La seguridad pública como problema social y político es una causa común que exige una plena conciencia ciudadana.
La violencia social escala a dimensiones desconocidas, siempre al alza, ello debido a los grandes conflictos de interés que puedan inmiscuirse o los desacuerdos que pueda acarrear.
La normalidad de la convivencia social, económica, política y cultural no escapa al parámetro del crimen o delito, indicando las condiciones de bienestar común.
Los intereses de los ciudadanos convergen en la cimentación de la seguridad como una causa común siendo la principal demanda de todos, se han creado agudo desequilibrios sociales que han transformado la convivencia entre pueblos y comunidades en calles y barrios, generando un complejo entramado de problemas, necesidades, trámites burocráticos y conflictos.
El tema de la seguridad es tan vetusto como el propio Estado, ya que criminalidad o delito surgen desde el momento mismo en que se fundó la sociedad, pues de acuerdo con la teoría de Hobbes el hombre primitivo “sintió la necesidad de conservarse viviendo en comunidad como único espacio de realización de sus posibilidades de su ser”, en la búsqueda de supervivencia y trascendencia, “lo que dio origen a la ley y la raíz del Estado” (Hobbes, 1979, pág. XII).
Con la evolución del Estado y el desarrollo de los centros urbanos, las cuestiones relacionadas con la seguridad pública se convirtieron en asunto para los tecnócratas especialistas expertos en el tema, cuyo marco de referencia está dado por la propia estructura institucional del Estado, derivado de la monopolización de la violencia ejercida coactivamente por el ente estatal.
La seguridad pública consiste en la función estatal encargada de garantizar de forma eficaz y eficiente las condiciones de bienestar social, establecer mecanismos necesarios para prevenir el delito, garantizando la integridad física y el patrimonio de las personas dentro de un estado de derecho, para una convivencia social armónica que ayude al desarrollo nacional.
En los últimos cuarenta años, hemos visto cómo ha ido en aumento la criminalidad en el país, por lo que en 1994 se llevó a cabo una reforma trascendental a los artículos 21 y 73 constitucionales, que a partir de entonces se empezó a monitorear y a medir el fenómeno delictivo., estableciendo las parámetros y creando las bases para el establecimiento de un sistema institucional en materia de seguridad.
El artículo 73 constitucional enumera las facultades exclusivas del Congreso de la Unión para legislar en temas específicos, como son: la regulación del comercio exterior, sobre impuestos y contribuciones, en materia de hidrocarburos, minería y energía. En resumen, garantiza que ciertas materias de gran relevancia nacional sean reguladas de manera uniforme en todo el país
Y no es que con anterioridad no existieran los cuerpos policiacos o las instituciones de seguridad o de impartición de justicia, sino que a partir de la reforma se comenzó hacer de forma más técnica y científica a partir de estudios y estadísticas del fenómeno delictivo que se proyectan en una política criminal encabezada por el poder ejecutivo federal.
Por lo que la seguridad pública se volvió un derecho fundamental de las personas, quienes frente a un Estado que no garantiza la seguridad de su patrimonio o de su integridad física, se ven obligados a enfocar todos o gran parte de sus esfuerzos a la defensa de sus bienes y derechos, recurriendo a viejas prácticas como la venganza privada.
Actualmente, el incremento del índice delictivo afecta a todos por igual desde el pequeño comerciante, consumidores, trabajadores, estudiantes, amas de casa hasta los grandes empresarios, por lo que, el tema de la seguridad pública es una de las demandas más exigida por la ciudadanía, que reclama soluciones en busca de recuperar su tranquilidad.
Ante esta realidad ¿Cuál debería de ser la estrategia del gobierno para combatir la criminalidad? ¿Debería de ampliarse más la participación ciudadana? ¿Una estrategia de seguridad debe proponer armar a la población civil como sucede en otras latitudes? ¿Nos preguntamos qué significa el cambio radical de una política de combate a la violencia que supone una guerra frontal al crimen a una de abrazos y no balazos, qué experiencias y qué sentir deja en el ciudadano de a pie?
En un hecho sin precedentes en la alternancia del poder con la llegada de la primera mujer al ejecutivo federal, quien llega con la consigna de ocupar los vacíos de poder dejados por su antecesor, agregada la de lidiar con los cotos de poder arraigados dentro de las diferentes cámaras que componen el Congreso de la unión, afrontar los eventos políticos externos y los fenómenos climáticos que están modificando el equilibrio político de nuestro país.
A la vista como nunca antes emerge una Presidenta, que se enfrenta a un escenario complejo en tema de seguridad debido al aumento de los hechos delictivos y a la violencia con que son ejercidos, una violencia sin precedentes que encontró terreno fértil durante administraciones pasadas entre acciones deficientes y discursos de opacidad y polarización sobre las causas y efectos del fenómeno delictivo, narrativa distractora que buscaba restarle importancia, enfocando toda la atención en la persona titular del ejecutivo en turno.
Con la misión de dar una respuesta inmediata a las demandas de la sociedad mexicana en materia de seguridad pública la presidenta Claudia Sheinbaum, ante la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), presentó su estrategia nacional de seguridad acompañada del gabinete de seguridad integrado por la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodriguez, el secretario de la defensa nacional General Ricardo Trevilla, el secretario de marina el Almirante Raymundo Morales y el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Omar García Harfuch.
La estrategia expuesta por la titular del poder ejecutivo, consta de dos bloques que a la vez establecen cuatro ejes rectores. El primer bloque está dirigido a atender las causas sociales que originan el delito, mientras que el segundo está relacionado con el cumplimiento del estado de derecho y la cero impunidad.
Desde la perspectiva presidencial, el primer eje rector de ataque a las causas que originan el delito, consiste en fortalecer los programas de apoyos sociales contemplados constitucionalmente, con el afán de reducir la desigualdad social y que aleje a los jóvenes de actividades delictivas.
El segundo eje rector incluye el compromiso del gobierno de asistir a los sectores más desprotegidos y alejados del país sobre todo a los más jóvenes con educación y empleo, este compromiso incluye a diversas secretarías como la de Gobernación, Turismo, Educación, cultura, deporte y Desarrollo Económico, como estrategia de construcción de paz.
El tercer y cuarto eje se encuentran comprendidos dentro del segundo bloque y están más enfocados a la modernización y actualización de las instituciones encargadas directamente de brindar la seguridad pública.
El tercer eje contempla el fortalecimiento de la Guardia Nacional, así como también, a las policías estatales y municipales para evitar la colusión y la intromisión del crimen organizado en dichas instituciones.
Pero ¿A qué se refiere con fortalecer a las instituciones de seguridad pública?¿Acaso hace referencia a mejores salarios, mayor y mejor equipo de trabajo?¿Mejoras en las condiciones de trabajo, como mejores horarios, mejores servicios de salud, mayor certeza laboral?¿Y quién se va a encargar de darles seguridad a los cuerpos policiacos y a sus familiares ante una delincuencia que los llega a rebasar en número de integrantes y mejores armamentos?
El cuarto y último eje rector va de la mano con la última reforma constitucional al artículo 21, esté artículo refiere que la seguridad pública estará a cargo de las policías quienes actuarán bajo el mando del ministerio público y la fiscalía en la investigación de los delitos y otorga facultades a la Secretaría de Protección Ciudadana para desarrollar acciones de inteligencia. Aquí se contempla la creación de un Centro Nacional de Inteligencia, con la difícil encomienda de lograr una cultura de investigación dentro de las fiscalías, como al interior de las policías tanto ministeriales, municipales y estatales.
Basta recordar que en sexenios anteriores ya se han creado este tipo de órganos encargados de investigar, por ejemplo, la Agencia Federal de Investigación (AFI), el CISEN, la SEIDO, entre muchos otros y que fueron señalados por los excesos en que incurrian a la hora de desempeñar sus labores y por los visos de corrupción al interior de las mismas.
Entonces, falta definir qué medidas se tomarán dentro de esta institución para evitar que incurra en los mismos vicios que sus antecesoras y así evitar su fracaso, ante el aumento del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa o ante la incertidumbre sobre el futuro del Poder Judicial, un poder que ha sido desmantelado quedando en tela de juicio su autonomía e imparcialidad, no hay que omitir del incremento que ha tenido el crimen organizado y su secuencia de delitos en las últimas cuatro décadas.
En lo general es una buena propuesta llena de buenas intenciones, por lo que es muy pronto para criticarla, esperamos la oportunidad para observar sus resultados y cuestionar sus conclusiones, parece ser una estrategía completa al involucrar a la sociedad civil y a los gobernadores de todos los estados de la federación dentro de los ejes rectores .
La presidenta Claudia Sheinbaum, tiene ante sí el gran compromiso de bajar los índices de criminalidad heredada de sexenios pasados y pasar a la historia como la primera presidenta sino en acabar con el crimen, si en enfrentar al crimen con resultados efectivos que concluyen que se avanza con las estrategias y que no se permanece paralizado frente a un problema que se enfoca en una causa común en la que todos los sectores del pueblo son afectados.