el camino de la justicia. ¿Qué se hila y deshila en la conversación pública en un océano de demandas en los umbrales de una nueva normalidad? ¿Ante lo inédito y la amenaza de una suerte de un salto para atrás hay salida del laberinto en la Suprema Corte?
Entre cambios necesarios y urgentes pero también entre las resistencias y los resentimientos, dónde hay el respiro, certidumbre, confianza que se cuenta con el Poder Judicial de la Federación independiente ¿Cuál es el peso constitucional en el nuevo tejido de ordenamientos del quehacer gubernamental que día a día figura en el discurso y empuja la acción pública?