Redacción
Dado el ambiente de división política y social en México, es difícil encontrar puntos de acuerdo en los que coincidan las necesidades sociales y las ideologías políticas sin mayores desencuentros por la pertinencia de una necesidad común.
Un tema en el que sociedad y legislatura pueden coincidir es el tema de abrir o democratizar el notariado en la Ciudad de México.
Muchos de los problemas de la Ciudad de México, incluyendo la recurrencia de litigios del mismo tipo en los tribunales locales, podrían resolverse teniendo un mayor número de notarías para atender a la gente.
Para desgracia del habitante común de la Ciudad de México, las notarías suelen ser oficinas en las que no es fácil tener una cita, no es fácil entender un proceso para resolver sus problemas y lo peor del caso, es muy difícil pagar los altos costos y honorarios de los trámites y servicios notariales.
En la Ciudad de México abundan las propiedades irregulares, intestadas y otras informalidades jurídicas porque, en gran medida, acceder al notariado no es tarea fácil. Los notarios no se han convertido en un medio de utilidad social con vocación de servicio, en tanto detentadores de la fe pública delegada por el estado. Son, en muchas ocasiones, pequeños nichos de poder enfocados en los “asuntos grandes”. Y los asuntos “pequeños”, es difícil encontrar notarios que los quieran atender y, muchas veces, es muy difícil solamente conseguir una cita, primero porque las asistentes tratan a la gente con desconfianza y desdén y, segundo, porque a veces en todo el ir y venir de la consulta nunca puede ver uno al notario, sino al asistente del asistente del pasante, mientras el notario está cuidando a sus caballos o jugando golf.
En una ciudad y en un gobierno con perspectiva social y humanista, urge que haya más notarías, para reducir el nivel de cacicazgo y privilegio de los notarios. Las notarías no se concursan con frecuencia y, en muchas ocasiones, son hasta dinásticas. El padre, el hijo y el abuelo detentan notarías y no se abren espacios a nuevas generaciones ni a la movilidad social de nuevos nombres en el gremio. El notariado es, antes que un medio de servicio, una patente de riqueza que llega a ser obscena, ya que los millones de ciudadanos de toda la ciudad están cautivos ante unas pocas notarías.
Son tan pocas las notarías que, si un abogado que trabaja en una llega a tener un conflicto con un notario, éste puede “quemarlo” con otros notarios y hacer imposible su ascenso a la patente. Es una cruel industria y un cacicazgo que debe terminar.
Este es un llamado a la legislatura de la Ciudad de México para que trabajen en la apertura o concurso de más notarías, o bien, para que se constituyan nuevas figuras jurídicas como la notaría social. La notaría social puede ser una oficina notarial, con notarios funcionarios públicos que sí estén dispuestos a dar personalmente consultas, hacer cotejos, fe de hechos, testamentos y todas las cosas que los notarios actuales no siempre quieren hacer, o bien, que, con la verdadera intención de no hacerlas, cobran precios estratosféricos, escudados en un arancel que es verdaderamente elevado y no entienden el sentido de urgencia de sus clientes, a quienes no les importa perder ya que por tener una patente, tendrán siempre y necesariamente clientes cautivos.
Si la 4T quiere anotarse una victoria con pertinencia social, desahogar litigios potenciales en tribunales y aumentar la cultura de la seguridad jurídica y la legalidad en nuestra Ciudad, deben trabajar en crear nuevas oficinas notariales, llamarles notarías sociales o gubernamentales y designar notarios con más vocación de servicio que ambiciones de riqueza.