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Una reforma eléctrica que da toques

• Aprobada la Ley de Energía Eléctrica por diputados - Congresistas

Tras una larga y ríspida sesión de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados se aprobó sin cambiar una coma, con descargas, toques y alguno que otro electrocutado, la reforma eléctrica enviada por el Ejecutivo federal y acompañada de una iniciativa preferente, lo que significa privilegiar la deliberación sobre otras iniciativas en el plazo determinado de la reglamentación respectiva y que no va más allá de un mes.

En la ruta de nuestra zigzagueante democracia y pluralidad social, cada día se refuerza más como derecho la divulgación de las prácticas legislativas, pues el ciudadano consciente de sus derechos a plenitud, tendrá que ir conociendo y familiarizándose con los procesos legislativos si no quiere desatenderse de las decisiones políticas que tomen legisladores y funcionarios en quienes ha cedido la voluntad política, lo que significa que tomen decisiones discutibles a su nombre y que en ocasiones suelen transformarse en inconformidades que no tienen otra posibilidad de solución que ser castigados o premiados en las urnas en la siguiente elección.

Es el caso de la discusión legislativa de la reforma eléctrica que también fue acompañado de un espectáculo mediático, fueron aprobadas las reformas a la Constitución que acompañan a las reformas del Poder Judicial de la Federación. En un escenario catártico e intensa discusión y aprobación a la reforma eléctrica, que registró una votación en diputados con 304 a favor, 179 en contra y 4 abstenciones, se emprende la ruta legal: primero es enviada al Senado de la República para su discusión y aprobación y de ahí transita a la discusión y aprobación de las legislaturas de las entidades federativas, para luego llegar al Ejecutivo para su promulgación.

El Congreso de la Unión tiene sus ordenamientos, reglas y acuerdos tanto para la presentación e iniciativas de reforma, la conducción de sus trabajos así como las sesiones del pleno y las discusiones en las comisiones, incluso integrándose a la novedad de la modalidad híbrida, semipresencial y a la distancia, que se propone ante la ferocidad de los contagios que viene provocado el COVID-19.

Dos acuerdos firmados por los grupos parlamentarios y el Reglamento de la Cámara afinan el curso para los trabajos, uno, para la aprobación de una ley, que trazan el escenario de discusión y proyecta un debate en el que se definen dos visiones diferentes no sólo de gobierno sino de Estado.

Comienza una sesión que sin duda será histórica. En la marca del tiempo legislativo empezó a media mañana el día 23 de febrero y dio fin a la cinco de la mañana del 24, en la cual un acuerdo a la luz, el COVID y el otro en razón al reglamento de ley y sus protocolos, más estrategias del despliegue que resultan insuficientes de atemperar los ánimos, insultos, calificativos, ocultar las insuficiencias formativas, y vuelven pancartas, tomas de tribuna, suspensiones que suelen ser ya un distintivo de la Cámara de Diputados en la que recae la representación popular de un pueblo que según el censo hoy tiene un promedio de 29 años.

¿Cabe preguntarse cuál será el impacto de un escandaloso debate más entre los ciudadanos que se preparan para la elección de la Cámara de Diputados, en lo que también más de 400 diputados buscan la reelección?

La presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri Riancho, preside la sesión y da a conocer el acuerdo al que llegaron los distintos grupos parlamentarios y sus partidos en torno a las participaciones según dispone el acuerdo sanitario, el que por cierto, no será cumplido a cabalidad ni por el número de participantes en tribuna ni por la sana distancia que se inicia con el registro de Morena con 65 participantes; de Acción Nacional, 60; del PRI, 12; del PT, 11; de MC, 7; de PES, 6; del PVEM, 4 y del PRD, 2.

Abre la ronda de los posicionamiento y el presidente de la Comisión de Energía (Morena), quien inicia la representación de salida con la exposición de los objetivos de la Ley. ¿Queda claro para el ciudadano cuáles son los objetivos de la Ley de Energía Eléctrica? ¿Qué se persigue con el debate? ¿Cuál es la motivación de cada legislador?

Y así se abre el debate

Correspondió a Morena, partido al que pertenece el presidente y quién cuenta con la mayoría parlamentaria, presentar el dictamen cargo del presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez González, quien inicia la discusión del que presentamos su intervención literal.

El punto de partida supone ser la motivación, “el actual despacho económico sólo toma en cuenta los costos marginales o variables, privilegiando el despacho de las centrales privadas de energías renovables, eólicas y solares, que reportan cero en este rubro, al no utilizar un insumo que deba comprarse en su proceso de generación”. Y agrega que “la iniciativa plantea un despacho con base en precios unitarios que incluya también los costos fijos, inversión en infraestructura, maquinaria y equipo. Con ello, las generadoras eólicas y solares privadas que declaran un costo cero pasan a ser las más caras con 2.70 pesos por kilowatt por hora (kWh)”.

Subrayó que “las renovables no son las más baratas en generación y tampoco en inversión, para explicar que “una central de ciclo combinado tiene un costo unitario de inversión de mil 622 dólares por kWh, mientras que las fotovoltaicas 2 mil 701 dólares por kilowatt y las eólicas 3 mil 983 dólares por kWh”. Sostuvo el legislador que “las privadas son subsidiadas por la CFE, con su generación firme, regulación del voltaje y reservas para mantener la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional, que es vital para el funcionamiento del país entero y sus áreas sensibles y estratégicas”.

Refirió que “entre la gran gama de subsidios de la CFE a sus propios competidores privados de plantas eólicas y solares, que representan un impacto de 250 mil millones de pesos para las finanzas nacionales, podemos mencionar la inversión en redes de transmisión y las tarifas de porteo”. Dijo que “estas tarifas después de una década de permanecer sin cambio, al ser actualizadas por la Comisión Reguladora de Energía, varias empresas privadas han recurrido al amparo para no pagarlas.

Señaló que “México se ha convertido en un paraíso para estas inversiones, porque además la Ley de Impuesto Sobre la Renta les permite una deducibilidad de un 100% para maquinaria y equipo para la generación proveniente de fuentes renovables. Mientras que, en Estados Unidos el porcentaje del crédito fiscal por inversión solar ha disminuido de un 30% en 2019, a un 22% en 2021, y el crédito fiscal para la producción eólica pasó de un 30% en 2019, a cero en 2020. Sin embargo, las mismas empresas que se han amparado en México sin chistar, acatan las medidas que les impone el gobierno estadounidense”.

“Todo esto, evidencia la existencia de un mercado carente de equidad e igualdad, siendo violatorio del principio de libre concurrencia y libre competencia, consignado en el artículo 28 constitucional y los tratados de acuerdos comerciales suscritos con otros países. Para contrarrestar estas prácticas se propone un despacho con base en precios unitarios con lo cual se despacharía, en primer lugar, la energía producida por las hidráulicas, con un criterio de protección civil; en segundo lugar, la energía generada por otras plantas de la CFE; en tercer lugar, la energía eólica y solar de particulares. Y, por último, los ciclos combinados de las empresas privadas”.

Manifiesta el legislador que “con base en el capítulo económico de la Carta Magna y sus figuras angulares, como la rectoría del Estado de las áreas estratégicas y su planeación, se establece que los permisos futuros deben estar rigurosamente alineados a los criterios de planeación del Programa Nacional del Sistema Eléctrico Nacional, para evitar una autorización más allá de la demanda requerida. Sobre los certificados de energías limpias, se establece que su otorgamiento a centrales eléctricas no se dependerá ni de la propiedad ni de la fecha de inicio de operación comercial de las mismas”.

Y quedan en el aire las inquietudes sobre si los objetivos de la legislación tienen que ver con bajar el costo de la electricidad para los consumidores, garantizar, suficiencia en electricidad, promover de energía de fuentes renovables, reforzar las fuentes financieras a favor del CFE, hay controversias y amparos a la vista, se rompen tratados internacionales, le apostamos a la contaminación, renunciamos al cambio climático con el empleo.

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