La llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia de México se consolidó bajo frases que ya forman parte de la iconografía política del momento: “No llego sola, llegamos todas” y “Presidenta con ‘a’, porque lo que no se nombra no existe”. Estas declaraciones prometían visibilizar a los sectores históricamente relegados y marcar un nuevo capítulo de inclusión.
Lo que se nombra ocupa un lugar en la sociedad; adquiere identidad.
Las primeras acciones de gobierno —iniciadas con la reforma a la Ley de la Administración Pública Federal, la desaparición de órganos autónomos y el paquete de reformas constitucionales— han generado un debate sobre el rumbo del régimen político que se construye. En este contexto, las palabras de la Presidenta sobre el acceso a la información —“Es un asunto que tiene que ver con el derecho…”— invitan a una pregunta incómoda: ¿de qué derecho hablamos cuando el propio Estado concentra poder y fabrica una mayoría?
El caso de los medios independientes
Para muchos medios regionales e independientes, el trámite de acreditación para acceder a las conferencias matutinas, conocidas como “La Mañanera del Pueblo”, se ha convertido en un obstáculo que supera los dos años sin resolución clara ni diagnóstico oficial. Esta demora no es un simple detalle administrativo: afecta directamente el derecho de las audiencias a recibir información plural y el ejercicio profesional de periodistas que no forman parte de los grandes consorcios mediáticos ni de los pequeños medios emergentes y moldeables.
Ignorar estas dificultades erosiona la credibilidad de la narrativa oficial de apertura y justicia. Cuando se promueve la inclusión de “todas”, pero se mantiene un acceso restrictivo a la principal plataforma informativa del país, la promesa de inclusión se percibe como selectiva.
El contraste cotidiano
Casi a las siete de la mañana, los ciudadanos escuchan la letanía informativa de la conferencia matutina, donde se entremezclan causas sociales, identidades y estrategias políticas. Sin embargo, surge una contradicción difícil de ignorar: mientras se celebra con euforia la visita del “Pato Merlín” —el pato mundialista— en el Salón de la Mañanera, fuera de ese espacio persisten el rezago y la exclusión de medios independientes que buscan una cobertura seria, frecuente, transparente, oportuna y comprometida con sus audiencias.
¿Cómo reconciliar el lema “No llego sola, llegamos todas” con el olvido persistente hacia las causas de las mujeres, la violencia que las aqueja, la impunidad en casos de pederastia o la invisibilización de los derechos de la infancia? ¿Pueden las políticas de comunicación seguir reproduciendo las mismas prácticas restrictivas del pasado?
El derecho a la información como derecho habilitante
Las conferencias matutinas no son solo un ejercicio de comunicación gubernamental; representan, en teoría, una herramienta de rendición de cuentas y un espacio que debería encarnar el derecho a la información, pilar de otros derechos: salud, seguridad, justicia y los llamados derechos progresivos.
Cuando el acceso a este espacio se vuelve restrictivo o arbitrario, no solo se debilita la democracia, sino el corazón mismo del mandato que los ciudadanos otorgaron. No se trata de una aventura política ni de un accidente histórico: es un proyecto construido con votos y convicciones. Por eso, el trato debe ser directo con la Presidenta, no solo con su círculo cercano.
Quienes aún no cuentan con acreditación para la Mañanera quedan privados de una identidad mediática plena y al margen de derechos básicos de acceso, como la posibilidad de solicitar entrevistas, documentación e información pública en condiciones claras. Las expectativas de comunicación quedan sometidas a la propaganda, convertidas en un “fajo de papeles” que intenta sobrevivir en el margen.
En esas fronteras de la transformación, pareciera que no hay tal. Las acciones de gobierno terminan reducidas a capítulos distractivos de la propia gestión.
Bajo la premisa de que “La patria se escribe con A de mujer”, se inauguró una administración con una fuerte narrativa de soberanía, inclusión y justicia social. Sin embargo, en la práctica cotidiana del poder emergen contrastes profundos entre el discurso de la alta política y la gestión de sus propios espacios de comunicación.
El compromiso de “defender la patria” y garantizar la justicia social debe incluir necesariamente la democratización real del acceso a la información pública. Los medios independientes y regionales no piden privilegios: exigen transparencia, certeza y reglas claras. Solo así la narrativa de inclusión dejará de ser un discurso y se convertirá en una práctica coherente con los principios que se proclaman.