Laura Ruiz
El asesinato de la secretaria particular de la jefa de Gobierno capitalina no es un hecho aislado, sino un mensaje directo a la estructura civil del poder en México. La violencia se ha vuelto sistémica. Y también política.
El asesinato de Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, junto con el asesor José Muñoz, ocurrido la mañana del martes en la colonia Moderna, no debe tratarse como un evento más de violencia urbana. Su brutalidad, planeación y simbolismo lo ubican como un acto político. Es también una advertencia al poder civil y una muestra de la vulnerabilidad del Estado ante actores que operan con impunidad y precisión militar.
Violencia que perfora el centro del poder
Guzmán no era una funcionaria más. Su cercanía con Brugada la convertía en una figura estratégica en la administración capitalina. Que su asesinato ocurriera en una zona céntrica, a plena luz del día y bajo cámaras de vigilancia, revela una certeza inquietante: hay quienes saben que pueden matar incluso en el corazón institucional de la capital sin ser detenidos de inmediato.
Este crimen manda un mensaje al poder civil: la violencia no reconoce jerarquías ni símbolos. Si el aparato de seguridad del gobierno no puede proteger a sus propios operadores clave, ¿cómo espera proteger a la ciudadanía?
El costo de ser mujer y ocupar espacios de poder
Ximena Guzmán era también una mujer joven y eficaz en un cargo de enorme responsabilidad. Su asesinato, más allá de sus implicaciones políticas, debe leerse también como un acto de violencia de género político. En un país donde más de 10 mujeres son asesinadas cada día, muchas por su sola presencia pública, este crimen encarna otra dimensión de impunidad: aquella que atraviesa los cuerpos femeninos en contextos de poder.
En México, ser mujer y estar cerca del poder no solo es difícil. Es riesgoso. Y esa violencia no se puede entender sin incorporar una lectura estructural del machismo político que permea en todas las esferas.
Justicia, o el eco sordo de la impunidad
La respuesta del gobierno ha sido rápida y firme en su retórica. Clara Brugada y la Presidenta Claudia Sheinbaum han prometido una investigación a fondo. Sin embargo, la confianza pública en la procuración de justicia es limitada. En un país donde el 95% de los homicidios quedan sin resolver, la exigencia no puede limitarse a promesas, requiere resultados, verdad y consecuencias.
La ciudadanía no necesita más comunicados. Necesita detenciones, juicios transparentes y sentencias firmes. De lo contrario, el mensaje será el habitual: que, en México, matar a un servidor público, o a cualquier ciudadano puede salir gratis.
Seguridad nacional en juego
Finalmente, este atentado abre una pregunta inquietante: ¿cuántas estructuras más están infiltradas, debilitadas o desbordadas por actores armados? Si se puede asesinar a una funcionaria de alto perfil sin consecuencias inmediatas, estamos ante un problema que no solo es de seguridad pública, sino de seguridad nacional.
Este no es un crimen común. Es un llamado de emergencia. Un síntoma de un Estado que necesita reforzarse desde sus cimientos si quiere seguir siendo viable, democrático y soberano.
Un cierre sin consuelo
La muerte de Ximena Guzmán y José Muñoz no puede quedarse en el archivo de los expedientes olvidados. Es una tragedia que encierra múltiples verdades sobre el poder, sobre la violencia, sobre el género y sobre el fracaso de las instituciones para proteger a quienes las sostienen desde dentro.
Es hora de que el país y sus autoridades se pregunten no solo quién mató a Ximena Guzmán, sino qué condiciones estructurales permiten que un crimen así ocurra. Y que lo siguiente no sea una tragedia aún mayor.