No hay medio pequeño
Está en debate y análisis el hecho de que la noticia se convierta con demasiada frecuencia en un producto de consumo sujeto a las reglas del mercado, lo que revela que la información queda atrapada en la lógica de la estridencia, la ganancia y no de la razón, y menos de la justicia. La denuncia de que una mujer fue destazada, realizada por un medio de comunicación, colocada como punto de venta, bastó para que el hecho se visibilizara. En cambio, la omisión sistemática de temas relacionados con la familia, la madre, el abuelo o programas sobre lactancia y salud son asuntos que atienden demandas concretas de bienestar sin el “color” del sensacionalismo, que deben ser la regla.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, promovió la amplia discusión de la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio. Firmó y envió al Congreso de la Unión esta histórica iniciativa con el objetivo de generar un compromiso estratégico para erradicar la violencia de género y garantizar justicia para las mujeres, con la meta clara de alcanzar cero impunidades en los casos de feminicidio.
Como primera mujer en ocupar la presidencia, Sheinbaum subrayó su responsabilidad de proteger a las mujeres frente a la violencia y de trabajar para erradicarla. Insistió en que se trata de un esfuerzo de toda la sociedad para transformar las condiciones que generan la violencia y el feminicidio.
La iniciativa se ha construido a partir de mesas de análisis en las que participarán académicos, especialistas, organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, familiares de víctimas y autoridades. En la agenda de discusión destacan la prevención y las políticas públicas, la investigación y la debida diligencia, el tipo penal (incluyendo tentativa y agravantes), la reparación integral, la situación de niñas y niños en orfandad, la coordinación institucional, los registros y la implementación. Estos elementos conforman el dictamen.
Entre los puntos centrales de la ley sobresalen:
- La homologación del tipo penal en todo el país, con una definición clara de las circunstancias en que se configura el feminicidio.
- Penas de 50 a 70 años de prisión.
- Diez razones que constituyen el delito (entre ellas, signos de violencia sexual o antecedentes de violencia contra la víctima).
- Diecinueve agravantes que incrementan la pena, entre las que se encuentran: “…que la víctima esté embarazada o viva con discapacidad; que sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante; que el delito sea cometido por una persona funcionaria pública; o que la víctima presente signos de violencia como ataques con ácido o sustancias inflamables.”
La ley prohíbe las excusas absolutorias y establece que las sanciones son imprescriptibles, lo que garantiza que los responsables enfrenten consecuencias severas sin posibilidad de evadir la justicia. Además, los culpables perderán derechos sucesorios y la patria potestad sobre sus hijos, entre otras penalizaciones. Con ello se busca poner fin a las denuncias reiteradas en la prensa sobre reducción de penas, liberación de criminales y el círculo de dolor al que se someten a las víctimas y sus familias.
Asimismo, se reconoce la importancia de la atención integral a las víctimas de feminicidio y a sus familias. Se otorgan derechos que incluyen acceso a la justicia, atención médica y psicológica, y asistencia jurídica gratuita. Se establece la obligatoriedad de que las autoridades garanticen el derecho a la verdad y la dignidad en el tratamiento de los cuerpos de las víctimas.
La creación de políticas públicas articuladas a través del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia busca asegurar los elementos necesarios para prevenir y erradicar la violencia feminicida en todos los estados del país. Entre las medidas contempladas se encuentran las campañas de concientización y la creación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio.
Con esta ley, la administración de Claudia Sheinbaum busca no solo sancionar los crímenes de feminicidio, sino también prevenirlos desde sus raíces mediante una educación en igualdad y el trato digno. Aunque se ha registrado una disminución del 36 % en los casos de feminicidio desde 2021, el problema es grave para la primera mandataria, el compromiso es claro: no debe haber ni un solo feminicidio en el país. La presentación de esta iniciativa marca un paso decisivo en la lucha contra la violencia y refleja una sociedad que aspira a la justicia y a la protección plena de los derechos de las mujeres.
Conviene estar atentos y atentas al desarrollo del debate y promover una amplia socialización de la ley para que sea aplicable conforme a su importancia. Hay que destacar, finalmente, que la violencia no es privativa de un solo género.