Clara Jusidman
¡Prohibido organizarse! ¡Prohibido dialogar, otorgar apoyos y realizar proyectos del gobierno con las organizaciones de la sociedad civil! Acabemos con ellas. Destruyamos cualquier institución pública que les dé apoyo y las leyes que les dan un marco legal. Compliquemos su existencia con nuevas disposiciones y trámites, cobrémosles multas impagables, exijámosles informes de sus actividades.
Porque son intermediarias con la población, abusan de los recursos públicos, no pagan impuestos. Todas son opositoras.
No las necesitamos pues yo voy a ser el único interlocutor y benefactor del pueblo, así como la única voz de éste.
Esos fueron los mensajes que desde el primer día de su gobierno Andrés Manuel López Obrador les envió a las y los miles de activistas sociales que venían colaborando en las organizaciones no gubernamentales (ONG) que ahora se conocen como organizaciones de la sociedad civil (OSC).
La mayoría de esas y esos activistas no recibía remuneración alguna defendiendo agendas y colocando en el debate público múltiples temas que no eran conocidos, ni aceptados, ni comprendidos por los gobiernos, ni los partidos políticos.
Así en los años setenta del siglo pasado, gracias a las OSC se amplió la lucha por los derechos de las mujeres, por los derechos humanos civiles y políticos y por el medio ambiente. Fueron muy importantes en la transición a la democracia, así como en el reconocimiento de los derechos de la infancia, la adolescencia, de las juventudes y de las personas mayores, de aquellas con discapacidad, y de la diversidad sexual, de los pueblos originarios y de la población afrodescendiente.
Leyes, programas, instituciones y presupuestos destinados a la protección del medio ambiente y la biodiversidad y relacionadas con los grupos de población mencionados, han sido promovidas por activistas de las organizaciones civiles.
Muchas de ellas proporcionan directamente servicios a las personas migrantes, a la que vive en calle, a las mujeres que sufren violencia; manejan estancias infantiles, servicios de salud, atención a personas adictas, con VIH, a los y las sexoservidoras, entre otros.
En los últimos años han crecido las organizaciones de víctimas, de madres buscadoras, de promotores de paz y de defensores del territorio y el medio ambiente. El número de activistas que han muerto en defensa de derechos humanos y del territorio es alarmante en nuestro país.
Históricamente, las OSCs han jugado un papel de exigencia a los gobiernos para que cumplan con sus obligaciones, no permitan la corrupción, sean transparentes, hagan un buen uso de los recursos públicos, rindan cuentas.
Este es el papel de las organizaciones que menos gusta a los gobiernos autoritarios y populistas. Son una comunidad de exigencia. Por ello hay que destruirlas, acosarlas, no escucharlas, no dialogar con ellas.
No sólo es la experiencia en México, sino también en Nicaragua, Venezuela, Cuba, Hungría, China y Rusia. Seguramente pronto en Estados Unidos, Trump firmará una orden presidencial que combata a las organizaciones de la sociedad civil no sólo de ese país, sino del mundo.