El desalojo sufrido por los perros del Refugio Franciscano, en Cuajimalpa, no solo movilizó a la sociedad en defensa de los animales, sino que motivó a la reflexión a diversas organizaciones ciudadanas interesadas en la situación jurídica y política que, en los últimos años, han adquirido los animales domésticos dentro de las disputas de poder.
En cada ciclo electoral enfrentamos una nueva normalidad democrática: la creciente percepción de que los animales no solo tienen derechos, sino incluso propiedades, pues en muchos casos reciben herencias de sus dueños.
El caso de los perros del Refugio Franciscano, desalojados del predio ubicado en el kilómetro 17 de la carretera México–Toluca, evidencia un litigio que debe ser conocido y transparentado. Se trata de un conflicto entre humanos y animales por un terreno de elevado valor económico, producto de la herencia del filántropo Antonio Haghenbeck. Lo cierto es que no sabemos a quién pertenece la propiedad de los terrenos que están en disputa sobre la carretera México–Toluca. El cariño y el aprecio social que se tiene a los animales impulsa a esclarecer los intereses que podrían existir detrás de su protección, así como también a precisar la condición jurídica de las donaciones destinadas a garantizar su subsistencia y cuidado.
El creciente interés de los políticos y partidos por los animales domésticos exige definiciones jurídicas claras sobre sus derechos: acceso a alimentación, cobijo e identidad. Todo ello quedó expuesto en el caso del Refugio Franciscano, donde además resulta imposible ignorar el uso político que pueden tener los animales en la esfera pública.
La alta plusvalía de los terrenos en la carretera México–Toluca y la definición de los animales como seres sintientes invitan a preguntarse: ¿son los animales los propietarios legítimos de los bienes que se les ceden o lo son las organizaciones que los representan? El propio Haghenbeck cedió derechos sobre terrenos y propiedades a perros y gatos, pero la ambigüedad legal permite que partidos políticos y alcaldías utilicen esta causa para atraer votantes mediante campañas de vacunación, atención veterinaria y esterilización, todas financiadas con recursos públicos. Se habla de servicios gratuitos que, en muchos casos, no lo son, lo que evidencia que los animales pueden ser instrumentalizados para obtener apoyo electoral.
El auge inmobiliario y la concentración de grandes espacios en zonas de alta demanda exigen definiciones territoriales precisas. Ya sea que los perros sean o no los propietarios de los predios, la falta de claridad permite que las autoridades se refugien en la indefinición. Terrenos como los de la carretera México–Toluca representan negocios millonarios y revelan posibles afectaciones a los derechos de los animales.
De la discusión en torno al Refugio Franciscano se desprende que aún desconocemos con certeza si perros y felinos son los beneficiarios directos de la propiedad y cómo se comparte dicha titularidad con las organizaciones que los protegen.
Esta situación nos lleva a cuestionar la responsabilidad de las autoridades, que han demostrado poseer terrenos destinados a la protección animal, pero no siempre garantizan las condiciones necesarias para ello. Existen indicios de que animales abandonados pueden convertirse en escudos que encubren prácticas irregulares. Fue doloroso e indignante observar la condición de muchos de ellos, pero también comprobar que las autoridades no cumplen plenamente su deber de proteger los derechos tanto de humanos como de animales, quienes deben convivir en condiciones dignas.
Es necesario que la sociedad exprese su indignación por el uso político y económico de estos seres sintientes, que con su convivencia alegran nuestra vida.
Los sucesos invitan a que la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, así como la jefa de Gobierno, Clara Brugada, analicen las necesidades legales y de gestión que puedan favorecer la convivencia entre humanos y animales.