Ignacio Ruelas Olvera
Desde el salón Tesorería del Palacio Nacional la voz de la consejera jurídica espetó una lista de comunicadores, intelectuales, mexicanas y mexicanos a los que llaman, entre otros apodos: comentólogos. Todo un caso.
Desde la perspectiva de Karl-Otto Apel y Jürgen Habermas, la lista negra podría entenderse como una ruptura de las condiciones éticas y comunicativas que hacen posible una democracia deliberativa: para Apel, la legitimidad del discurso público descansa en una comunidad de comunicación donde todos los afectados pueden participar como interlocutores libres, capaces de cuestionar las pretensiones de verdad, corrección y legitimidad; para Habermas, la esfera pública pierde su función democrática cuando la comunicación deja de orientarse al entendimiento y es sustituida por una comunicación estratégica destinada a producir adhesión, deslegitimar al adversario y colonizar el espacio público con una narrativa dominante.
Desde ambos enfoques, una voz oficial que identifica clasifica y estigmatiza a quienes discrepan no constituye simplemente una estrategia de comunicación política: erosiona las condiciones de posibilidad del diálogo democrático, porque transforma al ciudadano de interlocutor racional en destinatario de una narrativa, y al opositor de participante legítimo en la deliberación en objeto de descalificación. La Constitución, precisamente por su capital ético, entraña la garantía que ninguna autoridad pueda apropiarse del espacio comunicativo común.
Dos posibilidades:
- México parece estar entrando al tramo electoral de 2027 con una tensión creciente entre el enorme capital ético de la Constitución y una práctica política que tiende a onvertir la comunicación gubernamental en un mecanismo de clasificación, señalamiento y confrontación del adversario.
- Un posible mecanismo de desplazamiento de agenda: en lugar de que el espacio público permanezca concentrado en preguntas incómodas, resultados de las políticas públicas, seguridad, responsabilidades políticas, corrupción, relaciones entre poder y crimen organizado, rendición de cuentas, la conversación se reorganiza alrededor de quién critica al gobierno y con qué supuestas intenciones.
¿Estamos ante una deliberación pública sobre los problemas de México o ante una estrategia de administración de la atención pública, en la que el señalamiento del adversario funciona como distractor de asuntos de mayor calado?
La llamada conferencia Derecho de Réplica identifica cuatro capas de un supuesto ecosistema de amplificación digital: medios y comentócratas, personajes políticos, zuentas de ataque y narrativas de presiones externas. La lista incluye dirigentes, exgobernantes, legisladores, periodistas, analistas, empresarios; entre ellos Lorenzo Córdova, Xóchitl Gálvez, Ricardo Anaya, Vicente Fox, Claudio X. González y Ricardo Salinas Pliego… (un largo etcétera)
Lo verdaderamente preocupante
Una democracia constitucional puede soportar, y necesita, la crítica al gobierno, incluso la crítica áspera. Lo delicado aparece cuando el poder público comienza a construir categorías de ciudadanos según su proximidad o distancia respecto del discurso oficial.
Surge una pregunta constitucional de fondo:
¿La autoridad está ejerciendo su derecho a informar y responder, o está utilizando la autoridad comunicativa del Estado para establecer quiénes son los adversarios legítimos, quiénes son los sospechosos y cuál es la interpretación políticamente correcta de la realidad? La diferencia es enorme.
La libertad de expresión no protege únicamente las opiniones agradables al poder. Su valor constitucional se vuelve especialmente importante cuando permite que una sociedad cuestione al gobernante, revele sus errores, contradiga sus cifras, investigue sus decisiones y formule alternativas. La Constitución no es únicamente un conjunto de procedimientos jurídicos: también contiene una reserva moral que limita al poder. Su lógica fundamental es que la autoridad no es dueña de la verdad pública. ¡Está sometida a la ley y al escrutinio ciudadano!
La mañanera, fenómeno político-mediático
Una conferencia gubernamental debería cumplir una función legítima de información pública. Pero cuando la comunicación cotidiana del Ejecutivo adquiere una estructura narrativa en la que el gobierno:
{interpreta + identifica adversarios + descalifica + establece la versión oficial + moviliza a sus simpatizantes} = Proscripción.
Entonces deja de ser comunicación institucional y adquiere una dimensión de comunicación política e ideológica de gobierno.
Y esto tiene una consecuencia electoral particularmente importante. El problema no es la voz oficial. El problema aparece cuando esa voz ocupa progresivamente el espacio público hasta producir la apariencia de que solamente existe una interpretación legítima de los acontecimientos, los hechos y la realidad. Concierto para una sola voz es una categoría megalómana. No significa literalmente que no existan voces opositoras. Las hay. Significa algo más peligroso: que el aparato político-comunicativo del Estado tiene una capacidad desproporcionada para definir diariamente la agenda, establecer los temas, asignar responsabilidades y determinar quién debe responder por ellos.
A menos de 60 días del inicio formal del proceso electoral la situación adquiere otra dimensión. El oficialismo llega a esa etapa enfrentando una acumulación de políticas públicas cuestionadas o fallidas. La cuestión política entonces consiste en determinar qué sucede cuando los resultados gubernamentales comienzan a competir con el propio relato oficial. Hay dos posibilidades:
UNA. La democracia corrige al gobierno mediante resultados, deliberación y voto.
O
DOS. La comunicación política intenta compensar las deficiencias de gestión mediante la construcción permanente de adversarios, lo cual es peligroso porque desplaza la discusión: ¿Funcionó la política pública? Por: ¿Quién está atacando al gobierno? Entonces el ciudadano deja de ser juez de los resultados y comienza a ser convocado como integrante de un bando.
La paradoja constitucional, núcleo filosófico-jurídico:proporcionalmente a lo grande que es el capital ético de la Constitución, mayor debería ser la tolerancia del poder frente a la crítica. Una Constitución fuerte, como la nuestra, no necesita proteger al gobernante de sus críticos; necesita proteger al crítico del poder.
La lista de opositores adquiere un significado que excede la lista misma. El documento no demuestra por sí solo una persecución jurídica ni permite afirmar que exista una política institucional de censura. Documenta, sin embargo, un mecanismo discursivo de identificación y clasificación de actores críticos al gobierno, y eso modifica la relación con la libertad de expresión.
Si el poder necesita señalar reiteradamente a sus críticos para explicar sus dificultades, el problema deja de ser únicamente comunicativo: comienza a ser constitucional.
Porque la democracia no consiste en que el gobierno tenga la voz más fuerte. Consiste en que ninguna voz gubernamental pueda convertirse en la medida de todas las demás. Las elecciones de 2027 puede terminar siendo, en ese sentido, algo más profundo que una competencia entre partidos: un examen ciudadano sobre si México conserva una democracia de pluralidad constitucional o transita hacia una democracia de narrativa dominante.
Veámoslo desde los lentes de la ética cívica de Adela Cortina, el problema no sería únicamente que el poder silencie una voz, sino que deje de reconocer en quien disiente a un interlocutor moralmente digno. La democracia no se sostiene porque los ciudadanos coincidan con el gobierno, sino porque pueden discrepar de él sin ser expulsados simbólicamente de la comunidad política. Cuando la autoridad convierte al crítico en enemigo, la política abandona la ética del reconocimiento y comienza a erosionar el vínculo que hace posible la ciudadanía común.
Apel: la comunidad de comunicación; Habermas: la esfera pública; Cortina: la ética del reconocimiento y la ciudadanía compartida. Las tres perspectivas convergen en una idea: una democracia constitucional se debilita cuando el poder deja de considerar al disidente como interlocutor y comienza a tratarlo como obstáculo.
El reto son las urnas del año próximo.
¡La coherencia política y la responsabilidad social tienen la palabra!