Bulmaro Valvidares y Claudia Valdés
HORIZONTE COMPLEJO Y POLARIZADO
En torno a la reforma del poder judicial, se han manifestado muy diversos posicionamientos unos a favor y otros en contra, sin embargo, todos nos remiten a reflexiones centrales como si se cumple con el objetivo de la impartición de justicia, derechos humanos y la autonomía del poder judicial, asunto sobre el que gravita la naturaleza del régimen político estructurado a partir de una idea central de evitar la acumulación de poder en una sola persona.
DEBATE
En las mesas promovidas por la UNAM en torno a la reforma del poder judicial, tuvieron lugar interesantes foros de debate, recogemos varias opiniones, que nos permiten clarificar diferentes ángulos de la problemática. Rescatamos la opinión de Pedro Salazar ex director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien dijo que en México la propuesta más ambiciosa en ese ámbito “empieza por lo local y por encontrar los mecanismos a través de los cuales podemos fortalecer los tribunales, que son a los que más acuden los ciudadanos y que nos ayudarían a entender dónde se ubica la mayor insatisfacción y desafección de la gente con la justicia”.
El maestro Salazar recomienda una vision sobre la base cimentada en el orden local y que tenga como punto de partida a integrantes que “deben ser expertos en derecho, personas honorables, autónomas y, sobre todo, independientes de intereses políticos y económicos, de los poderes ilegales o ilegítimos.” O sea que el maestro Salazar nos está recomendando juristas que puedan dar respuesta a judicializados, es decir, a los que claman por justicia.
El maestro Salazar va más allá, y aprovechando el espacio de la discusión a fin de compartirnos una visión judicial de conjunto, que tiene como raíz la formación y la vocación, la honestidad, la diversidad de criterios en torno a un nucleo que es el servicio a la comunidad. Salazar nos dice que, “La pluralidad y la diversidad sociales deben mostrarse en la composición de una corte constitucional, es decir, debe existir apertura a la diversidad de voces y visiones.”
La idea nos lleva a la representación de lo semejante y a la aceptación del otro.
ESTAMPAS
En este sentido los foros convocados por la UNAM representan útiles herramientas para que estudiantes y público en general que se han sentido motivados por la situación del poder judicial encuentren argumentos de gran utilidad para la comprensión del tema. Conviene en las precisiones y la necesaria claridad de las ideas del análisis de la reforma al poder judicial, recordar lo expresado por la profesora de la Facultad de Derecho (FD), Eugenia Paola Carmona Díaz de León: indicó “que la integración de la SCJN y, en general el modelo propuesto, deben ser reformulado.” … “Dejo claro que de otra manera “de aprobarse, la justicia será más parcial, lejana, sesgada y subordinada a intereses políticos. Como está planteada, no garantiza la independencia de los futuros ministros.”
Se precisa en las reflexiones la preocupación sobre los delicados equilibrios de los enunciados legales, que buscan representar los intereses y aspiraciones de la sociedad, sin otro fin que ir más allá del parafraseo constitucional que recorre las tribunas y denuncia la tirania de la toga y el birrete, pero también, de los constructores de las piezas legales que hoy buscan pavimentar nuestra democracia.
BARANDILLA
Mónica González Contró, directora del IIJ conoció de la renovada preocupación por la autonomía del poder judical con la intervencion de Imer Flores Mendoza, jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, quien expuso “que se debe garantizar una verdadera independencia del Poder Judicial.” No obstante, advirtió que “con la iniciativa no se alcanza este fin, destacando que el compromiso es aún mayor; argumentando que la elección de jueces y magistrados le parece un despropósito”.
A manera de recordar las ideas y centrarlas en el problema del analisis de la elección, sin duda este es un tema en donde la controversia se agudiza y pierde la ruta del sentido profundo de la reforma que supone el acceso de la justicia y no el control del poder, que puede interpretarse como la sobreimposición de los jueces, lo que plantea el dilema de jueces con mucho poder o políticamente manejables, como lo expone Juan Antonio García Amado doctor en derecho por la Universidad de Oviedo en España que recientemente visitó México por invitación de la ministra Lenia Batres.
OFICIOS Y ACUERDOS
En opinión del también académico del IIJ, Jaime Cárdenas Gracia, el análisis y discusión sobre el tema no termina. Sino que recomienda que debe de continuarse. Para Jaime Cárdenas, resulta un suceso extraordinario el que se aspire el acercar al poder judicial a la gente y que sean las mayorías las que elijan a sus jueces.
Se nota entre las preocupaciones del maestro Cárdenas que “El tema central, lo representa la elección por voto ciudadano de ministros, magistrados y jueces, y sea además el del tribunal de disciplina judicial, esa institución que se propone será determinante para garantizar la independencia e imparcialidad judicial”.
En su intervención la profesora de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, María de los Ángeles Rojano Zavalza, volvió a la preocupación que en el análisis ha representado las características de los perfiles que deben de tener los impartidores de justicia. Estas preocupaciones van acompañadas de los criterios que contempla su formación y sus valores éticos, no se conciben juzgadores sin valores, sin ética y eficacia. Y acota, en una suerte de querer exorcizar el tema, advierte sobre las grietas que puedan permitir la intromisión de los partidos políticos y porque no, de las sombras que suelen acompañar los intereses del crimen organizado.
Al respecto, de las sugerencias de la profesora de la FES Aragón, Gabriela Limón García, los retos son: “fortalecer los sistemas judiciales de cada una de las entidades federativas, mientras que el derecho penal también debe ser un sistema judicial integral y considerar fiscalías, policías y el sistema penitenciario.”
Si bien su visión es integral y paradojicamente no encotramos en los medios de comunicación tanto escritos, electrónicos o digitales, si quedan faltantes, además de lo que representa el tema de la elección popular. Según su opinión “queda ausente resolver “el diseño del mecanismo para la elección popular y la creación de controles, a fin de no recibir recursos públicos ni privados para las campañas de quienes deseen contender en la elección de ministros, magistrados y jueces.”
Vale la pena reflexionar que las mesas de análisis reciclan la preocupación de los riesgos, como es el caso del profesor Isidro Mendoza García, de la FES Aragón, quien aborda el tema sobre la elección de los integrantes de la Suprema Corte mediante el voto popular, lo que introduce cuestionamientos, como los siguientes: “la politización del Poder Judicial: lo que significa en que estén más centrados en las cuestiones políticas que en las de decisión técnico-jurídicas trascendentales para el país; o estar sometidos a la presión política en la toma de decisiones, etcétera.” Esto no es un tema menor sino de una profunda reflexión.
ESTRADOS
El maestro Isidro comparte la interrogante: “Si se quiere un contacto con los diferentes sectores de la sociedad, ¿por qué seguimos centrando la facultad de proponer candidatos en el concepto clásico de los tres poderes, y no se abre a la academia y asociaciones, donde se podrían hacer propuestas de candidatos?”
Los universitarios han demostrado un gran interés en el análisis y debate sobre las reformas constitucionales relacionadas con el poder judicial, así lo muestra el académico Celso Escobar Salinas, profesor de la FES Acatlan quien expresó que la modernización del Estado mexicano requiere la transformación de la sociedad cuya naturaleza e intensidad de sus requerimientos hacia el aparato político se han modificado, “y la permanencia intolerable de rezagos surgidos de factores ancestrales que se han agravado en los últimos tiempos, como ocurre con el tema de la impartición de justicia”.
El maestro nos alertó: “hay que ser prudentes puesto que, si el Poder Judicial queda supeditado al Ejecutivo, como ocurrió en épocas pasadas, estaríamos ante un sistema autoritario que violentaría los derechos humanos y los principios esenciales de la democracia, como lo demuestran experiencia de estados contemporáneos de América Latina como Chile, Venezuela y Bolivia”.
No hay desperdicios en la discusión cuando se incorporan al análisis del tema, voces que buscan aportar alternativas como la de la directora del Instituto de Investigaciones Históricas, Elisa Speckman Guerra, quien sostuvo que “se debe tener en cuenta a la historia para el diseño de políticas y reformas legislativas. Las preocupaciones constitucionales y legislativas dependen de momentos previos, como fue la reacción de la Revolución al Porfiriato.”
La lectura y relectura de los foros promovidos por la UNAM aportan elementos para entender la dimension sobre la discusión de la reforma constitucional al poder judicial de la federación, también se brindan criterios para la construcción de las leyes secundarias.
El horizonte se abre para los ciudadanos de a pie que regresan a las ideas que le dan nacimiento a la Nación, se trata de un salto de doscientos años que nos llevan a respondernos sobre las razones sobre las que nos constituimos como nación republicana y federativa, de división de poderes que por los hechos hemos sido incapaces de asimilar sus elementos juridicos, esto se hace patente con el proceso de reforma constitucional del poder legislativo, sin dejar claro su garantismo en el acceso a la justicia y si evidenciar el riesgo de la concentración del poder.
Si bien el poder judicial necesita reformas, también cabe preguntarse si éstas son necesarias para el poder legislativo como tambien para el ejecutivo.
No obstante que no hemos perdido de vista nuestra vocación por la democracia, lo que se afirma con nuestra concurrencia a las urnas, práctica que parece no ir más allá de la convocatoria del voto debido a la exclusión y secuestro de lo político, con pretextos de formar mayorías y en su caso argumentar como mandato popular cuando lesionan al pacto social que hemos construido con nuestra constitución de 1917, y que da señales de una necesaria renovación en términos más incluyentes y participativos, para evitar su incautación partidaria.
En el nuevo abecedario político tenemos que tomar en cuenta que el voto va más allá de las urnas para convertise en un mandato para estar lo necesariamente informados, para no quedar excluidos de la construccion del México que deseamos.