Senadores crean el reconocimiento Dr. Jesús Kumate Rodríguez, para premiar a servidores públicos y médicos –mujeres y hombres– que se han distinguido por sus méritos en favor de la salud de México. Los legisladores integrantes de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos Primera, la senadora, Kenia López Rabadán (PAN), manifestó que el Dr. Kumate Rodríguez, fue uno de los más reconocidos médicos de México, preocupado por la salud y calidad de vida de los mexicanos.
Lo calificó como un ser humano ocupado por los más desprotegidos, destacando que perteneció a las sociedades Mexicana de Bioquímica, de Inmunología y de Infectología, y a las academias Nacional de Medicina de México y de Buenos Aires, así como a las academias mexicanas de Pediatría y de Cirugía.Se distinguió por impulsar el programa de vacunación universal dirigido a los niños mexicanos y la promoción de campañas para el control de paludismo, diarrea, cisticercosis y lepra.
Para el presidente de la Comisión de Salud, Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero (Morena), expresó que Kumate, como funcionario de Salud dejó un legado al pueblo de México. Y demostró que a través de la vacunación universal se salvó a millones de vidas y que su ejemplo prevalece en el mundo entero. Ante los aciagos días que vive el mundo con la amenaza de pandemia del Covid-19 seres humanos con el perfil del Dr. Kumate son un ejemplo a seguir.
Violencia
Cifras oficiales muestran que en los últimos años la violencia contra las mujeres se incrementó, revela una investigación elaborada por la dirección general de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD). El estudio Recomendaciones de organismos internacionales a México respecto de la violencia contra las mujeres, elaborado por Juan Manuel Rodríguez Carrillo y Susana Ramírez Hernández, señala que México ratificó en 1981 la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, un instrumento internacional que compromete al Estado mexicano a tomar medidas que aseguren el pleno desarrollo y adelanto de las mujeres.
La investigación destaca que, desde 1995 hasta 2018, la tasa de asesinatos de mujeres pasó de 3.2 a 5.7 por cada 100 mil mujeres, aunque la cifra comenzó a aumentar de manera significativa desde el año 2008. Para 2019, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las entidades federativas con mayor número de presuntas víctimas de feminicidio fueron Veracruz con 165, Estado de México con 125, Ciudad de México con 71, Nuevo León con 67, Puebla con 60 y Jalisco con 57. Mientras que las entidades con las tasas más altas fueron Morelos y Veracruz ambas con 3.8 por cada 100 mil mujeres, seguidas de Colima con 2.8, Sonora con 2.7 y Sinaloa con 2.5.
Destaca que en julio de 2018, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), instancia que da seguimiento al cumplimiento de la Convención, recomendó al Estado mexicano adoptar medidas de carácter urgente para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres; normalizar los protocolos de investigación policial del feminicidio en todo el país; capacitar a jueces, fiscales, defensores públicos, abogados y agentes de policía acerca de los derechos de la mujer y la igualdad de género, entre otras acciones.
Muestra el documento del IBD que, de la revisión de las recomendaciones internacionales, se pueden identificar tres causas que agravan el problema de la violencia de género: 1) la falta de mecanismos eficientes y adecuados para acceder a la justicia, 2) deficiencias en los procesos de investigación para dar con los responsables y sancionarlos, y 3) falta de recursos humanos, técnicos y financieros a programas y políticas dirigidas a las mujeres.
Otro señalamiento recurrente ha sido la falta de perspectiva de género en el actuar de las instituciones estatales, por lo que resulta imperativo que el Estado mexicano implemente medidas y políticas transformadoras que permitan un avance real en erradicar los diversos tipos de violencia contra las mujeres, concluye la investigación. El estudio del IBD se puede consultar en: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4797
Compromiso
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Mónica Fernández Balboa, reiteró su compromiso para que las autoridades competentes investiguen minuciosamente y a profundidad los presuntos actos de espionaje al interior de las oficinas parlamentarias del PAN, igualmente se deslinden las responsabilidades a que haya lugar y, en su caso, apliquen las sanciones correspondientes. Reiteró que “este Senado tomó en cuenta las expresiones de todos los grupos parlamentarios que manifestaron la urgente necesidad de realizar una investigación a fondo, transparente y apegada a la ley”. Informó que de forma inmediata entabló comunicación con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, con el fin de hacer de su conocimiento los acontecimientos ocurridos.
Cannabis
Comisiones Unidas de Justicia; Salud; y Estudios Legislativos Segunda, discutieron y aprobaron, en lo general, el proyecto de dictamen en materia de regulación del cannabis. Las Comisiones se declararon en reunión permanente para seguir trabajando, recibiendo y revisando las propuestas de reservas al dictamen y reanudar el debate en lo particular en una nueva reunión. La Comisión de Estudios Legislativos Segunda, con ocho votos a favor del dictamen, dos en contra y dos abstenciones; la de Salud, diez a favor, tres en contra y tres abstenciones; y la de Justicia, ocho a favor, dos en contra y tres abstenciones. Se plantearon reformas y adiciones a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal.
Se propone la expedición de la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis, con la finalidad de establecer las normas generales por las que se regirá el uso de dicha planta. Se precisa el objetivo de regular el uso y control, la Ley establece la creación del Instituto Mexicano del Cannabis, un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
El presidente de la Comisión de Justicia, Julio Ramón Menchaca Salazar, aseguró que la aprobación en lo general de este dictamen es un parteaguas en la historia de nuestro país. Se dijo convencido de que arrebatar al crimen organizado esta actividad permitirá al país transitar por un mejor camino. Los argumentos a favor o en contra se dieron por la senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre (Morena), que celebró la construcción del dictamen porque conjuntar las iniciativas presentadas en la materia y las opiniones de todos los sectores de la sociedad vertidas a través de ejercicios de Parlamento Abierto.
En opinión del Sen. Damián Zepeda Vidales (PAN), estar en contra de la legalización debido a que considera que tenga nada de bueno el fácil acceso a las mismas, especialmente para los menores de edad. Aseguró que los índices de violencia no bajarán con la regulación pues el crimen organizado se dedica a múltiples delitos y no sólo a la venta de la marihuana. Claudia Ruiz Massieu (PRI), dijo que, aunque su bancada está a favor de la regulación, no están de acuerdo con la aproximación que plantea el dictamen desde la perspectiva de salud, seguridad, derechos humanos y prevención, lo que podría perfeccionarse.
Para la Sen. Patricia Mercado, aunque votarán a favor, en Movimiento Ciudadano ven problemas en el dictamen para realmente hacer un acto de justicia a todos aquellos que han sufrido esta política prohibicionista que, sin duda, son los más pobres. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (PAN), indicó que tiene una convicción personal de no abrir la puerta a las drogas. Ninguna de las fracciones del 73 constitucional menciona la regulación de cannabis. El dictamen tiene un vacío de origen, no define de manera correcta las facultades a través del decreto.
La Sen. Nuria Mayorga destacó que el PRI irá en abstención, no obstante su posición con relación al gramaje, aseguró que se está pasando de 5 a 28 gramos, por lo que se debe analizar la razón del incremento. En la discusión también participaron Margarita Valdez Martínez y Jesusa Rodríguez Ramírez de Morena; Marco Antonio Gama Basarte, Martha Cecilia Márquez Alvarado y José Erandi Bermúdez Méndez del PAN; Sylvana Beltrones Sánchez, Claudia Edith Anaya Mota y Jorge Carlos Ramírez Marín del PRI; Samuel García Sepúlveda y Dante Delgado de MC; Raúl Bolaños-Cacho del PVEM; Cora Cecilia Pinedo Alonso del PT; y Miguel Ángel Mancera Espinosa del PRD.
Comisionados
Senadores designaron a Hermilo Ceja Lucas y a Guadalupe Escalante Benítez, comisionados de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Mesa Directiva, tomó a los nuevos comisionados la protesta de ley y les deseó éxito en sus funciones. El proceso fue mediante votación por cédula, la primera, de las dos ternas enviadas por el Ejecutivo, obtuvo 120 votos: 112 fueron en pro de Ceja Lucas, tres para Rogelio de Jesús García Castañeda, y un voto para Enrique Meingüer Velásquez, además y cuatro nulos. La segunda terna recibió 118 votos: 91 en favor de Guadalupe Escalante Benítez, 3 para Alfonso López Alvarado, 39 abstenciones y un voto nulo.
Hermilo Ceja Lucas cubrirá la vacante generada por la renuncia de Guillermo Zúñiga Martínez, como comisionado el 16 de abril de 2019 y ocupará el cargo hasta el 31 de diciembre de 2024. En cuanto a Guadalupe Escalante Benítez estará en el cargo por un periodo de siete años. Se destacó que la comisionada se desempeñará en esta función por segunda vez, pues ocupó el puesto, de abril a diciembre de 2019, en sustitución de Cecilia Monserrat Ramiro Jiménez.
A la vista Reforma Judicial
Senadores consideran que uno de los grandes retos de la reforma al Poder Judicial se da en el combate a la corrupción y al nepotismo. Esto se atribuye a que en las últimas décadas se han generado redes clientelares muy arraigadas, en las que se trafica con plazas, intercambian favores o se pone precio a la justicia. Se argumentó que en la iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo se generaron desigualdades en el sistema judicial, además de que se dificulta que los más pobres puedan ser escuchados, así como generar desconfianza en jueces que no siempre se conducen con ética, independencia e imparcialidad, sino que muchas veces “sucumben ante intereses mezquinos”.
Con la presentación formal del proyecto constitucional, el 18 de febrero se inició el proceso legislativo para la renovación del sistema de justicia penal y, llevar a cabo un ajuste integral al marco jurídico para fortalecer las facultades institucionales de combate a la corrupción y al nepotismo. En los objetivos está perfeccionar la legislación encargada de regular las responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, clasificar sanciones por virtud de su gravedad, penas específicas para funcionarios, particulares y persona morales.
Se busca en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación la posibilidad de designar órganos jurisdiccionales especializados en el conocimiento de hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos o que tengan un impacto social de especial relevancia. Además, promueven favorecer la participación del sector académico y social en las áreas de capacitación y desarrollo de la carrera judicial. Entre los mecanismos de prevención y combate al nepotismo, las relaciones familiares y corporativismo judicial, los senadores y el PJF plantean la armonización legal del plan integral del Consejo de la Judicatura Federal en la Ley de Carrera Judicial e incorporar la facultad de nombramiento del juzgador respecto de su personal, basado en criterios meritocráticos.