El inicio de las comparecencias de los 271 aspirantes a magistraturas electorales locales en 13 estados del país no es solo un procedimiento técnico o administrativo: es una prueba de fuego para el compromiso del Senado de la República con la autonomía judicial y la imparcialidad electoral, dos principios esenciales para sostener la credibilidad del sistema democrático mexicano.
En tiempos donde la polarización política parece marcar cada decisión institucional, la independencia de los órganos electorales no puede verse como una aspiración abstracta, sino como una necesidad urgente. La justicia electoral es el último dique de contención frente a los abusos del poder y las distorsiones de la competencia democrática. Si ese dique se resquebraja, la confianza ciudadana —ya erosionada— puede derrumbarse del todo.
Durante la primera jornada de comparecencias, el senador Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, subrayó cuatro principios clave que deben guiar a las y los futuros magistrados: autonomía, independencia, imparcialidad y neutralidad. No son simples valores retóricos; son condiciones indispensables para que la justicia electoral funcione como un verdadero contrapeso institucional y no como un apéndice del poder político.
El proceso actual abarca entidades tan diversas como Baja California, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz o Zacatecas, lo que subraya la magnitud del reto: cada estado tiene su propio contexto político, su propio historial de tensiones y sus propias expectativas ciudadanas sobre la integridad electoral. En todos los casos, la designación de magistrados imparciales será determinante para garantizar que las decisiones de los tribunales no respondan a cálculos partidistas.
El Senado tiene ahora la oportunidad —y la responsabilidad— de demostrar que las designaciones pueden ser un ejercicio de transparencia, mérito y compromiso con la democracia. Las comparecencias deben ir más allá de la formalidad: deben permitir identificar perfiles con trayectoria, ética y conocimiento técnico, pero también con una clara convicción de independencia frente al poder político y económico.
Porque sin jueces independientes, no hay elecciones libres; y sin elecciones libres, no hay democracia que resista.
El reto del Senado no es solo nombrar magistrados: es reafirmar el pacto democrático que sostiene la confianza en nuestras instituciones. De su actuación dependerá, en buena medida, si los tribunales electorales se consolidan como garantes de la voluntad ciudadana o como meros instrumentos del poder.