En México vivimos en una situación de violencia crónica pues desde hace varios años experimentamos una elevada tasa de homicidios, 29 por cada 100 mil habitantes1. Diversas violencias se han normalizado en nuestras vidas y cada día nos percatamos de la enorme fragilidad de nuestras instituciones de seguridad y justicia.
En los últimos 40 años, en lugar de avanzar, hemos retrocedido. Nuestra precaria democracia no ha sido capaz de lograr la consolidación de sistemas de seguridad ciudadana y humana.
La vulneración de nuestros derechos humanos, por criminales, por empresarios, por autoridades y por otros poderes de hecho en el territorio, se ha vuelto sistemática. Con la pandemia y la expansión del crimen organizado se han acrecentado nuestras experiencias y temores de perder la vida o la de nuestros seres queridos, de caer en mayor precariedad económica, de ser despojados, abusados, desalojados o amenazados, sin tener protección alguna.
En las últimas semanas tres ejemplos de esa vulneración, en ocasiones histórica y reiterada, ha ocupada las noticias.
En primer lugar, la afectación durante doscientos años de los derechos de los pueblos yaquis. El despojo de las 500 mil hectáreas de tierras que poseían cuando fue declarada la independencia de España en 1821 y fueron obligados a integrarse a la nación mexicana. Posteriormente el genocidio cometido por Porfirio Díaz para someterlos enviándolos a los campos de henequén en Yucatán y a la cosecha de perlas, donde perdieron la vida miles de ellos.
Más recientemente la construcción del acueducto Independencia para abastecer a la ciudad de Hermosillo que les quitó su derecho al agua del Río Yaqui habiendo violado el gobernador del Estado resoluciones judiciales en contra de su construcción; acueducto que, además, tiene cientos de tomas clandestinas de agua para riego agrícola. Las pocas tierras que les quedan han perdido su fertilidad y se han salinizado al impedir que las aguas del río se filtren al subsuelo.
En los últimos meses los poderes económicos de la zona en colusión con el crimen organizado, han secuestrado y asesinado a diez líderes de las comunidades yaquis, sin que aún se sepa el paradero de cinco de ellos. De los otros cinco, se encontraron sus restos.
Dos ejemplos del régimen de violencias bajo el cual vivimos refieren a las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero de que han sido objeto 31 funcionarios y científicos del CONACYT y del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología que fueron rechazadas en dos ocasiones por un juez federal.
En otro caso en cambio, el de Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas de Puebla, que fue objeto de acusaciones de igual envergadura y que tuvieron éxito ante un juez local, después de que un juez federal había ordenado que las instalaciones de la Universidad, actualmente en manos del gobierno de Puebla y de un rector espurio, le fueran devueltas a su propietaria original, la Fundación Jenkins.
Son sólo tres ejemplos, expuestos en las últimas semanas en los medios de comunicación, del despojo y la injusticia en el ambiente de violencia crónica en que vivimos desde hace al menos tres lustros.
1 Según datos del INEGI para 2020. En Colima fueron 95, en chihuahua 92, Guanajuato, 87, Baja California 78 y Zacatecas 76 por cada 100 mil y habitantes