Rodolfo Aceves Jiménez*
En el diseño e implementación de las políticas públicas convergen la Constitución, el Plan Nacional de Desarrollo y los Programas Sectoriales de cada secretaría de Estado y complementado por la legislación federal vigente y en su conjunto constituyen los documentos rectores de la gran política nacional.
La Constitución establece los anhelos del pueblo mexicano, que han sido la interpretación del Constituyente Permanente surgidos de los movimientos sociales que han cismado las estructuras de este país, desde la conquista, pasando por la colonia, la independencia, la intervención francesa y la historia del presidencialismo mexicano.
El Plan Nacional de Desarrollo es un documento de cuarenta años, implementado en la administración del presidente Miguel de la Madrid, en el cuál se refleja la visión de Estado que cada ejercicio de gobierno le imprime a su administración y los Programas Sectoriales constituyen el plan de trabajo de cada dependencia.
En todos estos documentos se reflejan las políticas públicas de las funciones de Estado así como de las funciones de gobierno que realiza cada rama de la administración pública, por conducto de las secretarías, en lo individual, o de los gabinetes especializados, en lo general.
Todas estas funciones de Estado y de gobierno que realizan, no serían posible sin la aportación que realizan los centros de investigación implementados por la vía de los fideicomisos públicos que se han constituido desde años atrás.
Su aportación se refleja en el conocimiento de nuevos escenarios de políticas públicas, de investigación científica en la medicina, la tecnología, biología y otros campos del conocimiento humano.
La extinción de los fideicomisos que dan vida a los centros de investigación es una decisión de política pública desacertada, porque se corta el flujo de investigación y aportación científica que realizan investigadores mexicanos a las distintas disciplinas de políticas públicas que tienen impacto en las funciones de Estado o de gobierno a quienes sirven.
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El decreto del Ejecutivo Federal que los extinguió señalaba que es con la finalidad de destinar más recursos públicos para la atención de la pandemia ocasionada por el Coronavirus, continuar con los programas y proyectos prioritarios del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Hoy se supone que fue levantado el periodo de emergencia.
Justo en el peor momento en que se requirió investigación científica en medicina para encontrar una vacuna contra el virus SARS-Cov2 es cuando se extinguen los recursos para hacerlo.
A corto plazo esta decisión traerá desempleo y en el largo plazo será más difícil volver a implementar las estructuras de investigación que comenzará su desmantelamiento a partir su promulgación.
Lo peor es que se manda el mensaje de desinterés en la ciencia y tecnología que producen investigadores mexicanos y, con ello, se da un retroceso en la academia, la docencia y la investigación mexicana.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
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