Laura Ruiz
Cuando en el año 2000 se puso en marcha el Plan Colombia, Estados Unidos y el gobierno de Andrés Pastrana lo presentaron como la solución integral a la violencia, el narcotráfico y la debilidad institucional del país sudamericano. La receta fue clara: miles de millones de dólares en asistencia, helicópteros y asesores militares, una campaña de fumigación aérea con glifosato, y un enfoque en el fortalecimiento del aparato de guerra contra insurgencias y cárteles. El resultado fue ambiguo: debilitamiento de las FARC y recuperación territorial para el Estado, pero también desplazamientos masivos, abusos de derechos humanos y un efecto globo en la producción de coca que nunca desapareció, solo se movió de lugar.
Hoy, al inicio de su gobierno, Claudia Sheinbaum enfrenta un dilema similar en México: ¿cómo dar frente a los cárteles que erosionan la seguridad y la vida cotidiana sin ceder soberanía ni replicar los errores de Colombia?
La presión externa existe. Senadores republicanos como Ted Cruz y el propio Donald Trump han invocado el Plan Colombia como modelo para México. La propuesta parece tentadora: apoyo militar estadounidense para “pacificar” regiones tomadas por el crimen organizado. Pero Sheinbaum ha sido tajante: ninguna tropa extranjera pisará suelo mexicano. Su narrativa se ancla en la defensa de la soberanía y en la búsqueda de una cooperación limitada a inteligencia, aduanas y flujos financieros ilícitos.
La presidenta apuesta por una fórmula distinta: inteligencia, programas sociales y fortalecimiento de la justicia. Habla de prevenir que los jóvenes caigan en manos del crimen, modernizar ministerios públicos y jueces, y usar tecnología para rastrear redes criminales. No es una reedición de la guerra frontal, sino un intento de enfrentar la violencia con una estrategia más integral y menos dependiente del músculo militar extranjero.
Sin embargo, el reto es monumental. El Plan Colombia mostró que la ayuda externa puede modificar el equilibrio militar, pero no necesariamente las condiciones sociales que alimentan la violencia. En México, la urgencia es doble: reducir homicidios en el corto plazo y reconstruir la confianza en las instituciones a largo plazo.
La pregunta es si la estrategia de Sheinbaum podrá evitar los dos grandes pecados del Plan Colombia: la militarización desmedida y el descuido de la dimensión social. En esa tensión se juega no solo la seguridad de México, sino también la definición de un modelo propio, que aprenda de la experiencia latinoamericana y resista las presiones de Washington.
La visita de Marco Rubio a México: una oportunidad para redefinir la cooperación bilateral
La visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a México entre el 2 y el 4 de septiembre de 2025, abre una ventana clave para la relación bilateral en materia de seguridad, migración y cooperación regional. El encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum ocurre en un contexto en el que ambos países enfrentan retos comunes: el tráfico de fentanilo, el flujo ilícito de armas, la migración irregular y la creciente influencia de actores externos como China en América Latina.
El viaje de Rubio tiene un fuerte simbolismo político. No solo es el primer latino al frente de la diplomacia estadounidense, sino que llega con el mandato de la administración Trump de reforzar la coordinación en seguridad hemisférica. Para México, representa la oportunidad de dialogar de manera directa con un interlocutor que conoce la importancia estratégica de la región y que entiende, al menos en términos culturales, las sensibilidades de América Latina.
La presidenta Sheinbaum ha sido clara: la cooperación con Estados Unidos es bienvenida, siempre y cuando se dé en el marco del respeto a la soberanía nacional. Este principio no es menor. A diferencia de experiencias pasadas como el Plan Colombia, que priorizaron la dimensión militar por encima de la social y territorial, México busca un esquema equilibrado que combine inteligencia, fortalecimiento institucional y programas de prevención.
El desafío está en conciliar expectativas. Para Washington, la urgencia es frenar la crisis del fentanilo y contener los flujos migratorios. Para México, lo prioritario es recuperar la confianza ciudadana en la seguridad interna sin reproducir esquemas de militarización que en otras latitudes mostraron efectos contraproducentes. La clave estará en encontrar un terreno común: más cooperación tecnológica, mayor intercambio de inteligencia y un compromiso compartido para frenar el tráfico de armas que alimenta la violencia en México.
La visita de Rubio no debería interpretarse como presión, sino como una oportunidad estratégica para redefinir la cooperación bilateral. México puede aprovechar el momento para plantear una agenda propia, que no solo responda a la coyuntura, sino que proyecte una visión regional de seguridad más integral, donde la dimensión social y de derechos humanos tenga el mismo peso que la acción policial y judicial.
En este sentido, lo que se juegue en esta visita trascenderá las coyunturas inmediatas. Puede marcar la pauta de una relación renovada, basada en el equilibrio entre cooperación y respeto mutuo, un modelo que reconozca la interdependencia sin sacrificar la autonomía.