La justicia en la conversación

Entrevista con la Lic. Karina Regalado

Titular de la Dirección General de Atención y Participación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La Democratización del Poder Judicial

La reciente reforma al Poder Judicial en México está enfocada en transformar nuestro sistema de justicia para facilitar el pleno acceso a ella. Este proceso de reforma viene acompañado de un fuerte énfasis en la transparencia, la certeza, la confianza y la capacidad, así como de un enfoque hacia la consolidación y construcción de la ciudadanía.

El eje central para entender este cambio es la premisa de que “toda transformación legal trae un cambio en la estructura”. Esto significa que se requieren giros urgentes en la forma de hacer las cosas, vinculando directamente la gestión judicial con la participación ciudadana. Cuando se modifican las reglas del juego constitucional, no solo cambian los rostros de los jueces; se transforma toda la arquitectura del Estado y la manera en que los ciudadanos nos relacionamos con la justicia y gestionamos su alcance.

Estaciones de un Recorrido Plural

Esta charla se desarrolla a través de dos vertientes: una conversación con una destacada abogada zapoteca de Juchitán, Oaxaca, especialista en derechos humanos, y una vasta documentación que nos adentra en el tema. A través de este recorrido, se visibilizan acciones clave como los “Diálogos por la Justicia Abierta”, impulsados por la Suprema Corte, una iniciativa que reafirma la profunda diversidad cultural de México.

Para comprender los trazos de nuestro país, es obligatorio detenerse en los datos y argumentos que ilustran la conversación. En el corazón de México vibran 68 pueblos indígenas reconocidos, cada uno asociado a una lengua originaria y a una identidad cultural propia, entre los que destacan:

• Nahua
• Maya
• Zapoteco
• Mixteco
• Otomí
• Tzotzil
• Purépecha
• Mazahua, entre muchos otros.

Este paisaje nos sugiere una polifonía singular que introduce una nueva visión: el reconocimiento del pueblo afromexicano como un grupo étnico y cultural diferenciado (localizado principalmente en regiones de Guerrero, Oaxaca y Veracruz). Como metáfora de esta riqueza, vale la libertad de expresar que “las lenguas indígenas suelen recordarnos el canto de las aves”.

El rostro demográfico y judicial de México es, por definición, Plural:

• 68 pueblos indígenas reconocidos.
• 1 pueblo afromexicano reconocido constitucionalmente.
• Una amplia población mestiza y otros grupos de origen europeo, asiático y de diversas migraciones históricas.

Los Dos Pilares de la Reforma

La Lic. Karina Regalado nos recuerda que los dos pilares que se vinculan en esta transformación son:

1. El Artículo 2 Constitucional: Reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, otorgándoles personalidad jurídica y patrimonio propio, además de garantizar su libre determinación, autonomía y el respeto a sus sistemas normativos.
2. La Reforma al Poder Judicial: Busca fortalecer la justicia y la democracia, incluyendo la elección directa de ministros, jueces y magistrados.

Estos diálogos han despertado un profundo interés. Recordando la sabiduría popular (“danos, señor, caminitos planos”), el objetivo es hacer de esta travesía un extenso diálogo que surja como un nuevo pacto social.

Cartografía de los Diálogos

Temas Centrales

I. Dificultad de acceso a la justicia de los pueblos originarios.

II. Providencias cautelares en materia laboral.

III. Perspectiva de género y matrimonio igualitario.

IV. Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en el Poder Judicial de la Federación.

V. Alimentos y medidas compensatorias.

Participantes

• Personas Ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
• Presidencia del Órgano de Administración Judicial.
• Personas juzgadoras federales y locales.
• Integrantes de la comunidad jurídica.
• Barras de abogados y abogadas.

Semblanza

Karina Regalado es abogada zapoteca originaria de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, comprometida con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, así como con la promoción de la igualdad sustantiva y la participación de las mujeres en la vida pública.

Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca y cuenta con el título de Experta en Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional por la Universidad Carlos III de Madrid, España.

A lo largo de su trayectoria ha trabajado en el impulso de políticas públicas, procesos de consulta indígena y espacios de participación social. Se ha desempeñado en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del estado de Oaxaca y como asesora en materia de participación política en municipios regidos por sistemas normativos internos.

Ha coordinado encuentros estatales de mujeres indígenas y afromexicanas de Oaxaca, promovido acciones para el reconocimiento de derechos políticos de poblaciones históricamente excluidas y participado en proyectos de formación comunitaria, diálogo intercultural y fortalecimiento del pluralismo jurídico.

Su trabajo se ha caracterizado por impulsar la participación social, el reconocimiento de la diversidad cultural y la construcción de una justicia más cercana a las comunidades indígenas.

Actualmente es Titular de la Dirección General de Atención y Participación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde donde impulsa mecanismos de vinculación social para acercar la justicia a la ciudadanía.

Corre el telón

Claudia Valdés/Javier Ramos: Mucho gusto, Karina. Qué bueno que nos acompañes. Tienes un tema que me parece importantísimo, sobre todo porque a nosotros nos preocupa la construcción de ciudadanía. Tras la reforma al Poder Judicial, ¿cómo debemos entender la dirección que encabezas, la de Atención y Participación Social? ¿Cómo encauzarla?

Karina Regalado: Claro, mira. Afortunadamente, la trayectoria en la que he caminado se ha centrado mucho en la conexión con las personas de diversas comunidades, principalmente indígenas y afromexicanas. Esto me ha permitido desarrollar sensibilidad respecto a las principales necesidades y demandas en el terreno personal.

Ahora bien, en un plano social o nacional, te puedo decir que hay dos reformas muy importantes que en este espacio cobran gran relevancia: la reforma al artículo 2 constitucional y la reforma al Poder Judicial. Con la reforma al Poder Judicial se crea esta nueva Dirección General de Atención y Participación Social, que es la principal encargada de abrir las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por otro lado, la reforma constitucional al artículo 2 emana de consultas en todo el país sobre las principales demandas y deudas históricas que el Estado tiene con los pueblos y comunidades indígenas, así como con las personas más vulnerables. Al empatar esto, Claudia, te puedo decir que ha sido un gran acierto de la nueva Suprema Corte abrir estas puertas. Te comparto un dato: en la administración pasada se atendían cerca de ocho personas al mes; en la actualidad, pasamos a recibir entre 600 y 900 solicitudes y peticiones sociales mensuales. Esto refleja la exigencia de la sociedad —recolectada cuando se caminó en territorio— de tener una Corte no solo abierta, sino cercana a las demandas y con impacto en la realidad social.

CV/JR: Yo soy una convencida de que la Corte necesita abrirse y de que se requieren espacios para la gestión. Lo que a mí me preocupa es que estos procesos, caminos y cambios no se conocen. Ese es el gran problema: la falta de difusión.

KR: Justamente, y te agradezco esta oportunidad de llegar a tu audiencia. El día 9 de junio, el ministro presidente, junto con las ministras y ministros, inauguraron de manera formal los Diálogos por la Justicia Abierta. El encargo hacia esta dirección es recorrer todo el territorio nacional creando puentes, alianzas y acuerdos de manera transparente entre magistrados, juzgadores, justiciables, barras de abogados, defensores y activistas. Eso es, justamente, la justicia abierta.

CV/JR: Me interesa muchísimo esto. Cuando se elabora y aprueba una ley, la obligación inmediata debería ser socializarla y darla a conocer para que la gente sepa cómo gestionar y defender sus derechos humanos. ¿Han pensado en la epopeya comunicacional que van a tener que hacer para lograr esto?

KR: Claro que sí. Sé que es un reto muy grande y que no es fácil llegar hasta la última comunidad. Es una gran responsabilidad que tiene la Suprema Corte a través de sus áreas, principalmente de las direcciones generales de Comunicación, de Plural TV, de Atención y Participación Social, en enlace con los otros poderes. Definitivamente estamos transitando hacia esta nueva reforma y hacia darla a conocer; quienes estamos apoyando a esta nueva Corte estamos muy comprometidos, trabajando fuertemente para crear el andamiaje y el sistema que difunda todo lo nuevo que se está realizando. Los medios de comunicación son importantes.

CV/JR: Los canales de comunicación son fundamentales en esto; si no hay socialización, no hay nada. La Corte no necesita hacer campañas comerciales o anunciarse, debe estar permanentemente en los medios, el reto es de otra naturaleza. Ahora, ¿estamos hablando solo de población indígena o de un espacio mayor de involucramiento?

KR: Es importante no obviar a los pueblos y a las comunidades indígenas, porque existe una deuda histórica con ellos. Por ejemplo, vamos a iniciar en cinco estados, donde previmos que tres fueran fundamentalmente indígenas y dos con población migrante. No es una campaña propiamente para publicitar a la Corte, tú bien lo acabas de exponer: la Corte no necesita ser anunciada. El reto aquí es crear el diálogo entre la sociedad y la institución.

Esta Corte antes se mantenía como un búnker, estaba muy alejada. No se conocía a los jueces, a los magistrados ni a los ministros y ministras, sólo al Ministro o a la Ministra presidente. Además, las sentencias se emitían con un lenguaje poco comprensible; muchas no contaban con perspectivas de derechos humanos, de género, de pluralismo jurídico ni de otras miradas para resolver. Los pueblos y comunidades indígenas tienen mucho que enseñarle al Poder Judicial, por ejemplo, cómo resuelven los conflictos de forma ágil sin burocratizar tanto las situaciones. Hay un reto muy fuerte, pero si no ponemos en la mesa las realidades sociales y a las personas como las principales tomadoras de decisiones dentro de estas resoluciones judiciales, seguiremos en deuda. Justamente eso es lo que queremos evitar.

CV/JR: Me queda claro que lo que falta es el puente, la gran gestoría y el diálogo. Las poblaciones indígenas tienen necesidades diferentes en materia de justicia según la entidad, ya sea en Michoacán, en el Estado de México o en el sur. Es un gran reto que va más allá de una charla de café.

KR: Así es, Claudia. Te pido por favor que sigamos manteniendo este vínculo y que nos acerques a más medios. Sé que la Dirección General de Comunicación de la Corte trabaja fuertemente por mantener esa cercanía. Vamos en la misma dirección: tenemos que hacer equipo. Como lo pide el ministro presidente, ya no seremos poderes alejados; hay que dejar de lado los egos, ponernos a trabajar para la comunidad y el pueblo, y enfocarnos en el servicio de manera permanente.

CV/JR: Concuerdo contigo en que es necesario acercarla, pero se necesita encontrar canales idóneos donde podamos promover el conocimiento de los derechos. Me gustaría preguntarte: ¿de qué punto de partida o escalón de la justicia arrancamos con la población indígena —que suma 12 millones de personas— y hacia dónde podemos transformarla a través del diálogo?

KR: La Corte se está moviendo fuertemente en dos vías. Primero, en sistematizar sentencias de los pueblos y comunidades indígenas enfocadas en el pluralismo jurídico. Áreas como la de Derechos Humanos están organizando diálogos entre jueces indígenas y juzgadores de la Suprema Corte.

Por otra parte, estamos empezando estos diálogos de justicia abierta en los municipios con mayor porcentaje de población indígena, como en Yucatán (24.3%), Chiapas (22.4%) y Guerrero (13.5%), además de Quintana Roo, que tiene una población migrante indígena muy importante. De ahí nos extenderemos a más territorios, esperando que la Corte pueda llegar a los 68 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano.

CV/JR: Dentro de estas poblaciones hay realidades de desigualdad muy marcadas. ¿Cómo se va a afrontar el enorme reto de la justicia en la que viven las mujeres, los niños y los ancianos indígenas?

KR: Tocas un punto clave: la interseccionalidad. Hablamos de mujeres indígenas, precarizadas, migrantes, a veces en situaciones vulnerables con hijos institucionalizados o que no saben leer ni escribir. Hay una deuda muy profunda y justo en esto se quiere centrar la nueva Corte: en los derechos humanos de las personas. A diferencia de la administración anterior, que solía centrarse más en temas fiscales o empresariales, el ministro presidente Hugo Aguilar nos ha encomendado fuertemente que la prioridad absoluta sean los derechos humanos.

CV/JR: ¿Dónde o cómo han pensado que estas personas puedan gestionar directamente sus necesidades de justicia?

KR: Lo hemos estructurado a través de los Diálogos por la Justicia Abierta. Esta Dirección General a mi cargo los realizará en las distintas entidades del país utilizando las Casas de los Saberes Jurídicos. Estas casas ya tienen la indicación de recibir cualquier petición social. La idea es no centralizar la atención en la Ciudad de México, sino que todas estas sedes estén habilitadas para recibir las solicitudes y darles un seguimiento real. Incluso si el tema no es estrictamente jurisdiccional, la instrucción es ir más allá, tocar puertas con otros poderes o instancias y acercar a la población a la justicia social.

CV/JR: Ese paso es básico y fundamental. ¿Cómo piensan involucrar al resto de la sociedad? Porque la justicia nos compete a todos.

KR: Vamos a iniciar con grupos clave: barras de abogados —que son los principales defensores—, activistas, organizaciones y académicos de la abogacía. Nos centraremos primero en este sector para luego ir permeando hacia mayores estructuras. De hecho, ya empezamos este viernes con el primer foro en Querétaro, en la Casa de la Cultura Jurídica, y posteriormente continuaremos en estados como Puebla, Oaxaca, Quintana Roo y Chihuahua.

CV/JR: Me parece fundamental porque el bien mayor es la justicia y todos debemos tener acceso a ella. Saber a dónde ir o qué puerta tocar cuando nuestros derechos son vulnerados.

KR: Exactamente, saber a dónde acudir. Históricamente, la Corte ha sido vista como la última puerta para casos difíciles o desesperados, cuando la gente ya recurrió a todas las instancias y no encontró solución. Pero también queremos que la Corte sea una primera puerta de orientación: que, si te pasa algo, sepas a dónde llamar y, si no nos compete, podamos canalizarte y acompañarte. Al final, esta es la casa de la justicia y la ciudadanía debe saber que estará ahí para respaldarla en sus momentos más vulnerables.

CV/JR: Cuando las instituciones fallan, contar con ese respaldo es básico. Muchas gracias. La comunicación va a ser la base de todo. ¡Hasta luego!

KR: Aquí estamos, gracias a ti, un abrazo. Hasta luego.