Elio Villaseñor
De la regulación a la corresponsabilidad
«El criterio no puede ser sólo el beneficio,
sino la dignidad de cada persona y el bien de los pueblos.»
— Papa León XIV, Magnifica Humanitas (2026)
Una oportunidad que México no debe desaprovechar
El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de convocar a foros regionales para construir una propuesta de regulación sobre el uso de plataformas digitales y redes sociales por parte de niñas, niños y adolescentes abre una discusión impostergable para el país.
Los encuentros, que se realizarán durante agosto y septiembre en Nuevo León, Chiapas y Guerrero, representan una oportunidad para construir una política pública que coloque en el centro el interés superior de la niñez.
No se trata de satanizar la tecnología. Los teléfonos inteligentes, las tabletas, los videojuegos y las redes sociales forman parte de la vida cotidiana de las nuevas generaciones y ofrecen enormes oportunidades para aprender, comunicarse, crear y acceder al conocimiento.
El verdadero desafío consiste en lograr que ese desarrollo tecnológico ocurra dentro de un entorno seguro y responda siempre al interés público y al bienestar integral de niñas, niños y adolescentes.
Una generación que crece conectada
La magnitud del reto es evidente. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2024, elaborada por el INEGI, el 95.1 % de las y los adolescentes de 12 a 17 años utilizó internet.
El espacio digital se ha convertido en un nuevo entorno de socialización, aprendizaje y entretenimiento, pero también en un escenario donde aparecen riesgos que hace apenas una década no tenían la dimensión actual.
Entre las amenazas más frecuentes destacan el ciberacoso, las extorsiones, el contacto con desconocidos, la difusión no consentida de imágenes íntimas, el fraude, la explotación sexual y, cada vez con mayor preocupación, el reclutamiento de menores por parte de grupos delictivos.
Cuando la tecnología también puede convertirse en riesgo
A estos peligros se suman los efectos del uso excesivo de las pantallas.
Diversas investigaciones muestran que una exposición prolongada puede afectar la calidad del sueño, disminuir la capacidad de concentración, incrementar los niveles de ansiedad y favorecer síntomas depresivos, especialmente cuando niñas, niños y adolescentes navegan sin supervisión ni acompañamiento.
Early Institute ha advertido que el uso poco supervisado o inadecuado de las redes sociales abre las puertas a problemas de acoso, violencia y afectaciones a la salud mental.
La tecnología, por sí misma, no genera todos estos problemas.
El riesgo se incrementa cuando el diseño de las plataformas privilegia el tiempo de permanencia y la acumulación de datos sobre el bienestar de quienes las utilizan, y cuando las familias, las escuelas y las instituciones carecen de herramientas para acompañar a las nuevas generaciones.
Más que prohibir: construir una política pública de corresponsabilidad
Como ha señalado Cándido Pérez, de Early Institute, «La regulación del acceso a redes sociales debe ir más allá de decisiones desde el poder ejecutivo o legislativo.»
Esa reflexión resume el desafío que hoy enfrenta México: proteger a niñas, niños y adolescentes exige una responsabilidad compartida entre familias, escuelas, empresas tecnológicas, autoridades y sociedad.
Por ello, el debate no debe reducirse a establecer prohibiciones o límites de edad. México necesita construir una verdadera política pública de corresponsabilidad.
Las familias son el primer espacio de protección.
A ellas corresponde acompañar, dialogar y establecer reglas que permitan un uso equilibrado de la tecnología.
También deben crear un ambiente de confianza para que una niña, un niño o un adolescente pueda comunicar una amenaza o pedir ayuda sin miedo a ser castigado.
Las escuelas deben incorporar la educación para la ciudadanía digital, enseñando a las y los estudiantes no sólo a utilizar herramientas tecnológicas, sino también a proteger su privacidad, reconocer riesgos, verificar información, denunciar abusos y mantener una convivencia respetuosa en los entornos digitales.
Las empresas tecnológicas, por su parte, deben asumir una responsabilidad proporcional al enorme poder que ejercen sobre la vida digital.
No basta con ofrecer plataformas innovadoras. Deben incorporar mecanismos efectivos de verificación de edad, fortalecer la privacidad de las personas menores, eliminar con rapidez los contenidos ilícitos y transparentar el funcionamiento de los algoritmos cuando estos puedan amplificar contenidos violentos, sexuales o dañinos.
Pero esa responsabilidad debe ir aún más lejos. El desarrollo tecnológico no puede responder únicamente a criterios de rentabilidad, crecimiento o innovación acelerada.
Las plataformas digitales, los algoritmos y las herramientas de inteligencia artificial deben diseñarse teniendo como principio el interés público y el bienestar de niñas, niños y adolescentes.
La verdadera innovación será aquella que coloque la dignidad humana en el centro y contribuya a formar entornos digitales más seguros, inclusivos y respetuosos de los derechos de la infancia.
El gobierno tiene la obligación de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, prevenir los delitos digitales, fortalecer las capacidades de investigación y asegurar que existan mecanismos eficaces de denuncia, acompañamiento y atención a las víctimas.
La atención, las emociones y los datos personales de niñas, niños y adolescentes no pueden seguir siendo considerados simples recursos comerciales.
Escuchar también a la niñez y la adolescencia
La protección de la infancia ya no puede depender únicamente del esfuerzo de las familias.
Nos encontramos frente a un desafío que involucra al Estado, al sistema educativo, a las empresas digitales y a toda la sociedad.
Los foros convocados por el Gobierno de México representan una oportunidad para escuchar a especialistas, docentes, madres y padres de familia, organizaciones de la sociedad civil y empresas tecnológicas, pero, sobre todo, a las propias niñas, niños y adolescentes.
Sus experiencias, temores y propuestas deben formar parte de las decisiones que marcarán el futuro de su vida digital.
No puede construirse una política pública para ellos sin escuchar directamente sus voces.
Una alianza internacional por la niñez digital
La protección de la niñez en la era digital rebasa las fronteras nacionales.
Las grandes plataformas digitales, las redes sociales y los sistemas de inteligencia artificial operan a escala global, por lo que ningún país podrá enfrentar por sí solo este desafío.
Se requiere construir una gran alianza internacional que reúna a los organismos internacionales, los gobiernos, las empresas tecnológicas, la academia y las organizaciones de la sociedad civil para establecer estándares comunes de protección, intercambiar buenas prácticas, fortalecer la cooperación frente a los delitos digitales y promover una innovación responsable.
Así como el cambio climático, la salud pública o la seguridad internacional exigen respuestas coordinadas, la protección de la infancia en el entorno digital también demanda una gobernanza global basada en los derechos humanos, donde el desarrollo tecnológico esté al servicio del bien común y del bienestar de las nuevas generaciones.
Prevenir hoy para proteger el futuro
La mejor política pública no será la que prohíba más, sino la que prevenga mejor.
La que eduque antes de tener que sancionar.
La que fortalezca a las familias antes que sustituirlas.
La que exija a las empresas tecnológicas asumir plenamente su responsabilidad sin frenar los beneficios de la innovación.
Y la que coloque, por encima de cualquier interés económico o tecnológico, el bienestar y la dignidad de las nuevas generaciones.
Porque proteger a la niñez en la era digital no significa cerrarles las puertas del futuro; significa garantizar que puedan recorrerlo con libertad, seguridad y dignidad.
La innovación tecnológica sólo será verdaderamente un progreso cuando esté al servicio de la persona humana y contribuya al bien común.
Los foros convocados por el Gobierno de México representan una oportunidad histórica para construir un gran acuerdo nacional.
Un acuerdo donde familias, escuelas, empresas tecnológicas, autoridades y sociedad compartan la responsabilidad de proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes y de formar ciudadanos digitales libres, críticos y responsables.
Como recuerda el Papa León XIV en Magnifica Humanitas, «el criterio no puede ser sólo el beneficio, sino la dignidad de cada persona y el bien de los pueblos».
Ese principio ofrece una brújula ética para orientar tanto la regulación de las plataformas digitales como el desarrollo tecnológico.
La pregunta de fondo ya no es únicamente cómo regular las redes sociales.
La verdadera pregunta es si seremos capaces de construir una cultura de corresponsabilidad —nacional e internacional— que coloque la dignidad de cada niña, niño y adolescente por encima de cualquier interés económico, político o tecnológico.
Sólo cuando el desarrollo tecnológico responda al interés público y al bienestar de las nuevas generaciones podremos afirmar que la innovación está verdaderamente al servicio del ser humano.
De esa respuesta dependerá no sólo el futuro digital de nuestras niñas, niños y adolescentes, sino también la calidad humana de nuestra democracia y de la sociedad que aspiramos a construir.